El 23 de junio de 2008, después de ásperas discusiones, la Unión Europea decidió eliminar definitivamente las sanciones políticas y diplomáticas contra Cuba, en vigor desde 2003 y suspendidas desde 2005. Impuestas a La Habana tras las presiones que ejerció Washington, esas sanciones se justificaban oficialmente a causa de la «situación de los derechos humanos». En realidad, la Unión Europea (UE) estaba particularmente preocupada por el sistema político, económico y social de la nación caribeña y se alineó dócilmente con la posición de injerencia estadounidense. Al adoptar esta nueva decisión, racional y constructiva, la Europa de los 27 se ha desmarcado de la política obsesiva y anacrónica de Estados Unidos y ha demostrado, por primera vez desde 1996, su independencia con respecto a Washington en sus relaciones con Cuba (1).

Los debates fueron tumultuosos, especialmente por las posiciones de Suecia, Países Bajos y sobre todo la República Checa, todos favorables a seguir alineados con la postura de Washington y a mantener las sanciones contra Cuba. Aislados por las demás naciones de la UE, finalmente aceptaron seguir a la mayoría con la condición de que la situación se revise todos los años (2). Desgraciadamente, Europa reafirmó su «compromiso renovado» (3) con la Posición Común de 1996 elaborada por Washington, discriminatoria e inicua, que empaña la decisión de cancelar las sanciones (4).

Las sanciones de 2003, que obligaban a las naciones europeas a limitar las visitas gubernamentales bilaterales, reducir la participación de los Estados europeos en los eventos culturales cubanos e invitar a los disidentes a las celebraciones de las fiestas nacionales en las embajadas, se caracterizaron sobre todo por su carácter al mismo tiempo ilegal y contraproducente.

En efecto, basta con echar un vistazo al informe de Amnistía Internacional (AI) de 2008 para darse cuenta de que Cuba presenta una de las situaciones de los derechos humanos menos graves del continente americano, a pesar de que la organización denuncia algunas violaciones. No obstante, Cuba es el único país del continente americano que es víctima de tales sanciones por parte de Bruselas. Así, esta contradicción confirma el carácter arbitrario del tratamiento reservado para La Habana (5).

Por otra parte, las sanciones resultaron inútiles, pues Cuba no es sensible al lenguaje de la fuerza y la amenaza, como ha demostrado con el rechazo del gobierno cubano a plegarse a las exigencias de Washington desde hace medio siglo a pesar de la imposición de sanciones económicas inhumanas y obsoletas. Cuba no doblará el espinazo frente a Europa.

Los derechos humanos en la Unión Europea

Igualmente, basta con consultar el informe de AI de 2008 sobre la situación de los derechos humanos en la Europa de los 27 para concluir que Bruselas no tiene ninguna autoridad moral para erigirse en juez. En efecto, AI señala casos de torturas y malos tratos por parte las fuerzas de seguridad (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Eslovaquia), crímenes cometidos por las fuerzas del Estado (Alemania, Austria, España, Grecia, Italia, Rumania, Reino Unido), impunidad para los responsables de crímenes (España, Reino Unido), violaciones de los derechos fundamentales de los demandantes de asilo y refugiados (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, Eslovaquia) y colaboración en las desapariciones forzosas orquestadas por la CIA (Dinamarca, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido) (6).

AI también cita casos de exportación de armas a países donde persisten «graves atentados contra los derechos humanos» (Austria), falta de imparcialidad de la justicia (Bélgica), discriminación de las minorías (Bulgaria, Dinamarca, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia), falta de atención médica apropiada a los enfermos mentales (Bulgaria, Rumania), tratos inhumanos y degradantes a los detenidos (Estonia, Grecia, Irlanda, Malta), objetores de conciencia encarcelados (Finlandia), utilización por la justicia de confesiones conseguidas bajo la tortura (Francia), tráfico de seres humanos (Grecia, Reino Unido), violencias hacia las minorías sexuales (Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania), crímenes de guerra (Reino Unido), segregación racial (Eslovaquia), niños no escolarizados a causa de su origen étnico (Eslovaquia), esterilización forzosa de mujeres pertenecientes a minorías (Eslovaquia), expulsiones forzosas de personas procedentes de minorías (Eslovaquia) o personas excluidas ilegalmente del registro de residentes permanentes (Eslovenia) (7).

Ahora conviene que nos detengamos más precisamente en la situación de los derechos humanos en los Países Bajos, Suecia y la República Checa, que se pronunciaron contra el levantamiento de las sanciones.

Los Países Bajos

Según AI, la discriminación es una de las grandes pandemias que afectan al país. «Las autoridades locales no han adoptado medidas suficientes para luchar contra la discriminación». La organización internacional también subrayó «la persistencia del racismo en los Países Bajos». AI también acusa a Amsterdam de «crímenes de guerra». En efecto, «agentes de los servicios de inteligencia militar neerlandeses habrían torturado a detenidos en Iraq en 2003» (8).

Suecia

Con respecto a Suecia, AI señala que el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «concluyeron que las autoridades suecas eran responsables de múltiples violaciones de los derechos fundamentales» sufridas por dos hombres enviados a Egipto.

La organización también denunció «las expulsiones forzosas» de demandantes de asilo en Eritrea «a pesar de las recomendaciones hechas a todos los países por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas» (9).

República Checa

La República Checa presenta la peor situación de los derechos humanos de Europa. Según AI, «los gitanos seguían siendo víctimas de discriminación e intolerancia [...] particularmente en el campo de la vivienda, la educación, la salud y el trabajo». Un sondeo de opinión demostró que los prejuicios contra los gitanos eran numerosos. En efecto, el 90% de las personas consultadas estimaron que el hecho «de tener vecinos gitanos podía constituir un problema». El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó a las autoridades checas por no haber adoptado una ley contra la discriminación.

AI también denunció los «llamados al odio» que lanzó el dirigente demócrata cristiano Jiri Cunek, entonces viceprimer ministro del país y alcalde de la ciudad de Vsetín, «de donde varias familias gitanas fueron expulsadas en 2006». Cunek declaró que «para tener derecho a subvenciones del Estado, como los gitanos, los demás deberían teñirse la piel, no portarse cívicamente y encender hogueras en las plazas públicas, para que los responsables políticos los consideraran por fin como necesitados». La policía se negó a aceptar la denuncia que presentaron contra él varias asociaciones de derechos humanos.

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, y el relator especial de las Naciones Unidas para la vivienda digna, Miloon Kothari, publicaron una declaración común en la que acusaban la República Checa «de violar el derecho a la vivienda de la población gitana». También reprochaban a las autoridades que «alentaban el incremento de la intolerancia hacia los gitanos», subrayando que los poderes públicos tenían ahora «como política la de expulsar a los gitanos del centro de las ciudades para mandarlos a zonas alejadas de todo».

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas hizo partícipe de su preocupación con respecto a «la ausencia de prohibición clara, en la ley checa, de cualquier discriminación en materia de derecho a la vivienda». El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su parte, condenó «las expulsiones y el mantenimiento de auténticos ‘guetos’ gitanos».

La Gran Cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos pronunció un fallo en noviembre de 2007 confirmando «que la República Checa había dado pruebas de discriminación hacia los niños gitanos, ubicándolos en escuelas especiales para alumnos con problemas de aprendizaje, sólo por sus orígenes». El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señalaron que un «número desproporcionado de chicos gitanos seguían siendo separados de los otros niños, en clases diferentes establecidas en escuelas clásicas y aplicando un programa diferente al de las otras clases». El Comité de Derechos Humanos también mostró su preocupación respecto al «elevado número de niños gitanos separados de sus familias para internarlos en residencias de acogida».

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) declararon su preocupación con respecto a las «brutalidades y malos tratos cometidos por la policía, particularmente contra los gitanos y los menores».

El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial subrayaron «que cierto número de mujeres, la mayoría de origen gitano, habían sido esterilizadas sin su consentimiento». El Comité de Derechos Humanos también señaló que la asistencia a las personas que sufrían enfermedades mentales era «inhumana y degradante», y criticó que se sigan utilizando «camas-jaulas» en los hospitales psiquiátricos.

También según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Checa colaboró activamente en las desapariciones forzosas orquestadas por la CIA, subrayando que Washington utilizó los aeropuertos checos para ello, mientras que «esas personas corrían el riesgo de ser sometidas a tortura o malos tratos».

Por fin, AI apunta que República Checa es «el único país miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional» (10).

Legitimidad moral inexistente

Como es fácilmente verificable, ninguna nación europea dispone de autoridad moral para hablar de los derechos humanos en Cuba. En efecto, AI, que es una organización sumamente crítica con Cuba, jamás ha revelado hechos similares respecto a la Isla del Caribe. La inmensa mayoría de los países europeos presentan una situación peor que la de Cuba.

AI se muestra implacable con el Viejo continente:

«Desgraciadamente, hay que reconocer que Europa, tan propensa a presentarse como un modelo en materia de derechos humanos, sigue colocándose en el abismo que separa los discursos de la realidad, las normas de aplicación y los principios prácticos. Unos Estados que se habían adherido de manera resuelta a los compromisos adquiridos por las instituciones regionales han lanzado ataques igualmente determinados contra los derechos humanos. Han debilitado esos derechos, se han sustraído a sus obligaciones y no han demostrado la voluntad política necesaria para combatir los abusos más graves» (11).

La reacción de Washington

Washington, por su parte, lamentó, naturalmente, esta demostración de autonomía de la Unión Europea. En efecto, desde el mes de abril, la Casa Blanca no había dejado de hacer cabildeo en las capitales del Viejo continente con la esperanza de mantener las sanciones contra La Habana. El portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, comunicó el descontento de Estados Unidos al respecto.

La reacción de la oposición cubana

Los opositores cubanos, fieles a la línea promovida por Washington en tanto que se trata de su principal mecenas, también condenaron la decisión de la Unión Europea, lo que sólo demuestra la instrumentalización de la que son objetos. No es sorprendente, pues están completamente desconectados de cualquier base popular y dependen íntegramente del apoyo financiero y logístico de Estados Unidos (13).

La eliminación de la Posición Común de 1996 es imprescindible

Bruselas ha dado muestras de independencia eliminando las sanciones de 2003. Se trata de una decisión constructiva y racional. No obstante, es imprescindible que la UE elimine, sin esperar más, la Posición Común de 1996 que es injusta e ilegítima, que arroja una sombra sobre su credibilidad y que es un obstáculo para la normalización total de las relaciones con Cuba.

Revisado por Caty R.

Notas

(1) Agence France-Presse, «L’Union européenne lève officiellement ses sanctions contre Cuba», 24 de junio de 2008.

(2) EFE, «La República Checa insiste en mantener las ‘sanciones’», 10 de junio de 2008.

(3) El Nuevo Herald, «La UE levanta sanciones diplomáticas contra Cuba», 19 de junio de 2008.

(4) Salim Lamrani, Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’homme (Paris: Editions Estrella, 2008).

(5) Amnesty International, «Informe 2008».

(6) Ibid.

(7) Ibid.

(8) Ibid.

(9) Ibid.

(10) Ibid.

(11) Ibid., p. 49.

(12) El Nuevo Herald, «EEUU y disidentes cubanos contrariados por levantamiento de sanciones», 19 de junio de 2008.

(13) Agence France-Presse, «Levée des sanctions de l’UE contre Cuba: les dissidents déçus et inquiets», 20 de junio de 2008; Maite Rico, «La oposición teme quedar fuera del diálogo», El País, 21 de junio de 2008.

Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006). Acaba de publicar Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’homme (Paris: Editions Estrella, 2008).

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr

Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la fuente.