La guardia pretoriana que protege desde los tiempos de César Gaviria como ministro de Hacienda, y posteriormente como fortuito Presidente, el modelo neoliberal, ha saltado como jauría envenenada contra el presidente Uribe porque dijo en uno de esos proselitistas consejos comunales que “ninguna institución del país podía tomar decisiones sin oír al pueblo”.
La admonición del Presidente iba dirigida, como todos sabemos, contra el Banco de la República que determinó, dentro de la misma hermenéutica neoliberal, elevar las tasas de interés dizque para atacar la tendencia inflacionaria que registra el país, y que en los primeros seis meses del año se ha engullido la mezquina alza del salario mínimo que decretó el gobierno para la vigencia en curso.
Con toda la discrepancia que se pueda tener con el Presidente; incluso, con toda la repugnancia que se pueda sentir hacia el origen de su mandato y sobre su estilo gubernamental, uno, o al menos yo, debe admitir que en este caso específico, tiene toda la razón.
Si algo criticamos los ideólogos socialistas con profunda convicción, es el imperio de la tecnocracia que en el mundo neoliberal se ha impuesto por parte de unos teóricos que basados en textos de libro consideran que el mundo es plano y que lo que puede funcionar en un país desarrollado económicamente, con pesos y contrapesos más o menos establecidos, también debe funcionar en un país subdesarrollado, dominado por familias hegemónicas en lo económico y lo político.
Nada tan absurdo en la cacareada democracia como la entronización de una tecnocracia sin responsabilidad política porque su poder no lo deriva del pueblo, compuesta por unos sabiondos alquilados mental y económicamente al capitalismo salvaje, ese que adora el mercado y venera el interés particular por encima del bienestar general.
Tan férrea es su idolatría que han osado desafiar al ‘Papa’ del neoliberalismo en Colombia porque ha dicho una verdad, así quede mancillada en sus profanos labios: ninguna institución en un país democrático puede tomar decisiones sin oír al pueblo.
No podemos –no puedo- acusar primero de demagogo a Uribe (porque su admonición al emisor no pasa de ser una burda demagogia), sin hacer notar de la opinión popular que los perros que ladran a Uribe están azuzados por los organismos multilaterales que aupan teóricamente el neoliberalismo universal: FMI, Banco Mundial y CM, cabezas de playa, y por el poder financiero que ha sido puesto por ese mismo modelo por encima de todo interés divino o humano: así de simple.
Uno de esos mastines dice en su columna de El Tiempo que quedó “atónito” cuando oyó al presidente Uribe decir que ninguna institución del país podía tomar decisiones sin oír al pueblo; atónito, agregamos nosotros porque se refería al Banco de la República, y nada más.
Ese “atónito” pasó por alto otras decisiones tomadas por la institución más importante de todo país como es la Presidencia de la República “sin oír al pueblo”, que a mi y muchos otros nos han dejado atónitos, como la invasión a un país vecino para cobrar la cabeza de un guerrillero, el plagio de un símbolo internacional como la Cruz Roja y de un emblema periodístico que al menos en la suposición todavía creemos que representa neutralidad en la operación de rescate de Ingrid y cía, y más recientemente, la pena de muerte que libró con nombre propio contra unos delincuentes, cierto es, que integran lo que en el argot de la parapolítica en Colombia se conoce como “La oficina de Envigado”.
El hecho de que un mentiroso diga la verdad, puede que le reste mérito, pero no deja de ser verdad. Así, aunque haya sido dicho por Uribe, yo tengo que compartir que “ninguna institución del país puede tomar decisiones sin oír al pueblo”, y eso es lo que ha hecho desde el advenimiento del neoliberalismo en Colombia el pomposamente llamado “autónomo”, Banco de la República.
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