La experiencia de la Comisión Nacional de Refugiados nos permite afirmar que una parte importante de las personas que vienen a nuestro país en busca de refugio, son campesinos colombianos expulsados por la violencia política que han vivido desde hace seis décadas. El 98,2 de nuestros solicitantes vienen de Colombia.
La mayoría de estas personas terminan por establecerse en la periferia de las ciudades, en los barrios populares, donde, en muchos casos, tienen familiares o amistades que los albergan temporalmente. En esas circunstancias, cualquier actividad económica a la mano es buena para mantenerse.
Considerando la procedencia rural de muchas de estas personas, es una verdadera lástima que se desaproveche esa formación práctica, al dedicarse mayoritariamente al comercio callejero y otros servicios informales para sobrevivir.
En el diálogo que establecemos con muchos refugiados y solicitantes de refugio, nos expresan su deseo de trabajar la tierra, ya que era su actividad fundamental antes de tener que huir de su país de origen. También se lee de estos testimonios, que ese deseo de vivir en el campo es una manera de mitigar el dolor por el desarraigo forzoso de que han sido víctimas.
Recordemos que un alto número de población campesina en Colombia fue despojado de sus tierras por grupos paramilitares. Cifras conservadoras señalan que esos criminales se apropiaron de 8,5 millones de hectáreas que quitaron a productores pequeños.
Nuestra propuesta es incorporar a la población refugiada en unidades de producción agrícola que, partiendo de la vocación natural de la tierra, busquen desarrollar en forma sustentable y sostenible su potencial específico, combinando adecuadamente rubros vegetales y animales demandados por la población nacional.
La forma de producción propuesta, es una asociación libre de personas para producir alimentos y otros bienes derivados de la agricultura, que no persigue la acumulación de capital, si no, el bienestar colectivo y la soberanía alimentaria de la nación.
Los Principios generales practicados serían los siguientes: 1) Se reconoce la propiedad social-estatal de la tierra y de los medios mecánicos, tecnológicos y financieros que se aplican en el proceso de producción. 2) La remuneración tendrá su base de cálculo en el trabajo realizado y la productividad, en el marco de la legislación nacional sobre la materia. 3) Se dará prioridad a la relación comercial con el Gobierno Bolivariano y el entorno comunitario, inspirados en los principios de justicia, eficiencia y solidaridad que deben regir las nuevas relaciones de compra-venta en la transición socialista. 4) La construcción de calidad de vida se hará de manera colectiva, priorizando las familias con mayor vulnerabilidad y las personas con discapacidades u otras limitaciones que ameriten atención especial. 5) Se concibe el espacio productivo como ámbito de formación ideológica y promoción de los valores de la nueva ética socialista.
Este proyecto garantiza el asentamiento estable y planificado de familias con experiencia agrícola, que ya no irían a engrosar los cordones de miseria en las ciudades; además del aumento de la superficie agrícola cultivada, la disminución de las presiones sociales urbanas y la implementación de soluciones habitacionales en el marco de la actividad productiva con énfasis en la autogestión.
(*)Constituyente de 1999
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