En San Cristóbal, en los últimos meses del año anterior y con continuidad en el año que comienza, se ha desatado una práctica criminal por parte de delincuentes, quienes por lo que se comenta provienen del vecino país y que han montado unas bandas que se dedican a robar en horas de la madrugada, las líneas eléctricas del alumbrado público y de paso dejar sin energía a vastos sectores de la ciudad y a residencias y comercios, con el alto costo que ello significa para el Estado que se ve obligado a invertir enormes cantidades de dinero en personal y materiales para subsanar los daños causados.
Más tarda Corpoelec en resolver el problema que las bandas delincuenciales en volver a robarse las líneas, que como son de cobre tienen un alto valor en el mercado negro de la vecina ciudad de Cúcuta a razón de 300 bolívares por kilogramo.
Esta semana en dos oportunidades sucedió lo que aquí narro en el sector donde tengo mi oficina y cuando Corpoelec acudió al llamado de los vecinos, nos dio rabia y frustración, por no decir dolor, oír a los funcionarios comentar que el problema se agrava cada vez más, porque cuando en alguna oportunidad han agarrado a alguno de esos delincuentes los dejan en libertad, como si hubiese complicidad entre ellos y las autoridades; contaba uno de estos funcionarios quien vivió la experiencia de comprobar que unos delincuente que encontraron substrayendo los cables de las tanquillas de los sótanos de un edificio fueron dejados en libertad prontamente.
Estos hechos que tienen alarmada a la población, denunciados por todos los medios de comunicación y ante las autoridades, siguen sucediendo noche a noche, han dejado barrios y urbanizaciones enteras sin luz, con los perjuicios que ello representa y nadie se explica por qué las autoridades no establecen estrategias para agarrar con las manos en la masa a estas bandas y sentar precedentes contundentes que incluya juzgarlos con todo el peso de la Ley, pues lo que hacen no puede llamarse de otra manera que un atentado contra la seguridad nacional.
Como se comenta en los sitios donde suceden estos hechos, bien podrían establecerse labores de inteligencia y seguimiento porque lo que se roban lo pasan para Colombia impunemente, se supone que con complicidad de funcionarios inescrupulosos y venales que se benefician económicamente por esa vía, así como con la sustracción de otros rubros como contrabando, causando un daño ya conocido y de grandes proporciones a la economía venezolana.
Los comentarios que se oyen son de desesperación indefensión y frustración lo que conlleva como es lógico a pérdida de credibilidad hacia las autoridades responsables de frenar a estos ladrones, culpándolas con razón por no hacer nada y no falta quien diga que la solución es un revocatorio para la primera autoridad civil del estado, quien llegó con fama de gran gerente, pero que como en este caso, lo de gerente parece que no le funciona para nada, pues ni siquiera se ha pronunciado públicamente sobre lo que ya es un delito generalizado que está afectando de manera grave a buena parte de la población, no sólo de la capital sino del estado en general.
Es doloroso para un revolucionario como quien esto escribe oírle estas apreciaciones, incluso a afectos al proceso, que por lo que manifiestan, pareciera tienen la firme convicción de que estos hechos se suscitan con tanta frecuencia por la complicidad de funcionarios que reciben su buena tajada de las ganancias que esos delitos le producen a los criminales que los cometen.
