No les basta a Washington con tener a Globovisión y RCTV, y a todo el mar de medios dependientes de la SIP, tanto en Venezuela como el hemisferio. Hoy aparece en portada en este periódico la foto de unas manos esposadas con el titular “Denuncian persecución política en Venezuela”. Lo firma un tal CASTO OCANDO.
Todo esto apunta a una campaña que sin duda las ONG’s se encargarán de inflar, de mover, para luego levantar toneladas de denuncias, expedientes y bazofias “legales” para tratar de perjudicar a Venezuela por el mundo. El fin, es ir aderezando el mismo negocio que durante muchas décadas han urdido contra Cuba y que con harta regularidad se fue llevando ante comisiones dependientes de la CIA, y que dicen velar por los Derechos Humanos. Ya conocemos lo que al respecto se hace en la ONU.
El referido periodista Ocando, trae a colación el caso de un tal “Raúl José Díaz Peña, un campeón de natación de 32 años, que fue detenido en febrero de 2004 por funcionarios de la Disip, la policía política venezolana, luego que en una prueba pericial encontraran presuntos rastros de explosivos en la parte trasera de su vehículo”.
La trama es idéntica en todos los casos que se han estado construyendo contra el Gobierno venezolano desde hace cuatro años. Muy parecido a los elementos que se elaboran en los laboratorios de “El Nacional” y Globovisión, como por ejemplo, para decir que Freddy Bernal conocía al masacrador de la Plaza Altamira Joao Gouveia; el caso de aquel Ascaris Rodríguez que decía saber de los círculos asesinos de Juan Barreto o el de Giovanni Vásquez cuando con miles de informes lograron “salvar” a Mezherane, diciendo que era un vulgar estafador que había engañado en todo al Fiscal Isaías Rodríguez. Ahora El Nuevo Herald recibe una declaración según la cual el principal acusador de Raúl José Díaz, Silvio Mérida Ortiz, confesó ante un juez que había sido torturado para inculpar a Díaz.
La DISIP debe salirle al paso urgentemente a esta denuncia, porque ahora lo curioso es que este par de joyas “habían participado como ciudadanos comunes en las protestas antichavistas que un grupo de militares disidentes organizaron en la Plaza Altamira de Caracas en el 2002 y 2003”.
Pero el caso de Díaz lo incluyen entre un grupo de 22 detenidos que El Nuevo Herald define como de perseguidos por razones políticas, 17 de estos casos han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos, del que es miembro la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
Indudablemente que este periodista Ocando está siendo pagado por la CIA, como parte de la campaña que interna y externamente se está llevando a cabo para que salgan de prisión gente que fue usada por el Departamento de Estado para dar un Golpe de Estado en Venezuela. Como parte de ese guión, hace dos días la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal entró en acción, lo mismo que el Matacuras, líderes fascistas de la oposición y “respetables” organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Provea. Todos “presionando para que se conceda una amnistía general, cese la persecución y encarcelamiento de disidentes”.
Pero la manipulación es desvergonzada y menciona Ocando el caso del general Francisco Usón, detenido luego de “sugerir” que la muerte de soldados quemados con lanzallamas en un fuerte militar de Maracaibo, fue un hecho premeditado. Gerardo Blyde decía ayer en Globovisión que Usón estaba preso por emitir una simple opinión, como si en una opinión uno pudiese decir, por ejemplo, que Blyde es homosexual, consume y distribuye droga y regenta un burdel en Chacaito.
Está claro que cuando esta gente se metió a delinquir por orden del Departamento de Estado de los EE UU, lo hizo porque se le ofreció, además de plata, protección. Algunos pudieron huir a EE UU, y allá están sin que la ley venezolana los pueda tocar, otros que se encuentran entre rejas quieren dar el salto a Miami, y disfrutar de todo lo que les ofrecieron. Añade el sapito Ocando que “la organización Venezuela Awareness de Miami ha documentado la mayoría de los 17 casos que han sido presentados a la OEA, incluyendo varios casos de tortura sistemática, una de cuyas víctimas, Juan Carlos Sánchez, perdió la vida. Patricia Andrade, presidenta de la organización, aseguró que la policía política utiliza ``equipos de torturadores que incluyen médicos para comprobar la resistencia de la víctima, y determinar si se puede pasar a otra fase más intensa''.
Esto es realmente horrible, y revela en parte las “buenas intenciones” del gobierno de Washington por normalizar las relaciones con nosotros. Es la misma gusanera emparentada ahora con la especiosa podredumbre de la escualidez nuestra que asegura que “los cuerpos de seguridad venezolano reciben el asesoramiento de instructores cubanos”.
Casualmente, esta denuncia viene unida a un informe elaborado por el personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU, a pedido de su presidente, Richard Lugar, y que circula hoy, 22 de diciembre, entre sus miembros. Allí se dice que “los problemas más graves de la sociedad civil en América Latina se dan en Venezuela, donde el gobierno del presidente Hugo Chávez tiene "un ``total desprecio'' por las ONG”.
Allí se añade que "Bajo Chávez, Venezuela ha demostrado un total desprecio por los actores de la sociedad civil, cualquier forma de disenso político y se desconfía incluso de la limitada participación de grupos de la sociedad civil a través de instituciones como la OEA''. Y para completar, que “El informe fue pedido por Lugar para examinar el "estado de la democracia'' con énfasis en los programas que tienen respaldo del gobierno de Washington ya sea a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) u otras ONG. El informe cita a Súmate”.
Todo el mundo debe saber, y lo ha denunciado una y mil veces el filósofo norteamericano James Petras que casi todas las ONG’s del mundo trabajan para la CIA. Así pues, que comienza un arduo trabajo el año que viene, ahora con el Nuevo Herald, de frente contra las acciones del gobierno bolivariano.
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