Especial para "VEA"
Los propietarios de los medios masivos de comunicación social, y los periodistas y comentaristas que llenan sus espacios, se han autodesignado como el “cuarto poder” en los sistemas políticos democráticos. Ciertamente, de que son un poder público, lo son. Ello es innegable. La autoridad, el poder de coacción y, la influencia que poseen para imponerle conductas a las masas, es incuestionable. Lo que sí no se pueden atribuir automáticamente, como no lo pueden hacer tampoco los restantes poderes mediante los cuales se pretende balancear las tendencias de cada potencia al despotismo, es su carácter democrático. Pueden tener otra fuente de legitimidad: la tradición o el carisma. Pero tal como operan, usando cualquiera de estas nacientes, su actuación responde a groseras desviaciones de su señorío. Han sido verdaderas tiranías u oligarquías que utilizan para fines propios el poder que concentran. En ese sentido tienen que excluirse los medios impresos y los de propiedad estatal. Los primeros, porque su aceptación por la audiencia depende de la voluntad de ella. Son los individuos, quienes al adquirir la publicación le dan no sólo legitimidad sino que le permiten su sobrevivencia. Y los segundos, por que sus líneas editoriales las legitiman unos gobiernos cuyos señoríos son a su vez legitimados por la opinión pública. Estos medios no pueden actuar de esa manera cuando una tiranía o una oligarquía política controlan el poder público en una sociedad. En esos casos son reprimidos por que estas formas de degeneración del poder público no admiten competencia.
El problema en la democracia lo plantean los medios radioeléctricos. Ellos, utilizando un recurso de propiedad común, se infiltran subrepticiamente en la intimidad del individuo, mediante señuelos que captan su atención. De modo que el mensaje que difunden tiene baja probabilidad de filtrarse por la voluntad personal. Es una comunicación que tiene un efecto alienante. Sin embargo, el destinatario, al darse cuenta del abuso puede rebelarse frente a ese poder ilegitimo, como lo puede hacer frente a cualquier poder espurio. Y esa conciencia ya existe en la mayoría de los venezolanos. Por ello no sería ilegitimo que el gobierno del estado, como expresión de la voluntad pública, le negara su actuación a quienes así usan los recurso de propiedad común Sin embargo, una decisión oficial sobre la materia podría tener una pobre base ética. Se podría interpretar como el empleo abusivo del poder para eliminar un contrapeso. De allí que la aplicación del referéndum revocatorio sea pertinente para moralizar la decisión. Sería la apreciación de la mayoría la que legitimaría o impugnaría la conducta política de esos medios de comunicación. Un hecho que tendría la potencialidad de institucionalizarlos realmente como un cuarto poder, lo cual sería una innovación política. Una invención que ajustaría la praxis democrática en uso a un ambiente que ha cambiado notoriamente por la acción de las avanzadas tecnologías en las áreas de la información y la comunicación. Sería Venezuela un arquetipo universal en materia política.
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