Traten por instante imaginar a los cuatro canales del Apocalipsis y demás medios de la SIP, procurando llevar a cabo una investigación, con suma imparcialidad, sobre los verdaderos culpables del atentado contra Danilo Anderson. Sus caballitos de batalla en el caso son: el mercenario Pablo Medina (pulpero de “El Nacional”), Teodoro Petkoff, Rafael y Patricia Poleo y todo el staff de Globovisión.
Si el crimen de Anderson lo hubiese cometido alguien sin ninguna relación con los medios privados, habrían dejado que la investigación prosperase, pero aquello comenzó a ser bombardeado con sevicia, con locura, desde todos los ángulos y sin descanso.
Desde un principio la voladura del carro de Danilo la hicieron aparecer como un hecho oscuro y raro, y en todo instante, cuanto analizaban lo colocaban como ridículo, absurdo o increíble. La conclusión para ellos, era que el crimen lo había cometido el gobierno porque Danilo Anderson, entre otras cosas, iba a inculpar a Lucas Rincón por lo de la “renuncia” del Presidente. Para ellos, al gobierno le convenía eliminar a Anderson, aunque este fiscal tuviese el más firme propósito de hacer una investigación sobre los sucesos del golpe del 11-A.
Cuando la guerra mediática se desató a partir del paro del 10 de diciembre del 2001, los medios privados junto con la Conferencia Episcopal Venezolana y Fedecámaras, tuvieron una larga reunión en la que definieron las estrategias para derrocar al gobierno. Todos los titulares serían contra las políticas del gobierno, se harían montajes diarios para desacreditarlo internacionalmente, los ataques deberían ser al unísono y sin darle tiempo a la justicia de investigar nada e impedirle al ciudadano de a pie, posibilidad alguna de que por sí mismo pudiese procesar lo que estaba pasando. Todos los medios regionales fueron uniformados según este plan. En esta reunión, un representante de Estados Unidos explicó la importancia y la prioridad de estas acciones para su gobierno, de modo que podían contar con suficientes dólares, con protección para quienes arriesgasen sus vidas y con ayuda técnica para provocar sabotajes, desinformación y conflictos en salud, educación, abastecimiento de alimentos y seguridad. Con la ayuda de Estados Unidos se iba a instalar un inmenso laboratorio informático con la última tecnología. Que estaban por llegar expertos estadounidenses, que les asesorarían en el uso de centenares de cámaras estratégicamente colocadas en sitios donde previamente se provocarían caos, reyertas, falsos muertos y heridos, estallido de bombas, ametrallamientos e insultos violentos en entrevistas a funcionarios del Estado. Para la mejor utilización de estos efectos, la manipulación de las imágenes sería crucial. Fundamentalmente se encargarían de sabotear cualquier acto de condena por parte de los jueces a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y reporteros y a cualquier otra persona que hubiese cometido algún atentado contra el gobierno. Mantendrían día y noche un terrible asedio al Presidente de la República denunciándole por sus acosos a la prensa, por sus violaciones a los derechos humanos, por sus ataques a la libertad de expresión y “su manía de querer censurar a los medios”.
Todos los dueños de medios quedaron enterados de que se trataba de una guerra en la que ellos no tendrían por qué perder nada. Al contrario, todo sería ganancias. Siendo aliados de Estados Unidos cualquier acción política les reportaría enormes beneficios a quienes la ejecutasen.
Este acuerdo de caballeros entre dueños de medios, debería ser a muerte, un compromiso blindado y absoluto que no se debería violar por ningún motivo hasta tanto el gobierno cediera o el Presidente renunciara. Cuando por alguna razón se decidiese emprender una campaña contra el gobierno, se debería actuar cerradamente, como un solo hombre, y mantener el ataque incesante hasta haber destrozado, debilitado o acabado con el blanco elegido. Quienes llevarían la voz cantante en estas matrices de opinión serían por el flanco televisivo Globovisión y por el impreso, “El Nacional”.
La lista de hechos, que admirablemente supieron utilizar para neutralizar la acción de la justicia, es de vértigo: todas las marchas, paros, guarimbas, el golpe de estado, la masacre en la Plaza Altamira, las bombas en las sedes diplomáticas de Colombia y España; el sabotaje a los juicios contra Ybeyise Pacheco, Patricia Poleo, Napoleón Bravo, Marianela Salazar, Federico Alberto Ravell, Gustavo Azocar…; las grandes estampidas de Pedro Carmona Estanga, Carlos Fernández, Carlos Ortega, Eduardo Lapi y de todos los generales y almirantes golpistas.
En días recientes, todas las costuras de aquel pacto de caballeros saltaron por los cielos, cuando con un puñado de dólares compraron al testigo principal del caso Anderson, Giovanni Vásquez y a su ridiculísimo abogado Morly Uzcátegui. Los medios pusieron a mover a estos dos bandidos como muñequitos de guiñol, en un show vergonzoso que se caía a pedazos; no podían sostenerlo de manera alguna por más de dos días en pantalla, por lo que este par de sinvergüenzas optaron por huir a Panamá, esos sí, con el manojo de dólares que les habían entregado.
La guerra fue otra vez muy cerrada y al unísono. Pudimos ver cómo Televen, junto a “Tal Cual” y “El Nuevo País”, se unieron de manera feroz a la cantaleta de la campaña desatada contra el ex Fiscal Isaías Rodríguez. Todo apunta ahora, no sólo a empantanar de manera brutal el caso Anderson, de modo que se reabra el juicio y a la postre salgan en libertad todos los inculpados, sino y sobre todo también, para impedir que no se haga justicia en el caso de Puente Llaguno, en el que están involucrados los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y al ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovis.
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