No debería ser necesario decirlo, pero como el escenario político venezolano está tan contaminado de lo peor de la política, inicio este artículo señalando que estoy lejísimo de apoyar a candidatos como María Corina, lo cual incluye a un amplio número de quienes integraron en su momento a la MUD y fueron luego copartícipes de esa aventura nefasta que fue el gobierno "interino". Quienes me conocen o por lo menos leen algunos de mis artículos saben esto perfectamente. Estoy seguro también que no faltarán algunos que traten de descalificarme acusándome de ser chavecista o pro gobierno o enchufado o cualquier cosa que se les ocurra, lo que simplemente demostraría una vez más que la imbecilidad humana no tiene límites.
Creo que María Corina ha hecho méritos para ser juzgada, en su momento, por actividades cercanas a la traición a la patria. Ha ido más allá de simplemente opinar al respecto. Ha actuado beligerantemente contra la nación venezolna. Si sólo se tratara de opiniones, estaría totalmente en desacuerdo con las acusaciones que en este sentido se le han venido haciendo. Ratifico lo que he dicho muchas veces: en Venezuela no existe el delito de opinión y esa condición hay que defenderla por encima de muchas otras necesidades y derechos, pues es esencial a la libertad humana y ciudadana. En situaciones políticas como las actuales, con gobiernos autoritarios y distantes del respeto de los derechos humanos y ciudadanos, violadores consuetudinarios de sus propias leyes, opinar va siendo el único derecho que le va quedando a la sociedad.
Pero, además, el gobierno desestimó en esos momentos las supuestas acciones de traición a la Patria asumidas por la hoy precandidata presidencial, y no la enjuició, pese a controlar totalmente el sistema judicial, lo cual no sólo lo descalifica hoy para siquiera intentarlo, sino que lo hace responsable de haberla dejado totalmente en libertad para seguir actuando, como en efecto la ha hecho hasta el presente. Su participación en la OEA en 2014, como delegada alterna de Panamá, fue castigada por la Asamblea Nacional con su desincorporación y pérdida de la diputación obtenida en elecciones populares, lo cual fue ratificado después por el TSJ. En 2015, la Contraloría la inhabilita por haber denunciado la presencia de militares cubanos en nuestros cuarteles (no sé qué tiene que ver la contraloría con esta materia, pero así fue) y lo hizo por sólo 12 meses, los cuales hace tiempo transcurrieron.
Se ve que el gobierno no hace bien ni siquiera las trampas que lleva adelante en forma consuetudinaria. Debería ser un experto en inhabilitaciones políticas, pues lleva años haciéndolas, y no cometer los errores que comete, como es el uso inconstitucional de la Contraloría para esta infame actividad. Ésta puede inhabilitar para el desempeño de cargos públicos generados por nombramiento, pero es incompetente para aquellos cargos derivados de una elección popular. La Constitución es tajante y muy clara en ello: sólo una sentencia judicial firme puede despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos. Ah… Y no me vengan con el cuento de que el TSJ hizo una interpretación de la norma constitucional, pues se interpreta lo que está confuso, no lo que es meridianamente claro. El TSJ no tiene potestad para modificar la Constitución, ni la seriedad e independencia para interpretar absolutamente nada.
Por todo lo anterior, rechazo la inhabilitación política inconstitucional de María Corina Machado, que es una acción gubernamental dirigida a crear más desesperanza e incredulidad en la población en el sistema electoral venezolano y generar, de esa manera, un nivel de abstención que garantice el triunfo del PSUV. Cambiar al CNE e inhabilitar a María Corina son medidas que buscan disminuir la afluencia de electores en las presidenciales venideras, pues el gobierno sabe que ante una asistencia electoral masiva sería derrotado. La inhabilitación es expresión del temor que el gobierno le tiene a María Corina Machado, a la cual considera una candidata peligrosa en el escenario polarizado que seguramente se desarrollará en 2024.
Si no le temiera, la enfrentaría electoralmente. Si no lo hace, es porque le teme. A tal grado habrá llegado el deterioro del apoyo popular al gobierno de Nicolás Maduro, que hoy consideran a María Corina como una adversaria peligrosa.
