Los estudiosos de la política aún no se han puesto de acuerdo para llegar a definir un asunto que ha penetrado hasta en los tuétanos de la vida de los ciudadanos. No es temerario observar que después de la aparición del Australopiteco, la política comenzó a drenar en la esfera de los seres humanos, aun cuando fue en la época de Platón y Aristóteles, en Atenas, cuando ésta comienza a pensarse como una ciencia. Los griegos dijeron lo suyo. Aristóteles, a quien se considera el padre de la Política por su obra sobre esta materia, concibió al hombre como “un animal político”. Los clásicos son de la opinión de que la política es el ejercicio del poder. Vladimir Ilich Lenín afirmó que si uno no se mete en la política, ésta terminará metiéndose en la vida nuestra. El sociólogo canadiense David Easton, autor de la teoría de los sistemas´políticos, apunta que nadie puede escapar de la política, porque está presente en todos los órdenes de la vida. Los pragmáticos defienden la tesis de que la política es el arte de lo posible. Otros sostienen que es el arte de penetrar los intersticios del poder. Karl Deutchs, profesor de la Universidad de Harvard, en la obra “Política y Gobierno” destaca que la política es la toma de decisiones por medios públicos, mientras que el hombre de la calle, por su lado, subraya que la política “es el arte de administrar los odios”.

En Venezuela la política ha llegado a tal extremo que difícilmente haya una conversación en la cual ésta no se haga presente. Y la actuación de quiénes ejercen funciones de gobierno ha contribuido, en gran manera, a que el ciudadano tome partido frente a los acontecimientos que inciden en su vida cotidiana. En las tres últimas décadas, en el país se ha venido alertando sobre las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas que asumen el ejercicio del poder y la penetración de dinero proveniente de los carteles de la droga de Colombia que sumieron, a esa nación suramericana, en una tragedia que socavó los cimientos de las instancias del poder público. Con honrosas excepciones, cualesquiera candidato o líder político en Colombia es sospechoso de su vinculación con los capos del narcotráfico. Es harto conocido los casos de la parapolítica, en la cual cerca de 70 parlamentarios colombianos han sido procesados por la Fiscalía y los tribunales de justicia de ese país, imputados por incurrir en este reprochable delito que sacude, también, al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con un informe del Pentágono y fuentes de la nación hermana. Venezuela no es ajena a la realidad colombiana. Desde finales de la década de los años 80 se ha advertido sobre la penetración del dinero sucio, proveniente de los negocios de la droga en la escena política del país, que hoy cobra mayor fuerza con el desplazamiento de los jefes de los carteles de la droga del territorio colombiano y el surgimiento de otras figuras que tienen presencia en el territorio venezolano, a través de distintas modalidades de los tentáculos del poder que involucran a funcionarios diplomáticos del país vecino.

Es público, comunicacional y notorio, las relaciones de Carlos Galvis Fajardo, ex cónsul de Colombia en Maracaibo con José Obdulio Gaviria, ex asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado con los Gaviria y la familia Ochoa, jefes del narcotráfico en Colombia, al igual que la esposa del mandatario colombiano que, según informes emanados de ese país, es prima de Fabio Ochoa, el mismo ciudadano que le regaló a Carlos Andrés Pérez un caballo de Paso identificado como “Cupido” y una yegua llamada “Porcelana”, valorados para el año 1988 en 80 mil dólares cada animal, los cuales fueron destinados a una finca de los amigos de CAP en la población de Rubio, estado Táchira. Galvis Fajardo es el mismo que en una conversación telefónica, posterior a las elecciones de gobernadores en noviembre de 2008, expresara su complacencia por el triunfo de César Pérez Vivas en el estado Táchira y Pablo Pérez Álvarez en el estado Zulia. Una fuente vinculada con el clero venezolano habría grabado una conversación con un ex funcionario de la DISIP y ex policía del municipio San Francisco, según la cual otro funcionario del vecino país que desempeñó funciones consulares en Maracaibo y que luego fue aspirante a la Alcaldía de Valledupar por el uribismo, presuntamente facilitaba operaciones encubiertas para el negocio de la droga desde un inmueble situado, en las inmediaciones de la Residencia Oficial, en la capital zuliana., al que asistían funcionarios que ocuparon puestos claves en el gobierno de Manuel Rosales.

Uno de los casos emblemáticos de la penetración del narcotráfico en la política venezolana ocurrió el 5 de febrero de 1987, cuando funcionarios de la DISIP detuvieron al diputado al Congreso Nacional por el partido OPINA, Hermócrates Castillo, con un alijo de 5 kilos y medio de cocaína, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, tras salir de Maracaibo. Castillo fue aprehendido en un vehículo Granada, con placas del Congreso, junto a Ely Pimentel, Joao Fernández y Darío Fernández, a quiénes se les sindicó de ser operadores del narcotráfico. Al parlamentario, los tribunales de justicia venezolanos lo condenaron, en 1989, a 29 años de prisión por la comisión de este hecho punible. En el año 1988, el periodista venezolano José Vicente Rangel señaló que “los capitales de la droga están tratando de meterse en la campaña electoral” y dijo tener información de que los capos de la droga se propusieron invertir en la campaña presidencial para comprometer a los candidatos y, al mismo tiempo, lavar el dinero sucio del narcotráfico internacional. Fueron públicas las acusaciones que formulara el dirigente de AD, Henry Ramos Allup, contra el candidato socialcristiano Eduardo Fernández, que lo vinculaban con Javier Uzcátegui, ex cónsul de Venezuela en Medellín, a quien le sindicaba de tener relación con los carteles de la droga en Colombia. Para esa época, también, salió a relucir la vinculación del dirigente de COPEI con Genaro Scaletta que era investigado por narcotráfico. El 16 de junio de 1991, funcionarios de la antigua DISIP capturaron a Adolfo Ramírez Torres, ex gobernador del Distrito Federal y hombre de confianza del ex presidente Jaime Lusinchi y Gonzalo Barrios, por estar ligado al tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En el año 1993, durante la campaña presidencial surgieron imputaciones contra el ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por parte de quiénes respaldaron la candidatura de Rafael Caldera, entre ellos Abdón Vivas Terán, quien advirtió sobre los ingentes recursos económicos utilizados por en la campaña presidencial por el hoy imputado por la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos de instigación pública a delinquir y difusión falsa de información, luego de aseverar que Venezuela facilita las operaciones del narcotráfico. Vivas Terán no descartó que la campaña electoral de OAP estaba siendo financiada con los dineros provenientesHay negocio de la droga. La reciente denuncia hecha por el parlamentario zuliano Mario Isea, desde las instalaciones de la Asamblea Nacional, según la cual los gobernadores Pablo Pérez Álvarez y César Pérez Vivas-al igual que el ex gobernador Manuel Rosales-tienen vinculación con el cartel de Medellín prende nuevamente la alarma en el escenario político venezolano. Semejante acusación debe contar con los medios de prueba suficientes que demuestren que la aseveración del parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no es descabellada, ni fue lanzada al voleo. Isea sabe que está en juego su credibilidad como político y compromete, al mismo tiempo, al gobierno revolucionario en los señalamientos que formulara contra los tres ciudadanos que militantan en la oposición venezolana. Hay claridad que en materia penal la responsabilidad personalísima.

El dirigente político zuliano emplazó a Pablo Pérez y César Pérez Vivas y, por consiguiente, a Rosales, a demostrar que no tienen nexos con los carteles de la droga, ni con Carlos y Jesús Gaviria, miembros del cartel de Medellín, cuyo jefe fue el desaparecido Pablo Escobar Gaviria, quiénes- según Isea- son amigos de Pablito Pérez, Pérez Vivas y Manuel Rosales. Tras esta acusación, el actual Gobernador del Zulia en lugar de dar un paso al frente como los hombres de honor y solicitar una investigación a la Fiscalía para probar su inocencia, aunque en Derecho se presume hasta que se demuestre lo contrario, el jefe del gobierno del Zulia prefirió huir hacia la derecha, calificando al diputado como “rebullón” como si esta denuncia formara parte de las novelas de Rómulo Gallegos. No, Pablito, pregúntale a tu candidato en el estado Táchira a la Asamblea Nacional sobre la intromisión de los barones de la droga en la política venezolana. Sería interesante que Mario Isea, también, actualizara la información acerca de las nuevas estructuras binacionales del narcotráfico y su poderoso influjo en el mercado cambiario, de los capitales e inversiones en el eje Bogotá-Cali-Medellín-la Costa Caribe del norte de Colombia, la región andina venezolana, el nororiente colombiano-Maracaibo-Panamá-centroamérica y la costa del Pacífico. El presidente Hugo Chávez acaba de ejecutar un golpe estratégico a los capitales de la droga que utilizan las casas de cambio y las bolsas para sus operaciones de lavado de dinero. Diputado Isea, pise el acelerador a fondo, no hay tregua en el combate; en política tiene validez el principio del maestro Sun Tzu que en la obra “El Arte de la Guerra” precisa que “quien toma la iniciativa gana la batalla”. Termino con las palabras del Jefe de Estado venezolano: ¡al enemigo ni agua!.

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