Cobro de intereses sobre intereses. Es la base de un crédito indexado. El banco que “siempre” anda con uno, los ofreció a finales de los 90. Un joven matrimonio de la época “compró” el contenido de la cuña audiovisual. En resumen, esta fue la experiencia: solicitud de crédito hipotecario bajo la modalidad de crédito indexado por un monto de 25 millones de los viejos. Al cabo de cuatro años, debía 65 y ya se había “pagado” alrededor de 45 de los cuales ni un céntimo fue a la amortización de capital. Es decir, no se había cancelado ni un solo bolívar de los 25. Cuando el Gobierno Nacional atendió las quejas de los usuarios afectados por el delito de usura, declaró la inconstitucionalidad de la modalidad del crédito y ordenó pagar lo robado restituyendo el Estado de Derecho. El 12 de abril de 2002, alguien dijo por televisión que quedaría “sin efecto” la eliminación de los créditos indexados. Menos mal que cada 11 tiene su 13.
Es obvia la similitud entre esta “vivencia” y las más recientes de miles de venezolanas y venezolanos quienes fueron amparados por el Estado con las medidas de expropiación de viviendas y de ocupaciones temporales, con el único fin de protegerlos. Lo que no es obvio ni entendible, ni lógico, ni cuerdo, es que alguien, en su sano juicio por supuesto, se moleste porque se le asista, se le ayude. No hay nada que haga el Estado que, a cierta gentecita, le parezca adecuado. Si el Gobierno dice que hay que garantizar el derecho a la salud y se ordena que no se exijan claves médicas en las emergencias de las clínicas privadas, es considerado un abuso contra la libre empresa. Si el Gobierno entrega medicinas gratis a las personas con enfermedades como el cáncer o el sida, a los beneficiarios los esconden como si se tratara de una “tara” familiar. Son miles los venezolanos, quienes adversan a este Gobierno, a los cuales les molesta que el Estado los asista.
Si el Estado visibiliza al género femenino a través del lenguaje y de políticas sociales reivindicativas y reivindicadoras, es considerado un derroche, una ridiculez, una “deformación del idioma”. Si el Gobierno le pone un máximo a las matrículas escolares es considerado un ataque contra le educación privada. Una intromisión indebida. Si les da computadoras gratis a los niños y niñas es un despilfarro.
La más reciente reacción, inentendible, tiene que ver con la garantía que ha dado el Estado a los estafados por las constructoras y/o promotoras inmobiliarias. Es lastimoso. Da pena ajena. Es como rebelarse contra quien te quiere liberar. Una especie de Síndrome de Estocolmo, este inmobiliario, donde los secuestradores son los constructores. Es una patología que sólo pueden descifrar los psiquiatras. Yo me voy a las duchas.
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