Leí en Aporrea una nota del compatriota José Pilar Torres en la cual exponía que no era un buen negocio el cierre de RCTV. Sus argumentos invitan a la discusión, de allí que decidiera replicar por esta vía.

Lo primero que tengo que comentar sobre la nota es que la misma me siembre la duda si su autor es un hombre que respalda el proceso revolucionario que se vive en Venezuela o es simplemente un escuálido que aparenta hacer un ejercicio de autocrítica, sembrando una especie de Caballo de Troya en las filas revolucionarias. En todo caso, eso no es lo importante, lo verdaderamente importante es que está equivocado en los juicios que emite y permítame explicar el porqué.

Debe saber el compatriota Pilar Torres que nadie ha propuesto cerrar RCTV. Lo que está planteado es no renovar una concesión que se vence el próximo mayo.
Confundir ambos hechos es hacerse eco de la campaña mediática que pretende hacerle creer al mundo que el gobierno venezolano ha decidido cerrar una televisora de manera ilegal.

La concesión de RCTV es un contrato a tiempo determinado, al final de la cual el gobierno debe decidir si la renueva o no. Mal pueden los dueños de RCTV o sus defensores, entre los que se cuentan el Cardenal y el Secretario General de la OEA, exigirle al gobierno que tiene que concederle la renovación a la brava, renunciando con ello a su derecho a optar por la no renovación.

Marcel Granier, con su posición, pretende pasar por encima de la ley y convertir su concesión en vitalicia. Eso solo hecho es suficiente para que no se le renueve; pues dejaría al Estado venezolano en una posición muy comprometida y daría pie para que todo concesionario exigiera lo mismo al fin de su contrato.

Por otro lado, en su nota, el amigo José, obvia comentar sobre la pornografía, la violencia y el racismo que se “vende” en RCTV y que envenenan el cerebro de nuestros niños y adolescentes?. ¿Será que eso no le parece importante o causal suficiente para no conceder una renovación?

Expone, además, el mencionado compatriota, que debe renovarse la concesión a un canal con las características de RCTV, porque el no hacerlo puede ser un mal negocio político.
Perdone, señor José, pero un gobierno serio no puede poner sus intereses políticos por encima de la moral y la salud mental de la población.

Adicionalmente expresa, nuestro amigo, que la no renovación le parece un abuso de poder, aunque se tome contra quien ha abusado del poder que la ha brindado una concesión del Estado.

Debería saber el señor Torres que la sanción a quien abusa del poder es una responsabilidad de Estado y no puede renunciar a ella por temor, por conveniencia política y mucho menos para resguardar su imagen de no autoritario. Eso, amigo José, significaría darle carta blanca a la impunidad y a la anarquía.

“Ni el Presidente ni ningún funcionario tienen el derecho a decidir que opiniones políticas deben difundirse y cuales no” expone en su nota el autor de la nota ya varias veces citada.
Esta afirmación no es una inocentada y me niego a creer que el autor de la misma sea un ingenuo. Está en línea con lo con lo expuesto por Marcel Granier y deja en claro que se trata de un ataque a la libertad de expresión.

Conveniente es que el amigo José Pilar Torres se entere de que no se trata de una simple emisión de opiniones. En Venezuela hubo un golpe de Estado en 2002 y RCTV no sólo lo aupó, sino que no encontró elementos para hacer aunque fuese una tímida crítica, cuando se encarceló a ministros, diputados y gobernadores; cuando se abolió la constitución; cuando se designó un nuevo presidente de manera ilegal y cuando se asesinó al pueblo en las calles.

Invito al autor de tan desafortunado comentario a que revise los vídeos de esos días y trate de encontrar una evidencia de que RCTV es un canal que respalda la democracia, la constitución y las leyes.

No señor José, no puede renovarse una concesión a una empresa con esas características y mucho menos porque sea un mal negocio político.

Para finalizar debo hacer una referencia al desprecio que, el autor de la nota en cuestión, deja colar en sus comentarios sobre lo que llama el ala dura o los talibanes del chavismo. Es desde mi punto de vista el señor Torres el equivocado y no las personas que exigimos, con argumentos como los aquí expuestos, que se haga respetar la ley y que el gobierno asuma el rol de autoridad que por deber tiene.