En América Latina, si exceptuamos a Cuba, podemos señalar tres grandes
categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha,
aliados de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y
ocupan una posición estratégica: son los de Álvaro Uribe en Colombia, Alan
García en Perú y Felipe Calderón en México.
En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan a
cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional
en sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de
Cristina Fernandez Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos
que hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital,
maquillada con algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un
poco la píldora neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo en
Brasil, las familias pobres reciben un poco de ayuda del gobierno, lo que
le asegura el apoyo popular en las regiones más pobres del país.
Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con Washington,
especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con
Estados Unidos. Chile firmó uno y Lula, en Brasil, también busca un
acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos políticos. Pero al
mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión entre el gobierno
de Lula y Estados Unidos. Dichas divergencias se refieren a la defensa de
los intereses de la burguesía brasileña que conciernen a la agricultura y
a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a la
exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos.
En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y
Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores
de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una
cuarta categoría.
La importancia de las movilizaciones populares…
En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela,
Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la
política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones
populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes
de la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las
grandes movilizaciones de la población. En Bolivia surgieron importantes
luchas contra la privatización del agua en abril de 2000 y a finales de
2004. Las movilizaciones relacionadas con el gas, en octubre de 2003,
derrocaron e hicieron huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada. Venezuela, desde 1989, ha conocido las importantes
movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo
Monetario Internacional, que se desarrollaron a escala planetaria en los
años noventa. Pero fueron todavía más espectaculares las enormes
movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones
espontáneas de protesta contra el golpe de Estado para derrocar a Hugo
Chávez. Estas movilizaciones consiguieron, directamente, el regreso de
Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores el 13 de abril de 2002.
Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la
existencia y supervivencia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
… y de la adopción democrática de nuevas constituciones
El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 en
Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se adoptó por
referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una Asamblea
Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en vigor, ha
garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a la mayoría de
la población venezolana. Además, la propia Constitución, estableció un
mecanismo democrático que permite revocar, a media legislatura, a los
cargos elegidos a todos los niveles (incluido el presidente de la
República). La adopción de una nueva Constitución en Venezuela,
posteriormente inspiró a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Bolivia
adoptó una nueva Constitución en 2007, y en Ecuador una Asamblea
Constituyente, elegida en septiembre de 2007, está redactando un proyecto
de nueva Constitución que se someterá a referéndum en septiembre de 2008.
¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos democráticos
que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se han
silenciado sistemáticamente en los medios de comunicación de los países
más industrializados y otros, sino que además dichos medios han orquestado
una campaña constante de injurias con el fin de presentar a los jefes de
Estado de los tres países como repulsivos dirigentes populistas y
autoritarios.
Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la adopción
de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y
las fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la
situación de Europa, con la ausencia de un procedimiento democrático para
la aprobación del Tratado constitucional. Por supuesto, las experiencias
en curso en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y
límites importantes que hay que analizar. En Ecuador, el proceso de
reforma en curso moviliza amplios sectores sociales. Se eligió al actual
presidente, Rafael Correa, a finales de 2006, por una gran mayoría, sin
que tuviera un partido político o parlamentarios detrás de él. A pesar de
la fuerte oposición de la derecha y de todos los medios de comunicación
-en Ecuador no hay ningún canal público estatal de televisión y radio-,
Correa ganó el referéndum para convocar una Asamblea Constituyente con el
82% de los votos. El movimiento político que Correa ha construido sobre la
marcha en el transcurso de 2007 consiguió más de un 70% de los votos en
las elecciones para la Asamblea Constituyente. Si añadimos a sus aliados,
se beneficia de una mayoría de más del 80%.
En la actualidad, en Ecuador, hay una Asamblea Constituyente a la que los
movimientos sociales están invitados de forma permanente, con el fin de
tener mejor en cuenta sus propuestas. De esta forma, la nueva Constitución
puede ser elaborada por una amplia mayoría de la población. Por lo tanto
es un proceso muy abierto y muy interesante. Conoceremos el resultado
definitivo a finales de julio, cuando la Asamblea Constituyente haya
adoptado el proyecto de la nueva Constitución para someterlo a
continuación a referéndum, a finales de septiembre. Es probable que el
texto que se presente al sufragio sea criticable en diversos aspectos (la
ausencia del derecho al aborto o la ausencia de la prohibición de los
OGM).
En Bolivia, el proceso de revisión se lleva a cabo en un medio mucho más
conflictivo. El partido de Evo Morales, el MAS, ganó claramente la mayoría
simple en el parlamento (55%), pero no tiene la mayoría absoluta de los
dos tercios. Eso complica la situación. Finalmente, la nueva Constitución
se adoptó en diciembre de 2007 a pesar de las obstrucciones, a veces
violentas, de la derecha y las clases dominantes. En consecuencia, la
situación está polarizada en extremo debido a una movilización muy
agresiva del sector reaccionario. La derecha entró en acción con una
campaña racista y la amenaza de una separación territorial de la parte
occidental del país, donde domina la situación. Esta revuelta reaccionaria
ha conseguido frenar, hasta ahora, la celebración del referéndum sobre la
nueva Constitución.
Vuelta al control público de las riquezas naturales
Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador
tomaron medidas para reforzar el sector público y obtener el control de
los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran
compañía petrolera PDVSA que, aunque era pública, favorecía los intereses
privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una
batalla muy dura. La clase capitalista organizó un golpe de Estado en
abril de 2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de
2002 y enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en
los primeros meses de 2003, pero finalmente el gobierno recuperó el
control de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El año
pasado, el Estado venezolano también ha conseguido el control de un
importante campo de petróleo, la falla del Orinoco. En Venezuela, el
Estado produce dos tercios del petróleo, y un tercio las grandes compañías
petroleras. Pero actualmente el petróleo se explota en el marco de nuevos
contratos negociados en los que el Estado recauda más rentas que antes.
Hay que añadir otras nacionalizaciones: la producción y distribución
eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la siderurgia (SIDOR, que
cuenta con 15.000 trabajadores), el sector del cemento y algunas empresas
de producción alimentaria. Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a
entregar la tierra a quienes la trabajan.
Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006. Evo
Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las
multinacionales siguen estando activas ya que son ellas las que extraen el
petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las riquezas
naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan el
petróleo y el gas. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre
Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía
petrolera pública para extraer y refinar el petróleo y el gas. Bolivia no
tiene refinería; las que tiene Ecuador son insuficientes. Bolivia y
Ecuador exportan petróleo e importan combustible y otros productos
refinados. De ahí, también en esto, la importancia de acuerdos
estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia para reforzar la autonomía
de los dos últimos.
Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda
categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), es una política
determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar
pura y simplemente estas medidas, pero es totalmente necesario promover la
creación de puestos de trabajo, subir fuertemente los salarios y
garantizar más derechos sociales y económicos para los asalariados,
campesinos, artesanos, comerciantes, pensionistas y otros subsidiados
sociales. Venezuela y Bolivia han avanzado en esta dirección pero todavía
queda mucho que hacer.
Ecuador: ¿Suspenderá Correa el pago de una parte de la deuda?
Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda
pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría
integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Es una comisión
compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de Ecuador,
seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la deuda
del Tercer Mundo (formo parte de la Comisión como representante del CADTM)
y cuatro representantes del Estado (el ministerio de Hacienda, el Tribunal
de Cuentas, la Comisión anticorrupción y la fiscalía general). Lo que es
interesante, es que aquí no se habla de representantes de la sociedad
civil (que incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de
delegados de los movimientos sociales como el movimiento indígena (CONAIE)
y otros movimientos sociales radicales de Ecuador. La idea de Correa y un
sector de su gobierno es evitar el reembolso de una gran parte de la deuda
pública.
Si Correa consigue su propósito, eso significaría un enfrentamiento
directo con su propia burguesía nacional, porque es la burguesía
ecuatoriana quien saca el mayor provecho del reembolso del lastre de la
deuda pública. Significaría también un enfrentamiento con los mercados
financieros internacionales y con el Banco Mundial. La derecha del
gobierno y los grandes grupos financieros, sin contar el Banco Mundial y
las capitales de los países más industrializados, ejercen una fuerte
presión para convencer al gobierno de Correa de que no haga nada. Éste
deberá tomar una decisión a mediados de julio de 2008, cuando la CAIC
entregue su informe. No hay nada seguro y cabe la posibilidad de que
Correa decida evitar el enfrentamiento.
La estrategia de Estados Unidos y los capitalistas locales: enfrentamiento
y separación
La estrategia de Estados Unidos y de la clase capitalista local se orienta
claramente hacia el enfrentamiento: el golpe de Estado contra Chávez en
2002, el cierre patronal de diciembre de 2002 y enero de 2003 o las
campañas de los medios de comunicación en Bolivia, Ecuador y Venezuela
contra el gobierno.
Pero el asunto fundamental es una nueva estrategia de división del país.
La clase capitalista de Bolivia organiza la escisión de la parte
occidental del país. La que los medios de comunicación denominan «la media
luna», con Santa Cruz como principal centro económico. Los grandes
latifundistas y los dueños de las empresas de exportación (en particular
de soja transgénica) incitan a la población a declarar la independencia
frente al Estado nacional. Habitualmente recurren a actuaciones racistas.
Hay que afirmar sin ambages que la población de esta rica región no
constituye una nación que tendría derecho a la autodeterminación. El
gobierno responde a la derecha que está dispuesto a conceder más autonomía
a las regiones pero no la separación, y en este caso tiene razón.
En Ecuador, el centro económico se encuentra en Guayaquil, en la costa del
Pacífico, mientras que Quito -que también es muy importante
económicamente- es la capital política, situada a 2.800 metros de altitud
en la cordillera de los Andes. La clase capitalista de Guayaquil quiere
declarar su independencia bajo la dirección de su alcalde derechista.
En Venezuela, el gobernador del Estado occidental de Zulia (que tiene una
frontera con Colombia) blande la amenaza de una separación. Todo esto
constituye, sin ninguna duda, una premeditada estrategia continental de
Washington, que intenta apoyar a la burguesía capitalista local en un
proceso de escisión de los países que viven experiencias de izquierda.
Esto nos recuerda la política de Bélgica, Estados Unidos y otras potencias
con respecto a la provincia de Katanga, en la República Democrática del
Congo. Recordemos que las capitales occidentales apoyaron el separatismo
de Katanga contra el Primer Ministro Patrice Lumumba. Cuando el dictador
pro occidental Mobutu tomó el poder (después del asesinato de Lumumba a
quien llevaron por la fuerza a Katanga y lo entregaron a sus peores
enemigos), las grandes potencias dejaron de apoyar a los separatistas… Me
parece un asunto importante, porque algunos en la izquierda consideran
estas divisiones de los países como una expresión irrefutable del derecho
de los pueblos a la autodeterminación. En el caso de Bolivia, es
claramente la reacción de la burguesía capitalista local contra los
derechos de la mayoría india de la nación. Por si fuera poco, generalmente
utilizan un lenguaje racista y reaccionario. El alcalde de Santa Cruz,
Percy Fernández, declaró el 9 de diciembre de 2007 comentando la adopción
del proyecto de la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente que:
«¡En este país, pronto será necesario pintarse y ponerse las plumas para
existir!». Desde entonces, sus partidarios organizaron agresiones contra
los indios quienes constituyen, hay que recordarlo, la mayoría de la
población del país y son víctimas, desde hace más de cinco siglos, de la
dominación de Europa y sus descendientes.
La estrategia de Washington y ciertas capitales europeas incluye todavía
otro aspecto. El conflicto entre la multinacional ExxonMobil y la compañía
petrolera estatal de Venezuela PDVSA, el desacuerdo entre Occidental
Petroleum de Estados Unidos y PetroEcuador, una empresa pública de
Ecuador, el desacuerdo entre Telecom Italia y Bolivia, etcétera. Las
grandes multinacionales (sin olvidar Petrobras, de Brasil) se oponen a las
decisiones de los tres gobiernos de izquierda de restaurar el control
público sobre las riquezas naturales. Dichas multinacionales utilizan el
tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los desacuerdos que
conciernen a las inversiones. También recurren a los tribunales de
comercio, como el de Londres, Amsterdam o Nueva York. Existe el riesgo de
que en los próximos meses estalle un conflicto relativo a un contrato
entre dos gobiernos latinoamericanos: el presidente electo de Paraguay,
Fernando Lugo, que asumirá sus funciones en agosto de 2008, declaró que
revisará el contrato leonino impuesto por Brasil a su país en la época en
que ambos vivían bajo dictaduras militares (el contrato de Itaipú, que se
remonta a 1973). Efectivamente, mientras que el precio de la energía sube
fuertemente, Brasil paga un precio ridículo por la electricidad que se
produce en Paraguay. Paraguay y Brasil tienen pesos económicos totalmente
diferentes y Paraguay tiene toda la razón para exigir la revisión del
contrato o su derogación. Este tipo de situaciones conflictivas demuestra
la necesidad de los países de América Latina de salir del CIADI, como hizo
Bolivia, y crear un organismo latinoamericano para resolver los litigios
que surgen entre los Estados y las multinacionales (del norte o del sur) o
que enfrentan a los Estados latinoamericanos entre ellos. Por supuesto, en
este último caso, hay que buscar primero un acuerdo bilateral antes de
recurrir a un organismo multilateral.
Los tratados de comercio entre los pueblos
En oposición a los tratados de libre comercio que firman algunos países de
América Latina con Estados Unidos o la Unión Europea, merecen destacarse
los nuevos acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Venezuela,
Bolivia y Cuba. Hay que citar, por ejemplo, los 20.000 médicos cubanos que
van a trabajar voluntariamente en Venezuela para proporcionar medicina
gratuita, prioritariamente en los barrios pobres, o las 40.000 operaciones
de cataratas u otros problemas oftalmológicos, de las que se beneficiaron
gratuitamente los ciudadanos venezolanos en hospitales cubanos. A cambio,
principalmente en forma de trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba.
El mismo tipo de acuerdos se aplica entre Venezuela y Bolivia.
En conclusión, las experiencias que se llevan a cabo en estos países son
muy diferentes de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la
mayoría de los medios de comunicación. Los procesos en curso son complejos
y a veces contradictorios, los retrocesos son posibles, incluso probables;
quizás los gobiernos no puedan llegar lo suficientemente lejos en las
transformaciones políticas y sociales a favor del pueblo. La
desestabilización orquestada por las clases dominantes locales y
Washington puede ralentizar el proceso en curso. Con la agresión de
Colombia a Ecuador en marzo de 2002, está claro que Bogotá y Washington
están dispuestas a utilizar el arma de la guerra contra los regímenes de
Quito y Caracas.
Uno de los aspectos destacados que no hemos podido analizar en este
artículo es la debilidad del control de los productores sobre el conjunto
del proceso de producción (lo que se llama, en la tradición del movimiento
de los trabajadores, el control obrero y la autogestión).
Original en francés: http://www.cadtm.org/spip.php?article3476
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su
integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.
Traducido por Caty R.
