Allí está
el dilema, como diría nuestro amigo Cantinfla, y esto también lo debe
estar recordando el primer paraco de nuestro hermano país. De allí
que “fundamentándose” en el la Ley 975 del 2005
(Ley de Justicia y Paz) y en su Articulo 61, donde se señala que “el
Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad
competente, para los efectos y en los términos de la presente ley,
la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa
a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitario..”,
Uribe ha lanzado una nueva propuesta para lograr el acuerdo humanitario
a través de la promulgación de un decreto ejecutivo Nº 880.
Para cualquier
lector desprevenido, esta decisión pudiera verse como un “gesto de
paz” del forajido para-presidente, quien “ajustándose” a su propio
ordenamiento jurídico comienza unilateralmente a desarrollar y aplicar
esta ley, que hasta ahora, sólo ha servido a los intereses de
su gobierno y a la conchupancia y libertinaje que le ha impuesto a los
colombianos, en sus contubernios con los criminales de guerra de los
distinto grupos paramilitares, que en los últimos años han impuesto
el terror en casi todo el territorio neogranadino.
A decir verdades, esta decisión obedece más a las desastrosas consecuencias que le ha producido la masacre del Putumayo, al clamor mundial por un acuerdo humanitario y particularmente a la presión ejercida por el mismo pueblo colombiano.
El señor Uribe por boca de su alto comisionado para la paz, Luís Carlos Restrepo, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a excarcelar a los guerrilleros de las FARC - EP, a cambio de la liberación de la ex candidata presidencial.
Ahora bien,
más allá de este “simple” canje, debemos resaltar que con esta
propuesta, por primera vez el asesino que reside en la casa de Nariño,
entrega uno de sus inamovibles, cuando anuncia que en la fórmula planteada
por su gobierno para conseguir la liberación de los secuestrados, no
pondrá condiciones en el límite de guerrilleros que saldrían de las
cárceles, tampoco importará la pena que ellos estén pagando, ni el
tipo de delito por los que fueron condenados. Es decir, que no se tomará
en cuenta, si los delitos cometidos por los guerrilleros objeto del
canje son por rebelión, delitos comunes o de “lesa humanidad”.
Es indudable que ya comienza a verse los resultados de las políticas integracionistas y de paz, impulsadas fundamentalmente, por los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Daniel Ortega, Evo Morales, Luís Correa y Cristina Fernández de Kirchner.
El señor George W Bush y su lacayo principal han sufrido un serio revés, y mientras tanto, aunque no se hable del despeje de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, uno de los inamovibles de las fuerzas insurgentes; es indudable que la pelota está en el terreno de Maralunda, y Uribe sabe que si su decreto 880 fracasa, él y su gobierno revientan.
