El escenario electoral municipal luce despejado y, con ello, la derrota del liderazgo negativo de Henrique Capriles Radonski, Corina Machado y Leopoldo López, la “trilogía del mal” como la definiera el Presidente Maduro. A partir de este próximo 8D, entrará al basurero de la historia como lo peor que ha tenido Venezuela en toda su historia: corrupción, aberración sexual, desprecio por los valores nacionales, desprecio por nuestro Pueblo más humilde, violencia, son algunos de los valores que han caracterizado ese tipo de dirigencia política que, el venidero 8D, tenemos como pueblo patriota, la obligación de enterrar en los estercoleros de nuestra historia patria.
La Habilitante se constituye en la herramienta clave para barrer las cenizas que queden del liderazgo negativo de la “trilogía del mal”. Como nota a resaltar, de las consecuencias nefastas de ese tipo de liderazgo, tenemos el balance presentado por la Fiscala Luisa Ortega Díaz, de la contraofensiva económica lanzada por el Gobierno Revolucionario: “26 personas privadas de libertad, han sido dictadas 34 medidas cautelares y se han librado 8 órdenes de aprehensión, en el marco del operativo que ejecuta el Ministerio Público en defensa de la economía y los precios justos” ( http://www.aporrea.org/
La realidad de la Venezuela de estos tiempos es, que el liderazgo del Presidente Maduro se ha fortalecido y hoy goza de las mayores simpatías del Pueblo venezolano. Si la preocupación del imperio de los EEUU es por “poderes para emitir decretos”, lo real es que el mayor poder con que cuenta –actualmente- el Presidente Maduro, son los poderes del Pueblo quien ve en él, un líder popular que se está colocando a la altura del momento presente.
Y mientras el Presidente Maduro se inserta en el sentimiento popular, tal cual lo hiciera nuestro Comandante Infinito Hugo Chávez, factores burocráticos regionales conspiran contra el fortalecimiento del liderazgo del Presidente Maduro. Carabobo se ha convertido en territorio donde se penaliza y criminaliza la actividad sindical, allí se ha enquistado, en nombre del funcionario José Aponte quien siendo militar activo, labora en el MINPPTRASS y desde ese organismo gubernamental ha establecido un contubernio con la burguesía apátrida. En el Ministerio del Trabajo carabobeño, las y los trabajadores de la Patria no tienen la posibilidad de acceder a la justicia laboral. Tal es el caso de las y los trabajadores del grupo Suoto, a quienes la patronal de la familia Souto en connivencia con funcionarios alejados de sus deberes patrióticos, arremetieron violentamente contra trabajadores y trabajadoras de la empresa, quienes hacían una protesta a lo interno de su entidad de trabajo, utilizando para ello a la Guardia Nacional Bolivariana y la policía regional. El resultado de esa actuación no puede ser más despreciable, 16 trabajadores heridos y 7 detenidos, como bien lo explica Gabriel Albino, secretario de finanzas del sindicato de pollos Souto: “La Policía Municipal de Bejuma comandados por Richard Antonio Alvarado y funcionarios de la Guardia Nacional violaron la cerradura de la empresa con soplete y entraron por la fuerza para atropellarnos, agredirnos y someternos a la fuerza. Nos cayeron a tiros, perdigones y golpes con rolos. Nos persiguieron por toda la empresa para agredirnos, incluso acompañado por el nieto del dueño que portaba pistola”, ese tipo de actuación típica de los gobiernos de la cuarta república, debemos rechazarla y cuestionarla, impropia de un gobierno que se define a sí mismo como obrerista y reivindicador del legado del Comandante Infinito Hugo Chávez. Por lo demás, como lo han denunciado los trabajadores, se trata de una empresa nada ejemplar: “El Grupo Souto tiene deudas al seguro social, no nos aceptan en ninguna clínica para ingreso por casos de salud, se nos fue el transporte de los trabajadores que lo tenía el sindicato porque no pagan” (Aporrea, 13-11-2013).
Desde estas páginas de Aporrea, nos sumamos al llamado de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, la ÚNETE, en procura de la inmediata libertad de los compatriotas trabajadores detenidos: Luismar Sevilla, Jesús García, William Guevara, Miguel Parra, José Terán, Maikel Sánchez y Aníbal Ruiz, éste último presuntamente con fractura de costillas, por ejercer su derecho pacífico a la protesta, por reivindicar su derecho constitucional a la contratación colectiva. Asimismo, no podemos dejar de llamar la atención del Presidente Maduro y la Ministra del Trabajo María Cristina Iglesias, en el sentido de revisar las actividades del MINPPTRASS en la entidad carabobeña, caracterizada por una alta conflictividad laboral, producto de un ente gubernamental alejado de su Misión de garantizar justicia para los débiles en la relación laboral: las y los trabajadores de la Patria. Urge pues, una Constituyente Laboral para refundar ese ministerio y colocarlo a tono con las premisas de justicia y de derecho que garantiza nuestra Constitución Bolivariana. Constituyen, ese tipo de actuaciones, causa de descontento popular y alejamiento de los buenos propósitos que el Presidente Maduro viene proclamando en beneficio del Pueblo trabajador. A revisar y rectificar, en el sentido de hacer sentir el legado de nuestro Comandante Chávez quien en conversatorio realizado en el Estado Vargas el 31-08-2012, les manifestaba su intención manifiesta: “Chávez está restea'o con los trabajadores y trabajadoras de la patria”.