Táchira: Hidrosuroeste contra Chávez (II)

He escuchado al Presidente Chávez, en reiteradas oportunidades, hablando de los servicios públicos como soportes importantes y complementarios del bienestar general de la población, decir -entre otras cosas- que deben ser subsidiados por el Estado, explicando lo costoso que resulta llevarlos a cada uno de los ciudadanos.

Pero unas cosas dice el Presidente y otras -muy distintas- sostienen los burócratas de Hidrosuroeste en el Táchira, desde el jefe pa’ bajo. Dicen, por ejemplo, que a ellos no los subsidian, y que tienen una especie de supra-organismo encima de ellos, obligándolos a cobrar los aumentos que imponen cada año. Y hasta llegan a decir que ES Chávez quien impone esos aumentos. O sea que parodiando al refrán: una cosa dicen los burros y otra quien los arrea… Por lo que uno intuye o sospecha, que debe existir un doble discurso: Uno, que sostienen las “hidrológicas”, encabezadas por el Ministro del Ambiente y sus representantes en los estados,… y otro, que le oímos al Presidente Chávez a cada momento.

Los servicios públicos -en general- constituyen una actividad dirigida a la colectividad, de interés general y público, que presta el Estado en corresponsabilidad con la comunidad organizada, y deben llegar a los ciudadanos que conviven en un territorio determinado. Su finalidad es (o debería ser) satisfacer las necesidades que tengan un interés general y colectivo, y cuyo cumplimiento incida en el incremento de la calidad de vida del pueblo.

La prestación de los servicios públicos (como lo dice el Presidente) es una obligación constitucional asignada al Estado. Así se desprende del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… En especial, aquellos que entrañan el suministro de electricidad, el agua potable y el gas (como bien lo dice el Presidente a cada momento) a fin de proporcionar -si no a todos- al menos a una mayoría de la población venezolana, el mayor grado de bienestar posible respecto de tales necesidades que los ciudadanos no pueden proporcionarse por sí mismos.

El servicio del agua, que es en el que quiero hacer énfasis en esta oportunidad, debe estar regido -entre algunos principios (como el de la obligatoriedad, las mejoras constantes del mismo, la continuidad, la igualdad en la recepción, etc.)-, por el de LA TRANSPARENCIA, que sería aquello que permita a los usuarios estar informados acerca de la manera en que el servicio está organizado y la forma en que funciona, así como de los motivos de las decisiones -técnicas, operativas, económicas, etc.- tomadas, con las que son sorprendidos como destinatarios. Y es el caso que los sufridos usuarios no saben cómo funciona este servicio, cuyos resultados son cada vez peores (porque no mejora sino que empeora), que proporciona agua no precisamente transparente, que es discontinuo (porque lo suspenden a cada instante y la mayoría de las veces sin informar), y mucho menos -los usuarios- son avisados de los aumentos que las empresas hidro-ilógicas “solicitan a Caracas” y les son “autorizados”, contraviniendo las palabras del Presidente Chávez (esas que nos dice cada vez que puede, o sea, muy seguido, a través de la televisión), aumentos que se convierten -mes a mes- en votos en su contra y en contra de su gobierno.

El servicio de agua potable está catalogado como un servicio público ‘a domicilio’, es decir, que lo presta el Estado a los ciudadanos, directamente en sus viviendas. Pero además, es un derecho humano. Es un bien público. El agua, como fuente fundamental e insustituible de vida es -además- un bien común. Es patrimonio de la humanidad (o sea, de nosotros, los humanos). Y aunque otras formas de vida también la precisan, no debería estar ‘gerenciada’ por personajes de escaso entendimiento, o, en el caso que nos compete, por administradores que no siguen los líneamientos políticos del Presidente, Jefe supremo de la administración pública.

Por todas las razones anteriores este bien esencial no solamente es reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, sino universalmente. Tan es así que uno de los elementos esenciales para reducir la pobreza (como lo viene haciendo con éxito nuestro gobierno), está referido al acceso de las poblaciones al agua saludable, ofrecida como servicio público.

De los índices más importantes de desarrollo en nuestro planeta, el del acceso al agua potable es uno de los más importantes. Pero el señor que en el Táchira funge como responsable de tal fenómeno, está como empeñado en que este índice se reduzca a como dé lugar.

Y lo peor es que esto se produce en uno de los Estados del país con mayores precipitaciones pluviales, en uno de los Estados donde más llueve. En el Táchira solemos decir que “el mes en que menos llueve es Febrero, pero eso sucede porque Febrero tiene menos días…!!!”. Y no sólo llueve a borbotones, sino que el agua baja -por simple gravedad- de las montañas hacia las ciudades, pueblos y zonas más bajas de todo el territorio del Estado. No sucede por aquí como en otros lugares del país, a los que tienen que llevar el agua desde sitios bastante apartados, impulsándola con enormes y poderosas motobombas, que consumen enormes cantidades de combustible (gasoil, gasolina, etc.). En el Táchira, por el contrario, hay agua en cantidades ‘industriales’, y baja de las montañas por tuberías, sin ninguna clase de impulso artificial.

El servicio de agua, al igual que otros servicios básicos, sobre los que carecemos de poder de ordenación y disposición directa, produce lo que se denomina -en términos jurídico-económicos- “la menesterosidad social”, es decir la inestabilidad -o debilidad- de ‘su’ existencia. Y ante una situación como la que queremos señalar, le corresponde al Estado -como una de sus principales misiones-, la RESPONSABILIDAD de la procura existencial de sus ciudadanos. O dicho de otra forma: llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre (y a la mujer, por supuesto) las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo. Tarea que rebasa -holgadamente- las nociones clásicas de servicio público y/o política social (como lo dice y repite nuestro Presidente, pero, según dejan entrever en la empresa, ni el ministro del ambiente, ni el personaje que dirige Hidrosuroeste, no entienden… ).

A la luz de la Constitución de 1999, el Estado venezolano se constituyó en un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, que promueve como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y, en general, le preeminencia de los Derechos Humanos, así como LA ÉTICA, que debería idealmente ser ‘la ética socialista’… y no la antítesis neoliberal que parece guiar a las empresas suministradoras de agua en Venezuela.

En virtud de valores como los mencionados, el Estado tiene entre sus fines esenciales, la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo, y, en fin, la mayor suma de felicidad posible (como reiteradamente nos lo recuerda nuestro Presidente).

La Sala Constitucional de nuestro Tribunal Superior de Justicia ha expresado (en sentencia N° 385 del 27/03/2001) que el servicio público de distribución y suministro de agua potable está íntimamente relacionado con el Derecho a la Salud, a la Vida, a un Ambiente Sano… hechos expresamente reconocidos en los artículos 82, 83 y 127 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

LAS HIDROLÓGICAS CONTRA CHÁVEZ

De nada (o muy poco) vale que el Presidente se deslome trabajando día y noche para llevarle la mayor suma de felicidad posible a su pueblo, de aumentarle los salarios a los trabajadores, de homologar y asignar pensiones, de ayudar a ancianos y a discapacitados, de becar a estudiantes y trabajadores, de construir casas y apartamentos en cantidades nunca antes vistas…, si los pobres de este país son azotados por burócratas que aumentan de manera obscena las tarifas comerciales para que el pueblo pueda acceder al agua potable. El agua, muchas veces sucia, se la echan además al Presidente, cuando dicen (como me lo han dicho a mí) que “esos aumentos los impone Chávez…”. Y lo peor es que no contentos con la subidera absurda de tarifas, que hacen del agua el servicio más costoso que pagamos en el Táchira, y que a los pobres trabajadores les signifique disponer de más del 15 % del salario mínimo, para pagarla, … no contentos con esos abusos reiterados, al usuario que no paga, bien porque no pueda o porque se niegue a cohonestar el abuso, o porque introduzca un reclamo, le cortan el suministro del vital líquido..!

Hace pocas semanas, leí en Aporrea, que en el Estado Monagas está sucediendo algo similar. Entonces, Presidente Chávez, todo lo que usted nos habla sobre los servicios públicos: que deben servir para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y que deben estar subsidiados, de acuerdo con un sinnúmero de explicaciones que usted mismo nos ha dado por televisión… ¿ Será que no lo entienden estos burócratas mata-votos ? ¿ O es que -de verdad-, existe un doble discurso ?

Estos burócratas-gerentes, asesinos de votos a mansalva y atropelladores de la ciudadanía, por lo visto y oído, o no entienden ni papa lo que significa el actual proceso político (y ni siquiera han oído hablar de las “metas del milenio”), o están abiertamente (y afanosamente) trabajando por el fracaso de su experimento revolucionario, Presidente.

Podría apostar que menos de la tercera parte de los usuarios del servicio de agua (en Táchira) cuentan con medidores, tal y como lo establece la Ley (Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable…). Al no contar la mayoría de los usuarios con medidores, las empresas hidrológicas asumen alegremente el abuso de establecer unas llamadas “tarifas planas”, bastante ‘discrecionales’, y que por lo gordas, de planas nada tienen. Con esas discrecionales y fantasiosas tarifas, pretenden hacerle creer a uno, que cualquier vivienda (por muy modesta que sea) consume más de sesenta metros cúbicos de agua, mensualmente, como si todos tuviésemos negocios de autolavado en nuestras casas. Y eso lo imponen ‘a la bulla de los cocos’, porque -como digo- la mayoría de los usuarios no cuenta con medidores.

Por otra parte, se produce una verdadera aberración, cuando de manera compulsiva cobran por el servicio, cortándole el agua a conglomerados (como me consta) que apenas deben la factura del mes que acaba de terminar. O sea, que no están atrasados o ‘morosos’. Tal como les sucedió, hace apenas unos días, a un grupo de vecinos en un edificio residencial-comercial en la ciudad de San Cristóbal, a quienes como respuesta a un reclamo que introdujeron, porque en menos de siete (7) meses les aumentó la factura desde Bs. 5.646,40 a Bs. 23.916,59 (!), vinieron de la hidrológica, -en un aparente plan de venganza y amedrentamiento- y les cortaron el servicio para obligarlos a pagar por lo que estaban reclamando. Cuando la conserje salió a tratar de impedir el corte, y alegar que no tenían atraso alguno, y que lo que se debía era el último recibo, los funcionarios dijeron que tenían la orden expresa de la gerencia de cortar el agua, so pena de que les cortaran (a ellos) la cabeza… O sea que me pagas o te corto. O bien, me pagas o me pagas, y sin chistar.

¿ Y de lo que dice el Presidente ? Ni bolas le paran. Por su parte y mientras tanto, voceros de la oposición ya andan diciendo que estos cobros excesivos se están haciendo para ‘costear la campaña electoral del chavismo’. Y algunos venezolanos creen esto. Aunque sepamos que -sacando cuentas- con los votos que se pierden con estos absurdos manejos contrarrevolucionarios, el poder se aleja cada vez más. Y eso, como dice la cuña, “no tiene precio”… Lo último que supe, de la suerte que tiene la gente que vive en ese edificio, es que la factura les aumentó –¡otra vez!, como por arte de birlibirloque, de Bs. 23.916,59 a casi Bs. 64.000,oo !!! en menos de 3 meses… Peeerrrrrooooo…!!!

También conozco el caso de una humilde señora, que habita en una modestísima casita del centro de San Cristóbal, a la que sus facturas han aumentado, de Bs. 25,oo -que pagaba a fines del 2010- a más de trescientos bolívares (Bs. 300,oo) que le están cobrando actualmente. Si quieren ver los recibos, están a la orden.

Cuando la gente va a reclamar a Hidrosuroeste, le dicen que es que deben tener -casi con seguridad- algún “bote” de agua por algún lado. Pero en la mayoría de los casos, eso lo “intuyen”, porque como lo sostengo, no cuentan con medidores suficientes que puedan reflejar mayores consumos o desperdicios de agua. Como argumento repetitivo, le dicen eso a los usuarios que van a reclamar por los aumentos en los consumos (que nadie tiene la certeza de que “se midan”, por una parte porque no existen suficientes medidores, y por la otra porque los que están llamados a hacer “las mediciones” no las hacen), que debe ser, o que con seguridad tienen “un bote” o desperdicio de agua..! Pero resulta -también- que la empresa no tiene autoridad moral para hablar de ‘botes’ o desperdicios de agua, cuando uno ve en muchos lugares de nuestras ciudades o pueblos, verdaderos desperdicios de agua potable que duran días, semanas y meses, sin que la empresa se ocupe de controlarlos o detenerlos.

Por razones como ésta, y como las expuestas anteriormente, es que sostengo que estos asesinos de votos deben ser reemplazados con urgencia de cargos como los que tienen, porque están conspirando descaradamente contra la suerte del gobierno revolucionario, contra Chávez, y contra la recuperación de este territorio de manos de la ultraderecha.

Con los abusos cometidos por estos señores, se violan los derechos constitucionales contenidos en los artículos 43 (a la vida), 46 (a la integridad física), 83 (a la Salud), 80 (a la protección al anciano, en los casos -muchos- que corresponda), 156, apartado 29 (la prestación de servicios públicos como obligatoriedad del Estado), el 127 (que nos habla de que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de un ambiente seguro, sano…), el 82 (que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales…), y el 117 (que nos dice que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad…).

Entre las omisiones y ausencias del PSUV Táchira, que con su indolencia, negligencia, dejadez, etc., se hace cómplice de estos desafueros, y las decisiones contrarrevolucionarias de estos jefecitos, que no entienden de derechos humanos, por los lados del Táchira no le auguro ninguna ganancia a mi Presidente ni al candidato que ponga para gobernador. Resulta lamentable, pero esa es la situación…

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Manuel Rugeles A.


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