La Sala Electoral del TSJ habló. Ya dio su veredicto sobre la investigación de los resultados sobre las actas de escrutinios presentadas por el CNE, los partidos del Polo Patriótico y varios partidos de la oposición, certificando de manera inobjetable el peritaje y convalidando los resultados del 28 de julio emitidos por el CNE, donde se adjudicó y proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, para el período 2025-2031.

¿Qué esperaban los sectores opositores? ¿Esperaban que el TSJ declarara a Edmundo González como ganador? Me imagino que no.

Desde mi punto de vista, la Sala Electoral admite certifica "de manera irrestricta" LOS resultados de un proceso electoral presidencial del 28J que sigue estando enmarañado, girando en un manto de especulaciones sobre la falta de transparencia, un supuesto fraude electoral y pare de contar.

Pero la Sala Electoral, limitada en sus funciones en el marco de la Jurisdicción Electoral venezolana, sólo logró comparar actas de escrutinios, dejando un conjunto de escenarios de verificaciones y demostraciones de que el proceso y los resultados son transparentes y son copia fiel y exacta de la voluntad popular expresadas en el proceso de votación del pasado 28J.

La Sala Electoral no pudo cubrir el reconteo de mesa por mesa, pendrive por pendrive, urna por urna y comparación con las actas de escrutinios originales que contiene el sobre número 1 en resguardo de las FANB. Esos son realmente los instrumentos electorales que pudieran demostrar y garantizar que los resultados dados por el CNE están apegados al deseo del soberano.

Lo cierto, es que el CNE recupera sus funciones como órgano electoral de Venezuela y deberá publicar en la Gaceta Electoral los resultados mesas por mesas y centro por centro de votación antes del 29 de agosto con los resultados detallados.

Ahora el estado de derecho electoral vuelve a coger su causa y los electores y partidos políticos opositores podrán cotejar sus resultados con los que publique el CNE y comenzar la fase de reclamos e impugnaciones de mesas con base en las Leyes electorales, e incluso, podrían hacer solicitudes formales de una auditoria posterior detallada de las 30.060 mesas electorales por haber quedado inconformes con los resultados.

Ese escenario es posible, una vez que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, tuvo su derecho y oportunidad de denunciar y solicitar investigación judicial sobre las actas de escrutinios que tenía la oposición. No obstante, los opositores también pueden apelar a sus derechos legítimos y constitucionales, y podrían denunciar ilícitos electorales, nulidad de las votaciones de una mesa electoral, nulidad de Actas de escrutinios, subsanación del Acta Electoral e impugnar otras faltas del CNE como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Incluso, podrían solicitar la declaratoria de la nulidad de las elecciones y convocatoria de un nuevo proceso electoral si llegasen a demostrar fraude. Todo sería posible una vez que el Árbitro Electoral publique los resultados detallados en la Gaceta Electoral que corresponde de ley.

Es un derecho constitucional y ese derecho nunca debería ser vulnerado en un estado de Derecho democrático y de justicia como es Venezuela.

Desde una perspectiva crítica, lo más importante en este contexto, es recuperar la institucionalidad democrática, la confianza y la majestad del Poder Electoral que se logró alcanzar durante los últimos años. Hasta el 28 de Julio, el sistema electoral automatizado venezolano era uno de los mejores del mundo y eso hay que recuperarlo por encima de todo.

Evidentemente, que la publicación de los soportes de las mesas que convalidan los resultados electorales dados por el CNE es una necesidad apremiante para recuperar esa confianza y el respeto internacional del Consejo Nacional Electoral.

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