Ante la mirada atónita de todo el pueblo neo espartano continúan los atropellos del Gobernador Alfredo Díaz; esta vez el centro de sus tropelías fue la Dirección Regional de Salud, donde como es ya costumbre, se presentó dicho ciudadano acompañado de un tumulto de gente, varios de ellos armados según testigos presenciales, para intimidar a todo el que se le ponga al paso.
El ciudadano Gobernador tiene una pugna por el manejo de los recursos de la salud en el estado, siendo él quien los administra pero ha incumplido hasta con el pago de la nómina de los trabajadores, y para justificar su desidia se presentó a agredir al Dr. Pedro Fernández, autoridad única de salud y al resto de su personal. Como recordarán esto es normal y corriente en el referido Gobernador, porque de manera violenta en otra ocasión, con puños y patadas agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Mariño, incluida mi persona, bajo el mismo modus operandi, con personas armadas y manifestando que es "guapo y apoyado".
Los violentos, con su jefe a la cabeza, irrumpieron agresivamente en la oficina de la dirección de salud, llamando al director: "incapaz, incompetente, usurpador"; gritándole "te había dado un chance, pero ya no más", amenazando con "tomar las oficinas" del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en el estado.
Gracias a Dios que al sitio se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de Polimariño, previendo un daño mayor, en virtud de que el Gobernador estaba acompañado por ciudadanos armados.
Desde nuestra tribuna le pedimos a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, porque ya basta de tanto abuso; por cuanto la situación encuadra entre los delitos tipificados en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la Asamblea Nacional Constituyente; además de los delitos tipificados en el Código Penal (CP) como el hurto (artículo 451) porque en el bululú se desaparecieron unos medicamentos; se cometió el delito contra las personas investidas de autoridad pública, (artículos 222, 223 CP); abuso de autoridad (artículo 203); porte ilícito de armas de fuego y otros delitos tipificados tanto en el Código Penal como en el resto de nuestro ordenamiento jurídico, ocasionado por la actitud abusiva y violenta del Gobernador.
