Hoy, 30 de julio de 2013, debe celebrarse la plenaria en la Asamblea Nacional, donde se allanará la inmunidad parlamentaria del diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua e integrante del partido de extrema derecha, Richard Mardo. El motivo de ese allanamiento de la inmunidad de la que goza este parlamentario es que el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la declaratoria de antejuicio de mérito por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Esta investigación la apoyamos, enmarcados en la línea de trabajo número 5 anunciada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para iniciar un nuevo ciclo dentro de nuestra Revolución Bolivariana, en el marco del 59 aniversario del nacimiento del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. La referida línea versa sobre el fortalecimiento de la "Eficiencia o Nada y la lucha contra la corrupción", y sin duda, también como lo expresó el Primer Mandatario Nacional, la peor corrupción es la que proviene de la derecha, de la burguesía amarilla, como se le llama ahora a los lechuguinos y petrimetres de Primero Justicia.
El diputado Pedro Carreño, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, expresó: "El caso de Mardo es interesante porque él asumió que recibió el dinero, pero alega que lo hizo para cumplir obras sociales. No obstante, el Código de Ética del funcionario público establece en el numeral 7 que debemos rechazar en cualquier caso y no solicitar para sí ni para terceros, pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que debamos prestar"
Asimismo, especificó que el primer delito en el que incurrió el diputado de Primero Justicia, enriquecimiento ilícito, se encuentra tipificado en los artículos 46, 61 y 71 de la Ley contra la Corrupción.
"Esos artículos precisan que el enriquecimiento ilícito ocurre cuando el funcionario público hubiera obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado, con relación a sus ingresos y que no se pudiese tipificar", agregó Carreño.
Recordó que como parte de la investigación se evidenció que Mardo mantuvo cuentas en diferentes instituciones bancarias, donde se registró un total de transacciones o movimientos en efectivos y cheques de más de 3 millardos de bolívares, durante el período comprendido entre febrero de 2009 y el 31 de enero de 2013.
"Todos los ingresos que tienen los ciudadanos que son funcionarios públicos -explicó Carreño- cuando se juramentan en el cargo, tienen 30 días hábiles para consignar su declaración jurada de patrimonio. En la de Mardo no aparecen estos ingresos y depósitos. Le mintió a la Contraloría General de la República e incurrió en el segundo delito que es defraudación tributaria y el tercer delito es la legitimación de capitales".
"Pero para que investiguen a un diputado, se requiere la autorización del Parlamento, y como el diputado está investido por un fuero que se llama inmunidad parlamentaria, para que sea investigado tiene que despojarse esta inmunidad; como él no lo hace de manera voluntaria, con este informe y la decisión que tome el TSJ, la plenaria tendrá que pronunciarse a mano alzada", refirió.
Lo cierto del caso es que, hoy se materializará el procedimiento preceptuado en el artículo 200 de nuestra Carta Magna, que al respecto, establece lo siguiente: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia."
Ya aparecieron algunos abogados, que de manera interesada y tergiversada, han tratado de manipular a la opinión pública expresando que para poder allanar la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, deben contar con los 2/3 de los votos de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 187 numeral 20. Supongo que los colegas que apoyan esta tesis no se han leído bien el artículo en cuestión porque, esta tesis de los 2/3 aplica para la separación temporal del diputado o diputada y que podrá acordarse por esos 2/3, pero no para su allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
Tampoco entiendo toda la alharaca que se ha armado por el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este diputado aragueño. En la IV República a muchos parlamentarios de la izquierda, le fué allanada su inmunidad parlamentaria, violando los más elementales derechos humanos, y peor aún, muchos diputados y senadores de la izquierda en aquel entonces fueron perseguidos y hasta asesinados sin siquiera respetarse la inmunidad parlamentaria de la que gozaban. En la Quinta República, no sería la primera vez que esto ocurre, porque respetando los procedimientos previstos en la Constitución, le fué allanada la inmunidad parlamentaria al entonces diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas, Wilmer Azuaje, para que afrontara el juicio de agresión a una dama policía del CICPC, cuando le fué robado su vehículo y que él, al momento de ir a recuperar el mismo en la sede de este cuerpo policial, presuntamente cometió contra dicha agresión esta fémina.
Pero lo cierto del caso es que, además del discurso opositor de que "Richard Mardo somos todos", lo quieren usar de excusa para tratar de embochinchar al país nuevamente. Ayer, en Maracay, en el Estado Aragua, un grupo que no pasaba de 70 personas tuvieron que ser detenidas por la Policía del Estado Aragua por intentar bloquear el tráfico y realizar guarimbas, a lo que ellos califican como "protestas". Hay que estar ojo avizor y tener cuidado, porque no usen el caso de este diputado como excusa para tratar de carburar hechos de violencia y desestabilización en dicha entidad federal o el resto del país, para sus aviezos y pervertidos propósitos.
Solo me resta señalarles a estos señores, que no se equivoquen, que si quieren repetir otro 11 de abril de 2002 en el país, la respuesta del Estado y del Pueblo Bolivariano y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana será contundente, será como aquel esplendoroso 13 de abril, 48 horas después de su felonía, pero en este oportunidad, será mucho más fulminante, y el proceso Revolucionario adoptaría un tono mucho más radical del que en estos momentos puede tener. Así que dejen quieto lo que está quieto.
