A propósito de la orden emanada de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Venezuela para que restableciera la frecuencia de Radio Caracas Televisión (RCTV).
Recordemos que en América Latina, hay unas seiscientas televisoras que disparan imágenes permanentemente a más de cincuenta millones de receptores. En Venezuela el espacio de la radiodifusión y la televisión, pertenece a la República, quien puede otorgarlo o revocar el derecho a su uso mediante concesiones discrecionales. Un reducido grupo de propietarios poseían unas quince televisoras en el país. De ellas sólo seis tenían alcance nacional; las demás eran emisoras locales. En tres de ellas, Televisora Andina de Mérida, Canal de los Niños Cantores del Zulia y Vale TV, tenía una participación decisiva la Iglesia Católica. Había una sola televisora de servicio público de alcance nacional, Venezolana de Televisión, e incipientes emisoras comunitarias de poco alcance como Catia TV y la Televisora Comunitaria de Boconó. Durante varias décadas, la televisión comercial en Venezuela fue un oligopolio de dos familias, los Cisneros, que poseían Venevisión, y el grupo Bottome y Granier, que dominaban Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio, en oposición de estos grupos, surgieron posteriormente Televen, Globovisión, C.M.T. y la Tele, los dos últimos con frecuencia V.H.F., de limitado alcance. Globovisión pertenecía al grupo Mezerhane, el cual poseía además el Diario El Globo. Algunos canales, eran de propiedad mayoritaria de accionistas extranjeros.
En la cuarta república: tanto en radio como en TV, las concesiones o frecuencias se otorgaban en base al favoritismo partidista, los gobiernos de turno concedían frecuencias a sus aliados políticos; la contraprestación se hacía para darles el apoyo durante las campañas electorales.
Hasta 1998 era usual que los medios proclamaban formalmente la imparcialidad o la objetividad y en la práctica mostraban simpatía o parcialización por determinados factores políticos. A partir de ese año, ante el fracaso de los partidos tradicionales abandonados por su electorado, intentan sustituirlos; asumiendo el papel de los sectores políticos. La autonomía de los comunicadores empleados en los medios se restringió cada vez más. Las informaciones con frecuencia, eran contradichas por los titulares que imponían los jefes de redacción. Se acentuó la censura interna y algunos dueños o gerentes de los medios aparecían alineados junto con las dirigencias de Fedecamaras y la CTV que proclamaban los cierres patronales insurreccionales del 9 de abril y del 2 de diciembre de 2002. En su mayoría aplaudieron y apoyaron el golpe del 11 de abril y pactaron con la dictadura de Carmona Estanga. Los días 12 y 13 de abril se produce el silencio mediático. Las televisoras comerciales pasaban comiquitas, cuando todo el pueblo de Venezuela estaba en la calle para luchar contra la dictadura de "Carmona el Breve", restituir el hilo constitucional y rescatar al presidente Chávez.
Para el 27 de mayo de 2007, cuando se cumplió el fin de la concesión de la señal que manejaba el Grupo 1BC (RCTV). Canal que violó sistemáticamente todas las leyes de telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Recordemos que tanto la oposición como los diferentes organismos internacionales como la SIP, formaron un escándalo, tratando de ir en contra de la legalidad y la obligación del Estado, como administrador del espectro radioeléctrico.
RCTV no era ningún ejemplo de libertad de pensamiento. No puede ser presentada como un ejemplo de la libertad de expresión, pues no se trataba de un canal de televisión sino de una organización política que defendía sus intereses individuales. La empresa 1BC estaba integrada por multimillonarios que habían mantenido una conducta discriminatoria con el resto de población y que no se les escapaba ni sus propios empleados, a quienes ellos llamaban "La gran familia" cuando les convenía, de resto los miraban por encima del hombro y les robaban sus prestaciones sociales cuando les daba la gana. Fue evidente el desplante que le hizo en ese momento Marcel Granier a los marchistas, al no presentarse al acto programado.
RCTV. no sólo embruteció y mintió en sus programaciones, sino que sus empleados debían mantener una línea acorde con la mentalidad de Granier, de lo contrario correrían con la misma suerte de Renny Ottolina, Kiko Mendive, Emilio Lovera, Nené Quintana y tantos otros ex integrantes de "La Gran Familia", pero no sólo fueron actores y actrices, sino camarógrafos, maquilladores, personal técnico y toda clase de empleados que trataron de tener una opinión distinta a la de Marcel Granier, Eladio Lares, o Eduardo Sapene. También conocemos los casos de libretistas que fueron botados sin causa alguna y de ideas robadas a productores. La censura a personalidades políticas por más de 20 años, como es la que le aplicaron al expresidente Luis Herrera Campins (admitida por él mismo), al manifestar su oposición a las propagandas de licores y cigarrillos.
Por último, la oposición venezolana y los sectores que apoyaron a RCTV, como La SIP, la OEA, etc. No dijeron nada sobre el cierre de tres televisoras y tres emisoras en Perú, por el presidente Alan García, Canal 15, Canal 27, Radio Ancash, Radio Miranda, Radio Armonía, por considerarlas subversivas. La medida fue adoptada aduciendo que infringieron el reglamento del Ministerio de Transporte y Comunicación al no tener sus documentos "en regla".
