El próximo 27 de mayo en Venezuela arderá Troya. No porque vaya a haber un golpe de estado o cosa parecida (aunque un sector agite con ese objetivo), sino por algo más sencillo, lo que lo hace más incomprensible: Ese día finalizará la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión) nacida hace 20 años.

Esa medida legal, que ha sido aplicada decenas de veces en Europa, Estados Unidos, Canadá y América latina desde 1969, sin haber provocado una campaña internacional, esta vez tiene en Venezuela un escenario de confrontación, como si se tratara de la expropiación del canal.

El asunto es que este canal de TV no es cualquiera, no es uno más: Lideró, junto con las otras estaciones privadas, la resistencia al régimen nacionalista de Hugo Chávez desde 1998. Y desde el año 2002, se transformó en el cauce de expresión política, propagandística, y parcialmente financiera y organizativa, de la oposición al gobierno.

RCTV se constituyó en una suerte de 'frente suprapartidario' sucedáneo, entre 2001 y enero de 2003, y desde entonces ha cumplido ese rol a falta de partidos capitalistas fuertes.

Sin la actuación de los medios opositores, especialmente de RCTV, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 no habría tenido reproducción social masiva y menos legitimación pública. En ese sentido fueron protagonistas de los sucesos, lo que les imputa un grado de responsabilidad mayor en la sangre derramada esos tres aciagos días. En otra proporción, pero con el mismo contenido de responsabilidad, RCTV y los otros canales opositores, tuvieron un rol criminal, como el que denunció Koffi Annan, hace dos semanas en Ottawa, refiriéndose al genocidio de Rwanda. Allí dijo: 'Los medios de comunicación en Rwanda fueron usados para diseminar odio, para desmoralizar la gente y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas'.

Si sustituyéramos la cantidad de muertos (casi un millón en Rwanda-Burundi) y el lugar de los hechos, esta acusación le cabría en perfección de jurisprudencia a los dueños de Radio Caracas Televisión, Venevisión, Globovisión y otros medios venezolanos durante 2001, 2002 y 2003.

Ellos por ellos mismos

La burguesía venezolana quedó vaciada de fuerza entre las masas pobres y parte de la clase media, en un proceso complicado que nació en 1989 con el Caracazo, y culminó en 1998 con su desplazamiento del poder central del Estado. La derrota física que sufrieron en abril de 2002, selló su final, pero ya para ese momento los conductores de la oposición burguesa era, en forma directa, una fracción de esa misma clase. No fue una casualidad que el presidente de facto entre el 12 y el 13 de abril de 2002 fuera el al mismo tiempo, el presidente de la Cámara empresaria más fuerte del país.

Marcel Granier y Gustavo Cisneros, por Radio Caracas y VeneVisión respectivamente, ejercieron las nuevas figuras centrales en la política nacional por parte del bando capitalista. Roles que desde 1945 habían ocuparon Acción Democrática y COPEI, con figuras como el ex nacionalista Rómulo Betancourt y el socialcristiano Rafael Caldera.

Esto explica la irritación política que se percibe en Venezuela desde hace tres meses entre las clases altas y sectores de la media. Todo, porque al gobierno le dio la gana de rescindir la concesión que usufructuaba desde el 20 de septiembre de 1952 y que fuera renovada hace 20 años.

Además de la campaña internacional contra el cese de la concesión apoyada en sectores de la derecha europea, yanqui y latinoamericana, en las calles de las ciudades venezolanas se respiran tufos a conspiración. Si bien el nivel de militancia está lejos de alcanzar el de 2001, 2002 y enero de 2003, se nota una leve reactivación apoyada en sectores medios.

Un lujoso volante a tres colores, repartido por centenas de miles en Caracas el sábado 15 de abril, dice: '¡No más desempleados en Venezuela! Nuestro Apoyo total a RCTV. No al Cierre de RCTV', y la firma una tal 'Asociación Civil de Desempleados de Venezuela LA ESPERANZA'.

El cinismo es manifiesto: comienza con el costoso volante, cuyo valor en monedas podría alimentar a decenas de desempleados varios días y termina con el lagrimón vertido por 'los desempleados': Justamente ellos, los causantes de los cierres fabriles, los saboteos industriales y comerciales, las crisis financieras y quienes controlaron casi un siglo la renta petrolera. Desde comienzos de mayo, cuando se acerca la fecha del cese de la concesión, grandes cadenas comercializadoras de alimentos están desabasteciendo los supermercados y bocas de expendio.

Volver al pasado

El caso de RCTV y otros canales en Venezuela retomó, mutatis mutandi, el camino original de la prensa (y los medios de información) en sus momentos inaugurales de los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando la burguesía, como clase en ascenso y progresista, se representaba a sí misma en forma directa. Sus periódicos, tanto como sus parlamentarios, escritores y partidos, constituían herramientas de acción sin otra mediación que la acción misma.

Pero con RCTV hay una 'pequeñita' diferencia: representan lo opuesto que sus choznos de clase, porque aspiran devolver a la nación venezolana y a sus trabajadores a las condiciones anteriores de dependencia, sometimiento al Departamento de Estado, y niveles de explotación y control social, donde los medios 'del espacio radioeléctrico' fueron fundamentales como formadores de la opinión pública que sostuvo aquella realidad.

Karl Marx decía que 'entre dos derechos iguales la única solución es la guerra'. Los dueños de RCTV dicen, con razón, que ellos se han puesto a derecho (con el fisco al que no le pagaban impuestos, pero nunca lo dijeron) y con la Ley Resorte que rige las concesiones televisivas en Venezuela.

Pero Granier y sus socios olvidan que ellos iniciaron una especie de 'guerra' en abril de 2002 con su golpe de Estado, sus muertos, sus campañas negras y sus desastres. Esa guerra ha tenido varios escenarios y etapas y cualquiera que sepa algo de historia política sabe que no parará hasta un desenlace definitivo.

El cese de la concesión al canal 2 (RCTV) es una potestad tan legal del gobierno, como la de Granier a pedir que se la prorroguen 20 años más. El asunto es que entre los dos derechos media una guerra sorda (aunque no muda) entre la clase y el imperio que representa RCTV y el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano