El 1º de agosto, junto con la lluvia corrieron ríos de lágrimas. El Guaire bramaba junto con una marcha capitaneada por Antonio Ledezma: la marcha más escuálida jamás vista en los anales de las manifestaciones más lánguidas. Beatriz Adrián apretaba los labios y afinaba sus ojillos viperinos mientras que el bobito Echeverría trataba de defender a muerte su carguito (y a todo el equipo de Globovisión). Echeverría pujaba por ponerse a tono con “el luto y la tragedia que vivía toda Venezuela”: tronó, zapateó y cacareó todo el santo día de ese gris día del 1º de agosto. Globovisión mantuvo la tétrica musiquita como en los viejos tiempos del paro petrolero, de la masacre en Altamira y del cierre legal de RCTV. La llorona fue muy solitaria, no logró expandir sus ondas como en otros tiempos. El luto de las viejas locas no fue muy concurrido (casi todas estaban en Miami). El eco de las cacerolas no tronaba como antes.
A los poderosos medios de comunicación se les tiene en el mundo para moldear la mente de los ciudadanos, lo sabemos. A través de ellos imponen en el mercado determinadas marcas y cuanto dispongan las transnacionales. Son los dueños de los partidos políticos de derecha, de sus líneas, de sus programas. Una fuerza íntimamente unida a factores fascistas (brazo también de la cúpula eclesiástica) y junto con los sectores empresariales que dominan que cada región. Este poder, para trabajar a gusto y desplegar sus procedimientos chantajistas consiguió el arma perfecta para imponer sus métodos (con toda impunidad) inventando el término “defensa de la libertad de expresión”, a través de esa internacional del crimen llamada Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. En América Latina, la SIP fue y ha sido una permanente aliada de todos los gobiernos dictatoriales, y lo hemos visto perfectamente en el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. Y hay que tener en cuenta que la SIP no es más que una oficina del Departamento de Estado norteamericano para América Latina.
Como ha sido en Venezuela donde se ha desenmascarado de manera frontal está práctica de los medios (con grandes costos) de colocar y quitar presidentes al gusto y placer de la SIP, con los consabidos actos de preparar golpes de estado, huelgas petroleras, permanentes complots contra la nación, guarimbas, atentados terroristas, etc., apoyados por estados-mafias como el de Estados Unidos, Colombia, España, Perú, se ha decidido crear un cuerpo de leyes para luchar contra estos delitos. Fue por ello por lo que el diario “El Nacional” (el domingo 2 de agosto) al conocer esta decisión, inmediatamente ordenó colocar con todo su infinito cinismo este enorme titular: “Venezuela será el único país que penalice delitos mediáticos”. Es decir que para ellos los crímenes mediáticos jamás deben ser catalogados de delitos. Y como quieren que nosotros seguimos siendo pendejos por siempre, “El Nacional” lanzaba esta nota: “Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de la República, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar de delito mediático. Si el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por la máxima autoridad del Ministerio Público (la institución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.” Ahí está el punto, el negocio, digo, lo de la libertad de expresión. Y la oposición de cualquier gandul tratan de presentarla como una norma universal: “Frank La Rue –dice el diario-, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. "Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría. Después saltan al cuento de derechos humanos, y lanzan: “Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, asegura que la propuesta de Ortega se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista”. Pero no se quedan allí, ellos los aliados más furibundo de la derecha, echan mano de sus propios aliados para presentarlos como enemigos de la susodicha libertad de expresión y el fulano Carlos Lauría “también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina, en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Desde el Cono Sur se emprendieron las iniciativas más exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias.
Pero nada dicen del bandido y criminal Agustín Edwards todo un héroe para SIP, quien fue el artífice del asesinato de Allende, y en cambio añaden: “Chile saldó cuentas con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2001, la cual derogó una disposición que permitía a los jueces prohibir a los medios referirse a algunos casos policiales o políticos.”
Igualmente sabemos que el agente de la SIP, Danilo Arbilla en las horas más terribles que vivió el pueblo uruguayo, fue uno los más serviles de la sanguinaria dictadura, que persiguió medios y periodistas, que cerró publicaciones de todo tipo y condujo mediante el sapeo a numerosos dirigentes sindicales de la Asociación de Prensa del Uruguay. Pero ahora la SIP exclama: “En julio, el Parlamento de Uruguay modificó la Ley de Prensa y el Código Penal sobre medios de comunicación, lo cual fue celebrado por varias organizaciones. Se despenalizó la divulgación de información y opinión sobre funcionarios públicos.”
Inmediatamente el agente de la CIA, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch saltó y dijo que esa propuesta de ley es una "receta para la censura… Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder".
El hermano del ex ministro de la Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, Enrique Santos (directivo de la SIP), aseguró no tener dudas de que la discusión tendrá dimensión continental: "Es el más grave intento de amordazar a la prensa que ha habido en los últimos años en la región. Si esto no motiva una movilización hemisférica de medios, periodistas y ciudadanos, estaremos siendo espectadores pasivos de la muerte lenta de la libertad de expresión y de la democracia en Venezuela".
Y qué fue lo que propuso la Fiscal, algo muy humano, muy necesario y urgente:
1- Que se castiguen las acciones u omisiones que se divulguen a través de los medios de comunicación y constituyan un delito. Por ejemplo: evidentemente constituyó un horrible delito dar un golpe de Estado el 11-A del 2002, llamar a un paro petrolero, mantener un foco de subversión en la Plaza de Altamira con altos oficiales activos que acabó en una masacre, promover guarimbas, desacato a la ley invitando a no pagar los impuestos, a destruir las pruebas de los implicados en el crimen contra Danilo Anderson, amenazar jueces dando sus direcciones cada vez que pronuncia una sentencia que no satisface a los dueños de medios… y miles de etcéteras más.
2- Que se incluya una norma que le brinde protección a los periodistas frente a los dueños de los medios, para evitar que les obliguen o impongan escribir hechos que no les constan o no están ocurriendo.
3- Que se castiguen aquellas conductas que atentan contra la paz social, seguridad e independencia de la nación, estabilidad de las instituciones del Estado y que generen un clima de impunidad, entre otros aspectos.
4- Que se castigue a las personas o dueños de medios que divulguen falsas noticias que causen pánico en la población o perjuicio al Estado.
5- Que se castigue a las personas o dueños de medios que manipulen las noticias para que se produzca una falsa percepción de los hechos.
6- Que se castigue a las personas, gerentes y/o dueños de medios que empleen este medio para amenazar, coaccionar o infundir temor en la población.
7- Que se castigue a las personas o dueños de medios que realicen transmisiones destinadas a promover el odio y la hostilidad.
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