El 27 y 28 de febrero de 1989, recién estrenado el Gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, Venezuela se vio sacudida por violentas protestas populares espontáneas y sin liderazgo alguno, detonadas por el alza del pasaje en el transporte público que comenzaron en Guarenas y rápidamente se propagaron en Caracas y otras ciudades del país.

Esos eventos los conocemos como «El Caracazo» el día en que el pueblo «bajó de los cerros», un día que quedó grabado en la historia de Venezuela, el día en que el pueblo del país quinta reserva mundial de petróleo se levantó contra el sistema y las políticas neoliberales que lo habían sumido en la pobreza y la desesperanza.

Una ola de saqueos se desató, de manera particular en abastos, supermercados, carnicerías, establecimientos de artículos electrónicos y línea blanca, acción que fue objeto de una represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en especial la Fuerza Armada Nacional (FAN), quienes bajo la excusa de «restablecer el orden» arremetieron contra la población enardecida.

El presente trabajo especial en el marco de los 33 años del Caracazo visibiliza los hechos acaecidos ese 27 y 28 de Febrero, pero, sobre todo se enfoca en las causas estructurales que llevaron al pueblo llano a manifestar su rabia e indignación ante la imposición de una serie de medidas implementadas por el Ejecutivo cumpliendo órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), organismo que prestaría alrededor de 4.500 millones de dólares en tres años.

"La imposición del paquete de medidas ordenadas por el binomio compuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las directrices emanadas del Consenso de Washington fueron aplicadas en Venezuela a escasas semanas de la asunción al poder de Carlos Andrés Pérez. Esta decisión burló la esperanza del pueblo llano, quien en una manifestación espontánea y sin liderazgo de ningún tipo se lanzó a la calle a manifestar su frustración".

Así lo aseveró el economista y docente universitario, Vladimir Adrianza, durante entrevista al Sistema Radio Mundial en ocasión de conmemorarse 27 años del Caracazo. Destacó que durante más de 10 años en Venezuela se había acrecentado una situación de empobrecimiento que superaba el 60% de la población, de los cuales un 27% de ellos se encontraba en niveles de pobreza extrema e indigencia.

Categoriza el especialista al Caracazo como la primera manifestación realizada a escala mundial contra las políticas hambreadoras del FMI, producto a su juicio, de una crisis que venía "galopando" hacia tiempo causada por la irresponsabilidad de los gobiernos adeco-copeyanos y de los privilegios que disfrutaba la cúpula empresarial representada en organismos como Fedecámaras.

El especialista explica a manera de clarificar las causas de la rebelión popular que Venezuela venía de un proceso de endeudamiento gestado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), situación que de acuerdo a su análisis comprometió la soberanía económica del país. Ante este panorama al asumir la presidencia el también adeco Jaime Lusinchi (1984-1989), para solventar la situación apeló a las reservas internacionales causando su agotamiento.

Adrianza precisa que en 1989 al asumir Carlos Andrés Pérez, se consigue en las arcas de la nación un monto cercano a unos 300 millones de dólares en reservas operativas disponibles en el Banco Central de Venezuela, lo que a su juicio, apuró la aplicación de la receta del FMI y el Banco Mundial», implementación que estuvo a cargo del equipo económico de los llamados IESA Boys, Miguel Rodríguez y Ricardo Hausmann.

Pero, ¿qué incluían las medidas o paquetazo económico? Estas privilegiaban entre otros elementos, la privatización de las empresas básicas del país; la eliminación de los subsidios a los servicios públicos al pueblo; la eliminación del régimen de cambios diferenciales; la eliminación de restricciones para las tasas de interés; la eliminación de controles de precio; el incremento de los precios de la gasolina, el aumento del pasaje del transporte público en 100% en el periodo del 24 de febrero y el 27 de febrero de 1989.

Vladimir Adrianza caracteriza El Caracazo como un hecho que echó a andar la "máquina de la historia" en términos de las fuerzas que impulsó posteriormente. Cita al comandante Hugo Chávez, quien afirmara que «los hechos del 27 y 28 de Febrero permitió la concientización de miembros de la Fuerza Armada Nacional, la misma que reprimió las manifestaciones sin ningún tipo de entrenamiento u orientación»

En el mismo orden de ideas, el intelectual Luis Britto García analizando las causas de El Caracazo, explicó en febrero de 2012, que durante la administración de Carlos Andrés Pérez los bancos dejaron de lado su función de «intermediador» con el Estado, para dedicarse a la adquisición de subsidios especulativos, así como jugar en mesas de dinero. A su parecer esta situación arrinconó al Poder Popular al verse imposibilitado de acceder a créditos bancarios para la adquisición de viviendas u otros bienes .

Asimismo, en los ensayos y artículos reunidos en El Caracazo, publicado en 2014, en la colección «4F. La Revolución de Febrero», el periodista Federico Álvarez resume como detonante de la rebelión cívica, la pobreza crítica que superaba para el año 1989, a su juicio, un 30% con niveles de marginalidad situado en más del 50%, «es decir, las dos terceras partes de la población percibía ingresos económicos que bordeaban la frontera de la subsistencia».

Hechos

En horas de la mañana del 27 de febrero de 1989, la revuelta popular -iniciada en Guarenas- había llegado a la ciudad capital Caracas. En la tarde todos los comercios cerraron sus puertas.

Durante la noche iniciaron los saqueos a comercios, como supermercados, abastos, licorerías, carnicerías, líneas blancas, mueblerías, de computación, agencias bancarias, entre otros. Éstos fueron protagonizados por hombres, mujeres, ancianos y niños, así como algunos grupos violentos.

Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas y se limitaban a acciones preventivas. Sin embargo, ese 27 de febrero se generó la primera víctima, Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos de Parque Central, por un policía que le disparó perdigones en la cara y el cuello.

El 28 de febrero, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el plan "Ávila", mediante el cual ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso de armas de fuego. Como consecuencia, se emprendió una brutal represión contra la población.

El Gobierno decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con el que suspendió las garantías constitucionales dejando sin efecto por 10 días el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente.

El Ejecutivo envió cuatro mil soldados con tanquetas a las calles de Caracas para "restablecer" el orden. De acuerdo a testigos, los primeros grupos de militares se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que las personas continuaran bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero después empezaron a asesinar gente.

Aún cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaron disparando indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas. Allanaron casas en los barrios, supuestamente en busca de la mercadería, y a arrestar a los sospechosos.

Testigos relatan que durante esos fatídicos 27 y 28 de febrero, Caracas se llenó del eco de disparos de rifles y ametralladoras y cuando finalmente cesó el tiroteo la morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a la cantidad de heridos.

De acuerdo a las cifras oficiales los hechos de finales de febrero y principios de marzo de 1989 dejaron unos 300 muertos y más de mil heridos, pero reportes extraoficiales señalan que hubo unas dos mil personas fallecidas, miles de heridos e innumerables desaparecidos. También se registraron enormes pérdidas económicas y materiales.

Justicia por los caídos durante la revuelta

En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a 10 años de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social.

Aún no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.