La propuesta del gobierno peruano de modificar nuevamente la decisión 486 de la Comunidad Andina, con el fin de flexibilizar la normativa de propiedad industrial comunitaria, para satisfacer las demandas de la Unión Europea en el contexto de las negociaciones que se adelantan para la firma de un TLC y adecuarse al TLC firmado con USA, sin duda, es una estocada mortal al ya agonizante proyecto integracionista. Como era de esperarse, esa iniciativa está siendo acompañada por el Presidente Uribe, paladín del ALCA y de los intereses del imperio en la región. Sin embargo, la negativa de Bolivia de aceptar esa nueva ofensiva de la alianza oligárquica colombo-peruana, amenaza con aguarle la fiesta al gran capital transnacional, el cual tras bastidores espera impaciente que sus “fichas” en la región produzcan los “frutos” anhelados. Estos no son otros, que el debilitamiento y en última instancia, la destrucción del proyecto de la UNASUR, y en esa misma dirección, la liquidación de la CAN y del MERCOSUR, con vista al establecimiento del ALCA y en general, del modelo neoliberal de libre comercio propulsado desde la OMC por los países capitalistas desarrollados y de manera muy activa por USA y la UE.
Cláusula Democrática en la CAN
La contrapropuesta boliviana de llamar a referéndum a los pueblos andinos para que se pronuncien sobre las modificaciones a la normativa de la CAN sugerida por Perú, es un salto adelante que permitiría replantear el proyecto de integración subregional sobre bases realmente democráticas y participativas. Quizá, en este contexto sería oportuno retomar la iniciativa que impulsó por Venezuela en 1999, al inicio del primer período del Presidente Hugo Chávez, actuando en aquella oportunidad en su carácter de estado miembro, de establecer en el tratado fundamental de la CAN una cláusula democrática, con el propósito de someter a la consulta popular los asuntos y decisiones transcendentales previamente a su entrada en vigor, luego de haber sido aprobada y promovida por los organismos gubernamentales comunitarios. Dicha propuesta nació de la convicción de que el relanzamiento de la CAN pasa por sacar del escenario “técnico-burocrático” de la CAN, caracterizado por estar de espaldas a los pueblos, la toma de decisiones trascendentes, por tener éstas carácter supranacional al pasar automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico interno de los países miembros.
¿Qué hay detrás de la propuesta peruana?
Pero, ¿qué hay detrás de la propuesta de cambio de la normativa sobre propiedad industrial (decisión 486) que propone la cancillería peruana? No otra cosa que la renuncia a construir un proyecto de desarrollo comunitario que les permitiría a los países de la subregión, superar su condición de exportadores netos de materias primas bajo un modelo capitalista atrasado y dependiente. Bien sabemos, que los países que en el siglo XX lograron migrar hacia mayores niveles de soberanía productiva, lo hicieron precisamente a partir de una política de desarrollo tecnológico basado en la “innovación incremental”, la cual se basa en tomar como punto de partida los conocimientos y la tecnología existente, para llevar a cabo un proceso de innovación incesante y progresivo que a la postre permite construir una capacidad de generación de tecnología endógena autónoma, mediante la aplicación entre otras cosas de la llamada “ingeniería de reverso”, orientada ésta última a reconstruir o desandar el proceso de elaboración de los productos o bienes. Los “tigres asiáticos” y Japón siguieron esa ruta y más recientemente, China, Irán, India y Vietnam han logrado alcanzar niveles importantes de desarrollo industrial sostenible con el mismo modelo.
Un ejemplo que evidencia lo nefasto de la propuesta peruana es el impacto negativo que ésta tendría en la industria de los fármacos y agroquímicos manejada por un puñado de grandes corporaciones transnacionales, cuyas patentes según la normativa de la OMC y también de la CAN, tienen una vigencia máxima de 20 años. Al vencer ese lapso queda liberado totalmente el acceso a los conocimientos y a los diseños de los procedimientos de fabricación, de manera que éstos podrían ser aprovechados por empresas locales para desarrollar la producción de genéricos mediante un proceso de innovación progresivo. Esto último además de permitir el abaratamiento del costo de estos insumos con el consiguiente impacto en el mejoramiento de la salud y en la reducción de los costos de producción agrícola respectivamente, permite diversificar la producción de los mismos, reduciendo la dependencia y el monopolio en áreas estratégicas sensibles desde el punto de vista de la soberanía nacional. Lo que pretenden los gobiernos de Perú y Colombia para ajustarse a los TLC con USA y la UE es “liberar” a los países de la CAN, o sea a ellos mismos, para que puedan hacer las modificaciones en su legislación interna, que le permitan por ejemplo elevar el tiempo de vigencia de la patente a 30 años o más o, exigirle a las empresas nacionales un período de pruebas en laboratorio de 10 años o más, haciendo caso omiso de las pruebas que ya le fueron efectuadas en el período de vigencia de la patente. También se plantea introducir especificaciones adicionales que limitan la divulgación de una invención, compensar a las transnacionales por retrasos en el otorgamiento de una patente, eliminar la obligatoriedad de registrar los contratos de licencia de uso de marcas, dar mayor protección a las marcas frente a las denominaciones de origen, establecer un régimen de mayor control de la propiedad intelectual en la frontera que se extendería a los transportistas entre otras “perlitas”. Todos esos artilugios leguleyos lo que obviamente persiguen es retardar al máximo el acceso de las empresas nacionales a la tecnología y en la producción de dichos insumos o su lanzamiento al mercado, todo ello con el propósito de impedir el desarrollo de empresas industriales de capital nacional que podrían eventualmente competir con las transnacionales en el mercado interno. Este esquema de cambios sería de uso general en todas las ramas industriales con el propósito de eliminar completamente las protecciones y estímulos al desarrollo de la industria nacional y, con ello salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Por otra parte, al eliminar de esta manera la norma comunitaria, se estaría rompiendo los vínculos jurídicos que sustentan la CAN, perforando el derecho comunitario que la constituye, terminando de liquidarla completamente.
La decisión 486 además, excluye la posibilidad de patentar seres vivos, procesos biológicos o material genético, métodos terapéuticos o quirúrgicos o aquellas invenciones que deban impedirse para proteger el orden público, la moral, la salud, la vida y el medio ambiente. Esta disposición jurídica andina deja a salvo el derecho de los países andino a reservarse el uso y protección de los principios biogenéticos presente en sus ecosistemas biodiversos, de los conocimientos ancestratales de sus pueblos originarios y asimismo, garantizarse el acceso al conocimiento tecnológico y científico vinculado al orden público, la moral, la salud, la vida y el medio ambiente, nada más y nada menos.
Uribe y Alan García marionetas del imperio
El Presidente Hugo Chávez, con mucha claridad y firmeza, ante la inminencia de la entrada en vigencia de los TLC de Perú y Colombia con USA, decidió la salida de Venezuela de la CAN, rechazando de plano el cambio de la decisión 486 de marras por las razones señaladas aún plenamente vigentes. Es incompatible el proceso de integración andino con la existencia de tratados de libre comercio de corte neoliberal, basados en el “darwinismo económico”, con los grandes bloques del poder económico mundial, sin considerar el desarrollo desigual y las grandes asimetrías existente y lo más importante, sin haberse consolidado realmente como grupo regional con un mercado interno integrado. Históricamente el comercio interregional apenas ha oscilado entre 6% y el 10 %, mientras que con el resto del mundo ha llegado hasta el 92 %. Por lo tanto, lo que en el fondo buscan Alan García y Uribe, como voceros de sus respectivas oligarquías locales y actuando como marionetas imperiales, es terminar de dinamitar la CAN para arrastrar a Ecuador y Perú al TLC con la UE siguiendo la “hoja de ruta” que le trazó el “tío Bush” hacia la construcción del ALCA. Detrás de esta “inocente” iniciativa está la mano peluda del imperio para golpear el ALBA como proyecto alternativo al ALCA y la consolidación de la UNASUR.
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