El caso de Eladio Aponte Aponte es emblemático del comportamiento político de una oposición sin rumbo ni sindéresis. En su afán de buscar trincheras, desde donde disparar a la Revolución y al Gobierno Bolivariano, establece alianzas vergonzosas y asume reverencialmente las acusaciones de delincuentes. Henrique Capriles y Pablo Pérez salen a la palestra pública otorgándole la credibilidad que no da su historial delictivo. El primero aboga porque se difundan las sacrosantas palabras del acusado. Y Pablo Pérez se apura a decir que el prófugo se exilia porque no cree en el poder judicial venezolano. Vale decir: No es culpable. Al periódico TalCual le da vergüenza que un señor con tal nivel intelectual y tal conducta haya pertenecido al máximo tribunal del país; pero, no tiene prurito alguno en creerle cuanto diga en contra del gobierno y de la justicia venezolana.
Desde por lo menos el año 2006 figuras de peso de la Revolución Venezolana hacen denuncia pública de la conducta venal y contraria a la ley de Aponte Aponte. Introducen denuncias y peticiones de expulsión del sistema judicial venezolano. Funcionarios del gobierno nacional impulsan y realizan investigaciones que establecen los indicios y los hechos que determinan su responsabilidad y lo someten a juicio. Por iniciativa del sector oficial se solicita y se realiza su destitución por la Asamblea Nacional. El personaje emprende la huida con la colaboración de la DEA, tal como lo ha demostrado con pelos y señales el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami. La derecha nacional e internacional pone a disposición todo el arsenal mediático para recoger y difundir sus declaraciones desde Miami.
Parece que la condición básica para convertirse en un portavoz válido de la oposición venezolana es la condición de delincuente. Basta con que se inicie una investigación sobre un personaje prominente, que se activen los mecanismos institucionales de investigación para determinar la responsabilidad de dicho personaje y se tomen las primeras medidas en función de su castigo. De inmediato, los representantes de la oposición asumen su defensa y revisten de respetabilidad y “autoridad moral” las palabras del acusado.
Pero del otro lado, tenemos consistencia y autoridad moral en el combate a la corrupción. Valga un ejemplo: Ana Elisa Osorio. La hemos visto del lado de la razón, de la justicia y de la Revolución en momentos claves de nuestra historia reciente. Su posición clara, valiente y profundamente comprometida con la Revolución en los días de abril de 2002 no admitía dudas de ningún tipo: “¡Esto es un golpe de Estado y hay que informarlo al mundo!”, resonó en los oídos de los venezolanos con el peso de una acusación rotunda.
En febrero de 2007 realizó una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia. Se trataba de denunciar al Juez Aponte Aponte por corrupto y exigir su destitución. “Corrupto=Traidor”, decía premonitoriamente una pancarta. “Fuera Aponte Aponte del TSJ”, apuntaba otra. Había entre los presentes gente que vino desde Ciudad Guayana exigiendo justicia. Se entregaría un documento que sustentaba la denuncia y la petición. Acudí a la protesta y allí Ana Elisa Osorio, a través de un megáfono hizo una denuncia pormenorizada del comportamiento judicial y los actos de corrupción en los cuales había incurrido el mencionado juez. Ilícitos que no sólo justificaban su expulsión del alto tribunal de justicia sino de todo el sistema judicial venezolano.
Hoy, cuando veo en la prensa opositora tomando como verdad las palabras de un juez acusado de estar relacionado con el narcotráfico y pretendiendo acusar a funcionarios del gobierno y dirigentes de la revolución, viene a mi memoria ese evento que testimonia posición moral oportuna. Sin duda, en un estado liberal burgués que agoniza, hay todavía mecanismos y vacíos que permiten que sujetos de esta catadura moral se cuelen y hagan de las suyas. Pero también resulta alentador constatar que se están activando los medios para detectarlos y juzgarlos como ocurre en este caso.
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