El texto firmado por la organización gremial que debería representar los intereses de todos los periodistas venezolanos, comienza con el siguiente enunciado basado en el artículo 43 del Código de Ética: “la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas ante la continua y descarnada difusión de mensajes de odio que se viene suscitando en los medios del Estado, en donde la descalificación, el etiquetaje de personas y medios con palabras obscenas, la invitación a leer textos que incitan al odio racial, y demás prácticas abusivas con respecto a la libertad de expresión, exige el cese inmediato de estas campañas destinadas a exacerbar la crispación política y el desprestigio de una parte de la sociedad venezolana, lo que contradice el principio democrático de la Constitución vigente”.
Las afirmaciones de este fragmento del comunicado evidencian la clara parcialización de la actual Junta Directiva Nacional del CNP con los intereses de la oposición venezolana y su más descarado cinismo y doble rasero a la hora de referirse al proceder de los diversos medios de comunicación social que hacen vida en el país, debido a que han sido durante los últimos 12 años diversos voceros mediáticos de medios privados quienes han hecho gala de conductas tendientes a instigar al odio, alimentar la polarización, difamar personas, promover la desobediencia a las leyes, el racismo, entre otros, en medio de la más insólita impunidad, lo cual ha tenido sus momentos de climax en eventos políticos deplorables como el golpe de estado del 11 de abril del 2002 y el paro sabotaje petrolero de diciembre del mismo año, con el saldo sangriento que todos conocemos y las cuantiosas pérdidas que tuvo la nación en esos aciagos días.
Los integrantes de la Junta Directiva Nacional del CNP, deberían recordar estos acontecimientos y hacer un breve recorrido por diversos espacios de “información y opinión” de medios privados tanto radiales como televisivos, para que efectivamente evidencien lo correspondiente a una campaña para contradecir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exacerbar la crispación política y desprestigiar a un importante sector de la sociedad venezolana y a sus dirigentes, que apoya al gobierno del presidente Hugo Chávez.
El comunicado fustiga algunos calificativos dados por Mario Silva en contra del director del diario “El Nacional”, Miguel Henrique Otero, los cuales si bien pueden resultar insultantes y pueden estar fuera de lugar, no implican ninguna violación a los derechos humanos como hace ver la Junta Directiva del CNP, mucho menos cuando esto se contrasta con cuñas de televisión diseñadas por canales como Globovisión, donde se valen de recursos bajos, como exaltar la marca de ropa o relojes usada por el presidente Chávez, para desprestigiar su imagen ante el pueblo humilde, donde está la mayoría de sus seguidores, ¿esto no es también una intromisión en la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de la persona tal y como lo prohíbe el artículo 60 de nuestra Carta Magna?, ¿en qué momento el CNP criticó esto?, entre muchos otros excesos contra ministros, funcionarios, dirigentes, entre otros.
La organización gremial presidida por la licenciada Silvia Alegrett cuestiona el carácter de no periodista del presentador de “La Hojilla”, pero vale destacar que en primer lugar, el artículo 3 de la Ley de Ejercicio del Periodismo califica como funciones propias del periodista las siguientes: “La búsqueda, la preparación y la redacción de noticias; la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como su coordinación en los medios de comunicación social impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas”.
Dada la naturaleza de “La Hojilla”, se puede establecer que es un programa no periodístico, sino más bien político y en el marco de ese tipo de debate es perfectamente válido cuestionar, desmentir y contradecir versiones periodísticas sobre diversos hechos de interés nacional que tengan que ver con el tema. Además, es muy pertinente destacar el silencio cómplice del CNP con opositores que ejercen ilegalmente el periodismo como el locutor Cesar Miguel Rondón, que tiene un espacio matutino a través del circuito Éxitos que transmite a nivel nacional, en el que entrevista, lee y comenta noticias, entre otras funciones propias del periodista profesional y el político socialcristiano, Leopoldo Castillo, quien no es periodista y es el conductor del conocido espacio televisivo de opinión, “Aló Ciudadano” que transmite Globovisión.
También llama la atención el silencio del CNP ante el ejercicio ilegal del periodismo por parte del político opositor, Ismael García, conductor de “Aló Venezuela”, también transmitido por Globovisión, entre muchos otros. Pareciera que el ejercicio ilegal del periodismo solo es cuestionable para el gremio cuando son chavistas los que incurren en esa presunta transgresión a la ley.
En otro orden de ideas, resulta curioso el enfoque que da la Junta Directiva Nacional del CNP al caso de la periodista de la Radio Nacional de Venezuela (RNV), Cristina González, sobre quien las instituciones representantes de la comunidad judía radicada en Venezuela derramaron las copas de su ira por el simple hecho de hacer mención en uno de sus programas de un libro denominado “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, texto que tiene casi un siglo de antigüedad que denuncia un supuesto plan “judeo masónico” para dominar al mundo.
Recomendar un libro, independientemente de que se esté o no de acuerdo con su contenido no es ningún delito, Venezuela es un país democrático y no existe un “index” de libros prohibidos y espero que nunca exista, por esa razón resulta tan absurda la presión hecha por la Confederación de Comunidades Israelitas de Venezuela, presidida por el multimillonario Salomón Cohen, para emprender “sanciones ejemplarizantes” contra esta comunicadora social, como la actitud del CNP que contradiciendo su principio de defender a toda costa la libertad de expresión, se suma a esta nueva suerte de inquisidores judíos en contra de una periodista que simplemente hizo referencia a un libro disponible por lo demás en cualquier librería o Internet. Nuevamente parece que para las autoridades gremiales, la libertad de expresión es un derecho exclusivo de los opositores.
En conclusión, la Junta Directiva del CNP sigue el derrotero que ha tenido en los últimos años, convertirse en un simple apéndice de la oposición venezolana y hacer gala de posturas que solo contribuyen a perjudicar aun más su maltrecha credibilidad y dar la espalda a los verdaderos intereses de los periodistas venezolanos, quienes más que politiquería barata exigen que se emprendan verdaderas luchas gremiales por el acceso al empleo, por salarios acordes con las necesidades de los profesionales de la comunicación social, por seguridad social, contra los abusos de los empleadores en contra de los periodistas, entre otros.
Lamentablemente está claro que estas no son las prioridades de la señora Alegrett y la Junta Directiva Nacional del CNP, razón por la cual la credibilidad de esta institución seguirá en franca caída, debido a su servilismo vergonzoso a los factores del poder económico y político que adversan al gobierno del presidente Chávez y de espaldas a los intereses de la mayoría de sus agremiados y de la nación venezolana.
Lcdo.
Periodista: CNP: 15.016
tuliocamacho.ve@gmail.com
