Finalmente, Marcel Granier se puso a derecho al solicitar la inscripción en Conatel de Rctv Internacional como lo que es, un canal de Producción Nacional Audiovisual (PNA), por tener una programación semanal con 30% o más de origen nacional, tal como lo establece la Ley Resorte. Así se cierra otro capítulo de la vergonzosa manipulación a que nos tienen acostumbrados algunos voceros de la oposición, respaldada por el coro mediático que le acompaña interna y externamente. Luego de interrumpir sus transmisiones, por decisión de las empresas de TV por cable atendiendo el mandato de la ley y, una vez que cumpla con los requisitos correspondientes, el canal de Bárcenas podrá reiniciar sus actividades.
Atrás quedaron las manifestaciones opositoras que denunciaban otro "cierre" de Rctv, como demostración de que en Venezuela hay una "dictadura" que conculca la libertad de expresión. También luce lejano el "show de despedida" que entre lágrimas y suspiros, le tributaron directivos y artistas al Canal 2, luego de que el Estado, en su carácter de administrador del espectro radioeléctrico y después de 50 años, decidiese no renovar la concesión, aún cuando en breve, dicho Canal reinició su programación esta vez por cable, aprovechando las oportunidades que ofrece el marco jurídico que regula la radio y la TV. Al final la verdad resplandece, las máscaras se caen y las falacias del discurso mediático quedan al descubierto, generando dialécticamente el efecto contrario, al elevar el nivel de conciencia crítica de los ciudadanos frente a quienes los desinforman.
En otro orden ideas, lamentamos el cambio de la periodicidad, de semanal a mensual, de la revista colombiana Cambio y la reestructuración de su contenido por razones de "marketing". Con ello se limita un importante instrumento del periodismo de investigación que ha sido una caja de resonancia de las denuncias sobre la parapolítica, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la pérdida de soberanía por el establecimiento de bases estadounidenses en el territorio del hermano país. Son restricciones que la libertad de empresa le impone a la libertad de expresión.
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