La mentira premiada

El año pasado, el premio Rey de España de Periodismo, dotado con seis mil euros, fue concedido al periodista del canal Venevisión Luis Alfonso Fernández por un documental de vídeo titulado “La masacre del centro de Caracas”. Se trata de un reportaje gráfico de aproximadamente diez minutos de duración que recoge las imágenes de varios militantes chavistas disparando con armas cortas desde lo alto del Puente Llaguno en la capital venezolana el 11 de abril del 2002. El audio del locutor del documental recoge expresiones como “Obsérvese a los pistoleros, a los asesinos, cómo descargan la pistola y la vuelven a cargar, sobre la marcha indefensa”.

Este documental, esgrimido como prueba de la implicación de los sectores prochavistas en la muerte de diecienueve personas durante los disturbios y posterior golpe de Estado el mes de abril de 2002, fue emitido todos los días una media de tres veces durante todo un año por las emisoras de televisión hostiles al gobierno de Hugo Chávez.

Las cinco personas que protagonizan esos disparos fueron encarceladas y enjuiciadas haciéndose ahora pública sus sentencia de absolución. Uno de ellos, Richard Peñalver, junto con sus abogados Riner Biel Morales, Aiskel Biel Blanco y Erika Peñalver, ha viajado a España y ha explicado todos los detalles de aquellos acontecimientos y el desarrollo del juicio.

Ellos nunca negaron la autenticidad de las imágenes ni haber sido los autores de esos disparos. Sin embargo, la primera cuestión a destacar es que la fiscalía no les acusaba de ninguna muerte ni de ningún herido, es decir, los denominados “asesinos” en el documental premiado, ni siquiera fueron presuntos porque ninguna de esas balas hirieron a nadie.

Según se ha demostrado en el juicio, entre otras pruebas por las propias declaraciones del periodista premiado, las imágenes, nunca se emitieron en directo, fueron recogidas y llevadas a las instalaciones del canal de televisión por un cámara del equipo de Venevisión, no por el periodista premiado. Este tampoco participó en la edición y producción del vídeo, ni siquiera supervisó la producción. El audio del documental, que simula la emoción del directo, fue añadida en el estudio por un locutor que nunca estuvo allí, el cuál leyó un texto preparado por sus superiores, ninguno de los cuales fue testigo de los hechos.

De este modo, el periodista galardonado, que ni siquiera dijo saber quien era ese locutor, ni rodó esas imágenes, ni las llevó a la emisora, ni incorporó ningún testimonio de los acontecimientos, ni revisó ni supervisó la producción del documento emitido. Simplemente compartía azotea con el cámara que las rodó.

Por otro lado, como bien recoge la sentencia, el vídeo “no muestra hacia quien, quienes o hacia qué y por qué estas personas esgrimen y disparan sus armas”, a pesar de que el documento premiado habla de “descargar las armas sobre la marcha indefensa”. Ha sido el juicio y su posterior sentencia con su relato de hecho probados la que ha aclarado que los acusados (“asesinos” según el relato periodístico premiado), actuaron “movidos por la defensa de su persona, procedieron a esgrimir sus armas de fuego, a los fines de repeler una agresión que ilegítimamente estaban recibiendo por parte de algunos funcionarios de la policía metropolitana”, la policía municipal mandada por el alcalde opositor Alfredo Peña. La sentencia establece “justificado el medio empleado por los acusados para impeler o repeler” la agresión, calificado como “legítima defensa de terceros, estado de necesidad, situación necesaria o auxilio necesario”.

Es más, la sentencia también esclarece que los dos muertos de ese tiroteo, junto con una veintena de heridos eran los acompañantes de los acusados. Es por ello, que ahora hay en prisión pendientes de juicio, ocho de aquellos policías municipales.

La sentencia también establece que la marcha de la oposición, aquella sobre la que, según la voz del documental premiado, disparaban los acusados, “no llegó a las inmediaciones del Puente Llaguno”. El propio periodista premiado lo reconoció en el juicio: “yo no vi a quien le estaban disparando”. En el juicio también declaró una periodista del canal Globovisión quien también tomó imágenes de aquellos hechos, imágenes en las que se veía la avenida supuestamente ocupada por los manifestantes opositores y objetivo de los disparos, vacía. Imágenes que nunca más se volvieron a emitir por esa emisora, pero sirvieron de prueba en el juicio.

Año y medio de investigaciones, declaraciones, testimonios y documentos filmados han permitido descubrir la verdad. Una verdad diametralmente opuesta a la premiada en España por un jurado integrado por la agencia Efe y la Agencia de Cooperación. El único premio que correspondería al documental “La masacre del centro de Caracas”, sería al del engaño y la manipulación. Y quienes deberían sentarse en el banquillo junto con la policía metropolitana que disparó y provocó los muertos, son los directivos y periodistas que utilizan los medios de manipulación para la conspiración y la incitación a la violencia y al odio. Tal y como ha establecido como precedente el Tribunal Internacional para Ruanda, quien ha condenado a tres directivos de empresas periodísticas a cadena perpetua o largos años de prisión por incitación pública y conspiración al genocidio.Mientras se premiaba ese montaje, otro documental, “La revolución no será transmitida” recoge el testimonio excepcional durante una hora de duración de todo lo acontecido esos días fuera y dentro del Palacio Presidencial, imágenes históricas en el interior del Palacio de los momentos precedentes al golpe, del grupo conspirador que ocupa la presidencia durante 48 horas y de la movilización popular que restituye al presidente constitucional. El responsable de la Casa de América que autorizó la emisión de ese vídeo en esa institución ha sido cesado.

Ahí queda el papel del gobierno español, a través de su responsabilidad directa en la designación del Premio Rey de España, un galardón desautorizado para siempre, y su represalia a la emisión en la Casa de América del documental fiel a la verdad. El papel que siempre jugó en los acontecimientos de aquel mes de abril del 2002, el de conspirador y golpista.



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Pascual Serrano / Rebelión


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