Tantas veces ha anunciado la oposición de derecha la inminente caída del gobierno de Nicolás Maduro que muchos de sus partidarios -de oírlo tan reiterativamente en cada uno de los diferentes medios informativos existentes dentro y fuera del país- concluyen en admitirlo como un hecho, más que como una posibilidad. Con la excepción explicable de los chavistas, tal percepción es compartida, en uno u otro grado, por analistas, vista la situación de acoso violento que enfrenta desde hace más de cuatro meses consecutivos el gobierno a manos de grupos opositores extremistas. Tal situación quizás se agrave tras el triunfalismo electoral post-plebiscitario, pese a no contar con un resultado verificable y cuantificable, ya que la meta es proporcionarles un viso de legitimidad y legalidad a las aspiraciones de poder del sector antichavista. A tal grado, que ya muchos de sus representantes suponen que el «éxito» del plebiscito les estaría otorgando el derecho absolutista de gobernar a Venezuela, por encima del porcentaje contrario de ciudadanos que no votaron en su consulta ni forman parte de sus filas.
Esta convicción suya podría precipitar, indudablemente, una mayor escalada de violencia bajo la excusa interesada de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro e imponer su propia agenda política, la cual sería, a juzgar por lo que expresan sus seguidores en redes virtuales y medios informativos, de un contenido totalmente contrario a los diferentes cambios suscitados en el país en beneficio de los sectores populares; a la manera de lo hecho por los nuevos regímenes de Argentina y Brasil.
Este otro rasgo de la estrategia opositora (apoyada, de uno u otro modo, por la Fiscal General de la República) se ajusta a aquella previamente esperada por sus aliados extranjeros, sirviendo muy a propósito a lo intentado por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la Organización de Estados Americanos o en las Naciones Unidas, endilgándole la etiqueta de gobierno fallido al gobierno nacional y así justificar cualquier medida injerencista en territorio venezolano.
Considerando este importante detalle, no es difícil suponer que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente poco contribuirá a reducir la confrontación política en el país, sobre todo si los medios informativos a favor de la oposición disminuyen a diario su impacto e importancia, exaltando y explotando las deficiencias observadas en los distintos niveles de la administración pública, las cuales no podrían obviarse, creyendo que esto representa una traición y parcializarse con la oposición, cuestión que más bien contribuye le procura más argumentos a ésta en vez de fortalecer, como se juzga erróneamente, al chavismo.
Se debe tomar en cuenta que una revolución de rasgos populares y socialistas, como la que ha pretendido instaurar en Venezuela, ha de fundarse en todo instante sobre paradigmas totalmente distintos a los del orden establecido. Eso lo dicen quienes -de una u otra forma- contribuyeron a definirla, tanto en el aspecto político-filosófico como en el aspecto económico, sin olvidar lo propio en relación con la cultura y el nacimiento de una nueva conciencia social. Es lo que cualquiera pudiera resumir, o deducir, respecto a la propuesta revolucionaria del socialismo (de éste u otro siglo), sea donde sea que el mismo tenga altas probabilidades de iniciarse y de concretarse.
¿Qué les corresponderá cumplir a quienes se muestran dispuestos a impulsar un verdadero cambio revolucionario en Venezuela? Tendrán que contribuir efectivamente a la conformación inédita de instituciones de control populares -radicales- que logren la meta de erradicar la corrupción y el despotismo presentes en los diferentes niveles de lo que es actualmente el Estado, así como la influencia ejercida sobre el mismo por las corporaciones que manejan la economía, dentro y fuera del país. Quizás entonces pueda truncarse la aspiración de la derecha local y extranjera de disfrutar la caída de Maduro; dándosele un vuelco total a la presente situación de crisis por la que atraviesa Venezuela.
