Las economías de los estados fronterizos con Colombia de Zulia y Táchira deben ser analizadas por una comisión gubernamental multidisciplinaria. Nuevos ricos, nuevos partidos políticos que incrementan su poder político de la noche a la mañana, contrataciones a través de entes públicos en las que no se culminan obras, sicariato por delimitación de tierras, sicariato sin razones aparentes, desconocimiento de la autoridad del gobierno nacional, sugieren que en Venezuela se adelanta un plan narcoparamilitar proveniente de Colombia. Peor aún, podemos inferir que desde el país ya existe una imitación del proceso involutivo colombiano. El Estado no puede permitir que en sus narices se construya una sociedad con los valores de narcoparamilitares. El proceso contra Manuel Rosales no puede quedar impune, pues significaría una licencia para imitar la parapolitica colombiana. El problema se agudiza, por cuanto el sicariato y demás delitos como el secuestro, van mermando la capacidad de defensa de la sociedad, hasta llegar a un escenario en que el Estado pierde control absoluto de la región. Es curioso que incluso el chavismo en dichos estados pareciera sumirse en una anarquía que impide su organización y su lucha contra la colombianización de las regiones.
Los 10 colombianos asesinados en territorio venezolano, es un caso grave que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Genera suspicacia que voceros del gobierno regional del Táchira denuncien con tanta seguridad al grupo guerrillero ELN, no porque dicho grupo sea incapaz de asesinar, sino porque no existe ninguna investigación o argumentación verosímil que permita creer en tan prematura acusación. Es una denuncia que viniendo de voceros de un ente gubernamental, se hace sospechosa por lo temeraria y sobre todo en el contexto en que se presenta, pues no ha transcurrido mucho tiempo del asesinato de un alcalde.
Quizás el Estado venezolano no está preparado para manejarse ante semejante fenómeno delictivo que involucra el narcotráfico, el paramilitarismo y la política, una mezcla tan volátil que podría tumbar cualquier gobierno desprevenido. Políticamente no se ha analizado porqué en el Zulia, hasta los “chavistas” más radicales votan por la oposición, quizás la respuesta es que se trata de un voto rentable. Todos ganan mucho dinero que proviene del narcotráfico. Se debe tener cuidado, porque la próxima fase puede ser el asesinato selectivo de los revolucionarios que denuncian tal fenómeno. De hecho, ya han asesinado decenas de dirigentes, pero si los asesinatos se dan contra personajes más conocidos, de mayor resonancia en la opinión pública, ello podría significar que se está perdiendo terreno ante la invasión imperialista, la cual se da a través del narcotráfico, el sicariato y la parapolítica.
El mayor peligro se presenta por la pasividad de entes gubernamentales ante el problema. La pasividad del Estado ante la ola de asesinatos, secuestros y fenómenos políticos muy parecidos a la parapolítica colombiana, hacen sospechar que existe un sector del gobierno nacional cómplice de esta situación. Urge la intervención de las policías en Zulia y Táchira, urge investigar la procedencia de dineros de nuevas empresas, urge intervenir las investigaciones de los asesinatos a dirigentes campesinos, urge investigar al sector ganadero de la zona e intervenir las gobernaciones, además de las alcaldías de oposición e incluso de la “revolución”, pues del fenómeno narcoparamilitar proveniente de Colombia, también se benefician sectores “revolucionarios”. Las bases de paz pueden ser un esfuerzo con rentabilidad política, pero será pura demagogia si no se enfrenta con contundencia el incremento del sicariato, el enriquecimiento ilícito y la parapolítica.
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