Cuando los primeros países que firmaron TLC con Estados Unidos vienen de regreso, como México, por ejemplo, en donde crece el descontento y se presiona al gobierno para que emprenda una renegociación, Colombia lucha por entrar a la corriente de los TLC, como dicen por acá en estos lares “a la hora de la capada”.
No cabe duda que Stiglitz, premio Nobel de Economía, sabe más de economía que el presidente Uribe. Por eso, aunque Uribe sea “My Presidente”, me convencen más los argumentos de Stiglitz sobre los TLC impulsados por Estados Unidos para imponerle al mundo, especialmente a su “Patio Trasero”, una visión comercial muy a su medida y particular conveniencia en todos los campos: industrial, comercial, científico, ambiental y ecológico y muy especialmente el político porque, óigase bien, los TLC son esencialmente instrumentos de penetración ideológica del Imperio que herramientas de carácter comercial.
Cuando Uribe y su séquito doblan rodillas en Washington implorando al Congreso estadounidense que “por amor a Dios” nos ratifique el TLC porque, si no, vamos a perder el tiquete al mejor de los mundos posible, Mr. Stiglitz afirma que el Imperio sólo busca fortalecer su proyecto económico y político. (…) “Por lo tanto, no existe negociación en los tratados de libre comercio, sino una imposición de contratos elaborados de manera unilateral”.
¿Dígame alguien cuál condición de las muchas que debe tener ese mamotreto ha sido impuesta por Colombia a contraprestación de las muchas, esas sí suficientemente conocidas, que ha impuesto Estados Unidos? ¿Estaría dispuesto el Imperio a suscribir un TLC con Colombia, o con cualquier otro país del mundo, que le obligara a eliminar los multimillonarios subsidios que le asigna anualmente a su propia agricultura? ¿O sería capaz de desprenderse de su esclavizante imposición de marcas y patentes, por demás letal a millones de pobres que no tienen acceso a los altos precios de medicamentos que monopolizan los laboratorios multinacionales?
Como reza la sentencia judicial “Dígalo ahora o calle para siempre”. Cualquier persona que quiera discutir honestamente la mutua conveniencia de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y su país, empiece por encontrar alguna cláusula en donde el Imperio se desprenda siquiera de tenue ventaja comercial a favor de su contraparte.
Ahora que por estos lares colombianos se agita el tema de traición a la patria, y como según la particular teoría de los abyectos al Imperio, traición a la patria podría ser estar de acuerdo con Stiglitz en contra de Uribe, nos dimos a la tarea de buscar en el Código Penal qué era eso, y encontramos ocho causales de configuración de ese delito, entre otras, ésta que nos resulta bien pertinente a la hora de juzgar esa expresión de “cueste lo que cueste” que alguna vez pronunció el presidente Uribe cuando en términos desafiantes a la sociedad le notificó que iba a firmar por encima de quien se opusiera el TLC con E.U:
* El tercer cargo que puede configurar traición a la patria se encuentra establecido para la persona que encargada de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otros países o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República.
Algunos ahora en Colombia baten palmas porque los demócratas se han atravesado a la ratificación por el Congreso estadounidense del TLC que hace año y medio ratificó nuestro subjúdice Congreso a la topa tolondra.
También me complace que los demócratas hayan frenado el TLC. Pero siento que es de momento. Cuando las aguas políticas de la presente campaña presidencial estadounidense hayan vuelto a su cauce, los demócratas retomarán el asunto del TLC, y probablemente con alguna barnizada superficial, lo ratifiquen en el Congreso porque en eso de imponer su particular visión al mundo, tanto burros como elefantes abrevan en la misma acequia.
Resulta así apenas obvio que si no tumbamos el régimen neoliberal que nos domina, tengamos TLC ahora o más adelante porque, entre otras cosas, la soga al cuello nos la echamos nosotros mismos al tener ya firmado y ratificado el convenio y, por demás, declarado exequible por la Corte Constitucional.
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