Una organización internacional de editores, célebre por sus ataques a todas las democracias modernas y participativas de Suramérica, en su LXDVIII, Asamblea, realizada en Sao Paulo, Brasil, el pasado martes 16 de octubre de 2012, sancionó una resolución en la cual exige al gobierno venezolano cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales.
En la misma resolución estos jueces planetario exigen también al presidente Hugo Chávez Frías, reelecto en aplastante victoria el 7 O, que debe derogar las leyes que en Venezuela atentan contra la libertad de prensa y expresión y contra los derechos humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que le cuadra mejor Sociedad Interamericana de Palangristas (SIP), también dijo estar preocupada por Venezuela, Ecuador y Argentina, porque son “ los países en América, más hostiles al, ejercicio del periodismo”.
En la resolución se acusa a Venezuela de perseguir policial, judicial y políticamente al presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga, procesado por la justicia venezolana, no precisamente por ejercicio del periodismo, sino por presuntos delitos comunes, que este ciudadano reconoció en las pantallas de la TV venezolana, al admitir que: Es cierto, nosotros puede que especulemos, pero damos empleo”. Patricia Poleo, supuestamente obligada a estar en el exilio, cuando la realidad es que anda huyendo de la justicia venezolana, que la reclama por su presunta participación en planes de conspiración para el magnicidio. Rafael Poleo, editor de El Nuevo País y la Revista Z, dos órganos impresos, a través de los cuales atacan, vilipendian y cometen toda clase de tropelías contra las instituciones venezolanas, especialmente contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la figura del presidente y hasta ahora, ambos circulan libremente. Acusan al gobierno de perseguir a los diarios El Nacional y La Prensa, de Barinas, porque están siendo procesados en un tribunal por presuntamente atentar contra la legislación venezolana y los intereses colectivos.
Arremete la SIP, también contra Cristina Fernández de Argentina, porque está persiguiendo al grupo Clarin, cuya figura principal, está siendo encausado por su presunta vinculación con las dictaduras militares argentinas y el robo de niños a las familias de las prisioneras embarazadas que eran ejecutadas en la Escuela de la Armada y otros centros de tortura, luego de dar a luz y sus hijos eran regalados a familiares de los verdugos. Igualmente contra Rafael Correa, claro, cometió el crimen en este caso el pueblo ecuatoriano de no permitir que lo mataran los sicarios del imperio amotinados en la Escuela Policía de Quito. Paradójicamente a la SIP, no le preocupa la situación cada vez más crítica de la libertad de prensa en Estados Unidos, donde a raíz del criminal show de las torres gemelas, montado por el gobierno de George W Bush, para justificar su asalto a Irán y Afganistan, se inició una escalada criminal contra este derecho, que tiene su climax en la Ley HR 347, sancionada por el presidente Barack Hussein Obama, en marzo de este año 2012, que criminaliza las protestas pacífica (Ocupy), puesta en boga por los indignados para repudiar las pillerías de la banca, en contra de la población del país y del mundo. La prensa norteamericana jamás informó sobre la acción criminal de la OTAN, que destruyó el sistema de agua potable en Libia, que alimentaba a más del 70 por ciento de la población. Tampoco dice nada sobre e régimen que permite a los militares detener de manera indefinida a cualquier ciudadano porque parezca sospechoso de terrorismo, ya sea por su color, origen, o por expresar opiniones a cerca de la situación del país y las guerras exteriores o simplemente criticar la lenidad, que cobija a los bancos para delinquir. La prensa norteamericana, tampoco habla de la esclavitud en las prisiones norteamericanas, en manos privada, donde los reclusos son obligados a trabajar por míseros salarios.
Pero claro, no se puede esperar menos de un club, que hasta no hace poco tiempo estuvo presidido, por un sujeto que fue jefe de prensa presidencial del dictador Boldaberry, que propició el cierre de diarios y la desaparición de periodistas.
Y actualmente presidida por Milthon Coleman, quien ha sido editor del Wáshington Post, presidente de la Sociedad Americana de Editores, cuyos intereses están muy distantes de los de Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolívia, Brasil, Uruguay, Argentina, Nicaragua y Cuba, que son “malos ejemplos” para el continente y el mundo, cuyos pueblos están despertando ante la clarinada bolivariana. Otros “amigos de Venezuela” en ese club de palangristas son Juan Luis Sebian, presidente del grupo editor de “El País” de España, y otros connotados “demócratas”, que están preocupados porque las dictaduras militares en el continente han desparecido y han soplado vientos de libertad y soberanía.
Por supuesto que la reacción de estos cipayos del imperio, es un pase de factura por la derrota de su títere El Majunche, que no pudo ganar a PDVSA, CANTV, Empresas básicas de Guayana y otros renglones para sus amos del norte.
Pero estamos de acuerdo y apoyamos a la SIP, el gobierno revolucionario del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, debe derogar y sustituir por otras leyes democráticas, las que permiten que en el país funcionen y circulen, laboratorios de guerra con el nombre de TV o radios y adefesios impresos con la fachada de periódicos y revistas. Ejemplo, Globovisión, al igual que las TV regionales y las cadenas radiofónicas que le sirven de repetidoras, en Estados Unidos, con la Ley HR347,es una organización criminal y sus operadores estarían hace años en Guantánamo sin formula de juicio. El Nacional, El Nuevo País (en la IV República, quebrado y cerrado para no pagar el contrato colectivo a su personal), la revista Z y otros adefesios del periodismo estarían clausurados hace años y sus propietarios presos.
Permitir que Globovisión, El Nacional y demás órganos de la oligarquía venezolana, sigan disociando, hasta el desquicio mental a miles de venezolanos, con su guerra sucia, sus mentiras y su fábrica de realidades inexistentes, ciertamente atenta contra , las libertades de prensa y expresión y contra los derechos humanos de toda la población, por eso apoyamos la petición de la SIP: el Comandante Chávez debe derogar las leyes que atentan contra la libertad de prensa, expresión y los derechos humanos y fundamentalmente contra la salud mental de los venezolanos.
(*) Periodista
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