Desde el inicio de la revolución bolivariana hasta el presente, los ataques conspirativos manifestados en una incesante guerra mediática no han cesado; más bien, tales arremetidas han estado amparadas de un discurso que ha evolucionado para asegurar su efecto de desestabilización.
En el contexto actual, una vez que el presidente Nicolás Maduro decreta el esperado cierre entre las ciudades de San Antonio y Cúcuta, se enfila una intencionada acometida mediática desde Colombia que para nada es nueva.
En 2008, desde el departamento de Estado de EEUU, en componenda con figuras como Uribe Vélez, y esos medios de derecha del hermano país, se atacaba al Gobierno venezolano con el calificativo de terrorista, una vez que se le acusaba de financiar a la FARC. Este ataque tuvo su momento más álgido con el invento de la computadora de Raúl Reyes, jefe de este grupo deliberante, una vez que se violó la soberanía del suelo ecuatoriano para su mortal captura.
Ahora, mientras se buscaba crear caos desangrando a Venezuela por la frontera con el contrabando de extracción y las casas de cambio que fraguaban la devaluación de nuestra moneda, los medios tipo Caracol usaron como estrategia mentir en la deportación de colombianos difamando sobre su maltrato y agresión de sus mujeres, para esgrimir el calificativo de violador de derechos humanos, una modalidad de terrorista, variante a su vez de antidemocrático, palabra muy empleada por Condoleezza Rice, ex secretaria del Departamento de Estado de EEUU, cuando exageraba con la compra de armas en 2005.
Como es bien sabido, los medios colombianos pertenecen a las familias oligárquicas de ese país. Su estrategia es vender la mentira por noticia, y hacer de la manipulación su política editorial. Eso se manifiesta en crear la matriz de opinión de que el presidente Maduro es xenofóbico y anti colombiano. Además de manipular, muestran la voz de la oligarquía recalcitrante, mientras desconocen a su pueblo y a los refugiados que buscaron asilo en este país.
Finalmente, esos medios se niegan a reconocer los alcances de la grave situación fronteriza de Venezuela con el país neogranadino. Al contrario, legitiman el discurso manipulador de Santos sobre derechos humanos; justifican el bachaqueo de nuestros productos y la devaluación del bolívar, una vez que nos exportan desde Colombia el paramilitarismo y su muerte por encargo, cuya prueba es el reciente asesinato de Liana Hergueta a manos de dirigentes de la oposición.
