La disputa: ¿quién es dueño de la red?
La diatriba reciente sobre una legislación que intenta extender los derechos de la industria cultural sobre la circulación de contenidos en internet no es sólo una contienda entre el capital y los usuarios, tal como pudiera pensarse de las campañas en contra de estas leyes, sino especialmente es una contienda en el seno de los dueños del capital. En otras palabras, los proyectos de ley llevados al Congreso estadounidense y a los parlamentos de numerosos países en Europa y América, es la culminación de la disputa sobre quién es “propietario” de internet y, por tanto, quién tiene privilegio sobre las ganancias y sobre la toma de decisiones sobre la red. Los dos actores principales de la contienda son la industria cultural que genera los contenidos (películas, libros, música, etc.) y, por lo tanto, parte importante del flujo de datos de la red; y las empresas de desarrollo, que proporcionan las aplicaciones y la infraestructura (hardware y software) para que el flujo de información sea posible y para que la gran mayoría de los usuarios encuentren cómo comunicarse y hacer uso de internet.
En esta contienda, la industria cultural, generadora de contenidos, está luchando la batalla por la propiedad de internet apelando a los legisladores de EEUU (y de una buen número de países), apoyados por organismos multilaterales (como la OMPI y la OMC). Por su parte, las empresas de aplicaciones buscan el apoyo de los usuarios, tal como hemos visto recientemente en campañas como el blackout contra la ley SOPA, las cuales han servido para educar al público sobre la cuestión de la libertad de uso de internet. El vehículo principal de esta disputa es el interés mercantil, que atañe no sólo a las empresas implicadas directamente sino también a todas aquellas para las cuales internet forma parte de su esquema de negocios. Hasta los partidos políticos de los países del mundo capitalista tienen qué ver con la generación de riquezas a partir de internet, si bien en algunos casos de forma marginal, tal como por ejemplo por cuestiones de financiamiento de partidos y, obviamente, por los gastos en lobby.
Internet pasó de ser, como en sus inicios, un proyecto académico-militar, a convertirse en una actividad de la empresa privada1. Por varios años, los servicios de la red han venido penetrando la forma de vida de los países del centro y la periferia capitalista, hasta el punto de que ha transformado la manera en que se realizan algunos procesos fundamentales para las sociedades capitalistas actuales. En particular ha influido en las comunicaciones, ámbito en el cual es más evidente su impacto, pero también condiciona actualmente la generación de riqueza en actividades que son primordiales para los mercados del Norte, tales como la defensa y la producción de armamento, las finanzas, la medicina y la farmacéutica; además de la tecnología en sí misma. Estas actividades representan buena parte de los ingresos de los países en los cuales el conocimiento ha pasado a formar parte de los procesos de creación de valor mercantil.
Sin embargo, algo sucede con la red que no termina de convencer a empresarios e inversionistas: las nuevas tecnologías permiten el flujo de información a un costo relativamente bajo, además de que puede generar dinámicas incrementales en las cuales el conocimiento no solamente no se agota, sino que se transforma. Esto plantea retos interesantes para la dinámica de mercado, los cuales de seguro no han sido abordados de la mejor manera y, por tanto, han generado consecuencias a contracorriente del impulso que le proporciona el flujo de información a la sociedad2.
Puesto que la información puede transmitirse a un costo relativamente bajo, es susceptible de convertirse en un bien abundante. Pero la abundancia no es necesariamente rentable: desde la vieja lógica del capital, para obtener ganancias es imprescindible convertir la abundancia en escasez; por lo tanto, para monetizar el conocimiento es necesario convertirlo en un bien escaso. La necesidad de crear una escasez artificial – la información – se encuentra en la base del interés de las empresas para restringir el acceso a la información a través de medios jurídicos tales como las iniciativas ya conocidas. Y esto es pertinente no solamente para casos en los cuales las empresas pueden hacer un reclamo “legítimo” sobre su inversión (independientemente que se consideren legítimos los márgenes de ganancia que pretenden las empresas de contenidos por su actividad económica), sino incluso otros casos menos justificables como en el caso de las restricciones sobre publicaciones de vieja data pero que se encuentran disponibles nuevamente gracias a la red. En suma, el fin último de una empresa no es ni siquiera la fijación de precios ni el monopolio del mercado, e incluso la obtención de ganancias sobre la base de la especulación mercantil se convierte en un medio. El fin último es que la actividad económica genere excedentes permanentes en la forma de una renta, por lo cual ningún esfuerzo es suficiente para ampliar el margen de ganancias del negocio.
Así, después de años en los cuales las empresas han creado una nueva necesidad, la de compartir información a bajo costo, y una vez que dicha necesidad se encuentra bien enraizada en la sociedad de consumo, es previsible que algunos negociantes comiencen a buscar formas de hacer más rentable el negocio de internet. A partir de allí se entienden las acciones de algunas compañías emblemáticas que han ejecutado acciones tales como la unificación de los términos de servicios y la salida a la bolsa de valores. La mercantilización de los servicios de internet será una tendencia predominante en el contexto de la formulación de leyes que supuestamente tienen como único fin terminar con la violación de los derechos de propiedad intelectual.
El señuelo: la “piratería”.
Ciertamente, existe un hecho claro: la tecnología presente permite la copia de información de una forma mucho más importante que los medios que existen para restringirla. Por eso también, están surgiendo iniciativas tecnológicas para evitar la copia ilegal de contenidos, tales como los Digital Management Rights. En otros casos, el combate contra la copia ilegal representa una estrategia para mejorar el control sobre los bienes producidos y comercializados, tales como las modificaciones que está promoviendo Microsoft para el arranque de las máquinas de última generación (y que supuestamente no permitiría la instalación de otros sistemas operativos). E igualmente, las demandas contra los usuarios que descargan “ilegalmente” contenidos de la red se están convirtiendo en parte del modelo de negocios de algunas compañías de contenidos.
Sin embargo, como cualquiera podría advertir, la piratería representa una consecuencia lógica de la dinámica de oferta y demanda: si un bien posee cierta demanda pero es inaccesible para los usuarios, surgirán otros proveedores que intenten cerrar la brecha hacia los consumidores. La principal razón de que surjan negocios de copia es que la tecnología que existe lo facilita significativamente. Pero entonces, ¿habrá llegado la hora, para las empresas, de restringir el desarrollo de la tecnología con el propósito de mantener su ganancia, esto es, su renta? No solamente es así, sino que, como hemos visto, el combate a la piratería se está convirtiendo en una actividad lucrativa. Lo que los productores defienden es su derecho legalmente establecido a conservar el derecho a obtener beneficios patrimoniales de su inversión. Por más que una revisión exhaustiva de la estructura de costos de las industrias culturales revelaría seguramente que sus ganancias superan por mucho a sus costos (al fin y al cabo, nos encontramos en una sociedad que consume desaforadamente “entretenimiento”), resulta más interesante realizar la crítica por otro lado y afirmar, como se ha hecho en otras ocasiones, que lo que resulta disfuncional no es solamente la legislación ni los mecanismos de protección, sino precisamente el “modelo de negocios” sobre el que se basa las empresas culturales, y que continúa respondiendo a criterios que surgieron en el auge del modo de producción industrial.
La reacción: ¿basada en el inmediatismo?
Esto no quiere decir que pensemos que la copia libre de contenidos generados por la industria cultural debe ser la consigna a defender por quienes apoyan el derecho a compartir información. No tanto porque la piratería coloca a las empresas que facilitan esta actividad en el ancho margen de la ilegalidad capitalista, sino precisamente, en sentido inverso, porque la piratería mantiene la dependencia de la industria cultural y de los patrones de consumo que la sostienen (simplemente, nos permite participar en el mercado capitalista en cuanto que consumidores, aunque con un costo menor que el que imponen las empresas). El cierre reciente de una página de descargas de libros (library.nu), debe generar no solamente el despecho de quienes, especialmente en los países de la periferia, hacen uso de este tipo de herramientas para acceder a conocimiento generado en las instituciones académicas y editoriales de los países del centro capitalista. Sino también deben llevarnos a cuestionar las estructuras de generación de conocimientos que otorgan prestigio a estas instituciones y, como reacción, deben conducirnos a preguntarnos por nuestras bibliotecas alternativas, por nuestros intelectuales copyleft, por el papel de los Estados y de los centros educativos en la difusión del conocimiento. De este modo, caeríamos en la cuenta de que las grandes editoriales sirven a una forma de geopolítica del conocimiento que privilegia los saberes del Norte contra los saberes del Sur global, y que esta clase de herramientas, por más que imponderables – puesto que somos parte de este mundo – no necesariamente nos ayudan a superar la dependencia que tenemos con respecto a los centros mundiales de producción de conocimientos. La dinámica que quisiéramos ver consolidada es radicalmente diferente, e implica que las personas dejen de ser simples consumidores y comiencen a formar parte de redes de producción, financiamiento y, por supuesto, de divulgación de conocimientos.
En otro ámbito se encuentran los movimientos de hackers que se suscriben al hacktivismo contemporáneo. Ciertamente, podríamos preguntarnos si los hackers no están haciendo el trabajo de la policía, y si sus ataques no serán más “efectistas” que “efectivos”. En este momento, la lógica de la “seguridad nacional” está equiparando a los hackers con el terrorismo (concepto manipulado hasta el extremo como demuestra Naomi Klein en La doctrina del shock), por lo cual se permite perseguirlos con fuerzas policiales (a pesar de que sus ataques se encuentran orientados generalmente empresas privadas que son elegidas como víctimas de su filosofía); se aprueba la extradición de personas que utilizan los medios de información para descargar y liberar data masivamente; encuentra excusas para rastrear la identidad de los usuarios y busca formas de monitorizar el flujo de información legítima o no (la diferencia está en la manera en que afecta a la industria y a los consumidores). Aunque posiblemente Wikileaks merezca una mención aparte en el sentido de que no pertenece a este grupo, la mayoría de los movimientos de hackers están logrando que los entes de seguridad del mundo capitalista equiparen al hacktivismo con la delincuencia, y están perdiendo de vista el papel educativo que deberían cumplir. Así, mientras desde hace un rato los ejércitos más poderosos del mundo han comenzado a desplegar divisiones militares orientadas al campo de los conflictos cibernéticos, las “demostraciones de fuerza” de los hackers no hacen mucho más que brindar instrucción a las fuerzas represivas sobre sus métodos y capacidades. Su impacto real debe estar, como hemos dicho, en cumplir una función educativa y organizativa en la masa de usuarios de todo el mundo.
De este modo, tal como sucedió en el siglo XX, cuando los extremistas libertarios lograron que se asociara con la violencia todo lo que tuviera que ver con el anarquismo, y permitieron que se disipara la crítica fundamental al poder del Estado, los hackers están logrando que los vinculen directamente con el terrorismo, dejando de lado la difusión de las cualidades intrínsecas de su posición. De forma análoga al caso de la piratería, el hacktivismo puede ser utilizado de forma propagandística por ciertas fuerzas para desacreditar los esfuerzos legítimos para organizar una resistencia formada a la coacción jurídica emprendida por empresas y gobiernos. Esto sucede a pesar de que, si como afirma el internacionalista estadounidense Joseph Nye, el hacktivismo no es más que una “molestia”; entre las amenazas reales se encuentran la guerra y el espionaje cibernético (asociados con los Estados), así como el crimen y el terrorismo cibernético (asociados con actores extra-estatales)3. De aquí a que comiencen a desacreditarse actividades beneficiosas tales como el desarrollo de software y hardware libre no hay necesariamente mucho trecho, más aún cuando sabemos que las empresas suelen encubrir sus actividades monopólicas con el argumento de la protección de la propiedad intelectual, como en el caso del “arranque seguro” promovido por Microsoft. Por otra parte, para apreciar mejor el doble rasero de la legislación existente, no hay más que ver de qué manera se tratan los casos en los que no son los hacktivistas sino las grandes empresas las que hacen uso de la información personal de los usuarios, muchas veces de forma encubierta, con fines puramente mercantiles.
El próximo hito: la creación de contenidos.
Ahora bien, lo que hace conocida a internet no es propiamente su infraestructura. En otras palabras, los usuarios comunes saben qué servicios presta cualquier página de videos, pero en comparación, no necesariamente saben lo que es el HTML, o qué requerimientos de hardware mantienen la red. Esto es lo que suele suceder con los productos tecnológicos modernos, tales como el cine y la televisión: son mucho menos conocidos y comprendidos por sus prestaciones – las cuales sin embargo son experimentadas y valoradas – y mucho más conocidos por el tipo de contenidos que transmiten y que los popularizan. Ya en los años 70, Brzezinski reconocía que EEUU tenía mayor presencia en los medios masivos y, por lo tanto, poseía mayor influencia cultural que otras potencias4. De allí que reducir la dependencia de la industria cultural pase por abordar la tarea de generar dinámicas de generación de contenidos para la red. Incluso, podría decirse que esta debería ser una tarea estratégica para los generadores de políticas públicas en el ámbito de la información.
Sin embargo, vemos que muchas veces se proponen acciones en la dirección contraria. Por ejemplo, los órganos multilaterales que proponen políticas a los gobiernos para su entrada en la “sociedad de la información y del conocimiento” suelen hacer énfasis en las condiciones de “acceso y uso” de las tecnologías más que en las aptitudes educativas y en la generación de contenidos para la web, por más que existan casos excepcionales. Aún a riesgo de generalizar en extremo, es claro que las políticas de acceso y uso tienden a traer a relieve los problemas de infraestructura de red y de servicios que existen en la región; por lo tanto, para que la “sociedad de la información” pueda “advenir” a nuestros países, es necesario realizar inversiones para mejorar las condiciones de acceso de la población. No se trata aquí de desconocer este problema, ya que ciertamente la infraestructura digital es una condición necesaria para favorecer la apropiación social de las tecnologías de la información. Pero es importante reconocer que si no se aborda con igual ímpetu el problema de la generación de contenidos, lo que se estaría promoviendo entonces es simplemente la extensión del carácter privado y mercantil de la red. Al enfocarse en políticas de acceso y uso los entes multilaterales están haciéndole el trabajo a la industria, al recomendar a los gobiernos que asuman el costo de inversión de la infraestructura digital, generalmente ejecutada por el sector privado, al mismo tiempo que éste conserva el control privado de las aplicaciones y los contenidos. De esta forma, las empresas pueden trasladar el costo de la infraestructura a los gobiernos, quienes además les pagan para que implementen los servicios sobre una base privativa.
En torno a una red del Pueblo y para el Pueblo.
Si estamos en lo correcto con estas apreciaciones, la realidad es que la internet actual, tal como la conocemos, es fundamentalmente una actividad económica que, si no se controla adecuadamente, termina por tener influencia en todos los demás ámbitos de la vida social desde la lógica de la reproducción de capital. Apenas es necesario advertir que, para los países del centro capitalista, el conocimiento es un “nuevo oro”. Las dinámicas de generación y mercantilización de conocimientos facilitan la construcción de industrias que generan grandes capitales en un sentido clásico, razón por la cual estas actividades tienen una participación cada vez más importante en el stock total de capitales. Pero además, la “economía del conocimiento” permite el surgimiento de actividades económicas no convencionales, tales como la compra-venta de patentes (los países del Norte – y sólo una minoría – son los que obtienen más ingresos por este concepto). Y aunque a los países del Sur les parezca como una realidad distante, la verdad es que la “economía de la información” se encuentra mucho más cerca de lo que puede pensarse gracias, por ejemplo, a los efectos globales de una geopolítica del conocimiento orientada hacia los centros de poder y de generación de riquezas, lo que se evidencia, por ejemplo, en la dependencia de nuestros marcos regulatorios de la legislación que surge en los países del centro capitalista.
Por ahora, las alternativas parecen utópicas. Ya hemos mencionado que uno de los puntos determinantes es romper la dependencia con la industria cultural, la cual queda establecida económica y cognitivamente por los patrones de consumo ya establecidos, así como por las regulaciones existentes. En el centro de las ambiciones de las empresas se encuentra la lógica del monopolio: a mayor margen de ganancia mayor será la renta. Es imprescindible romper la cadena apoyando formas alternativas de generación de productos culturales, y prefiriendo éstos a los productos de las grandes compañías. La industria cultural ha logrado hacer creer a las personas que no son capaces de crear y, al contrario, todos los pueblos son capaces de generar sus propias manifestaciones culturales. Hacer nuestro propio cine, radio y televisión; narrar nuestras historias, a partir de dinámicas organizadas desde el nivel más local posible, y luego formar redes en las cuales se intercambien los contenidos, pueden ser formas que ayuden a cambiar la cultura de consumo sobre los productos de la industria cultural.
No por esto debe olvidarse el ámbito de las aplicaciones. La reacción a la dependencia de la industria cultural debe proporcionar el aliento para crear formas alternativas de construir y compartir conocimientos. Tanto como esto es necesario formar conocimiento sobre cómo funciona la red, desde el punto de vista del software y del hardware, así como también cuáles son las condiciones políticas, económicas y culturales que la sostienen. En todo esto el movimiento de software libre puede prestar un apoyo importante.
Igualmente es necesario superar la concepción que hace énfasis en las cualidades del producto (descritas ejemplarmente por las cuatro libertades del software), y prestar atención también a las condiciones del proceso de desarrollo, es decir, de las interacciones que se establecen y del fin último que persigue el trabajo invertido. Al fin y al cabo, suponer la existencia de un conocimiento “libre” implica más que garantizar la posibilidad de acceder, transformar y reproducir un producto informático (por más que estas condiciones sean de valor imponderable). Visto de formas más integral, el conocimiento libre debe ser el paradigma que oriente un proceso de liberación del saber y del trabajo humano, de las condiciones de enajenación a las cuales se encuentra sometido en el mundo actual. Si el conocimiento libre solamente se materializa en productos, será sólo eso, pero si sirve como pretexto para formar otros modos de comprender el mundo y de organizar el trabajo, entonces tendrá verdaderamente una virtud transformadora5.
Finalmente, si los usuarios (sea cual sea su carácter, ya que tampoco podemos caer en la ingenuidad de creer en un usuario abstracto que sólo busca formas de ejercer la libertad), desean hacer valer sus intereses en la red, deberán organizarse para crear condiciones que permitan la apropiación social del conocimiento sobre la infraestructura y la generación de contenidos. Es necesario buscar el control sobre las fuerzas empresariales que gobiernan la red, para lo cual existen medios legislativos ya establecidos. Paralelamente, puede ser necesario utilizar estrategias de presión económica para democratizar el destino de internet. Pero finalmente, es posible que pueda vencer a internet sea una red paralela, pensada y sostenida a partir de los intereses y el conocimiento de grupos de usuarios, y levantada sobre sus conocimientos y sobre una infraestructura pensada para ello.
1Almirón, N. (2002). Los amos de la globalización. Internet y poder en la era de la información. Barcelona, España: Plaza y Janés.
2David, P. y Foray, D. (2002). “Fundamentos económicos de la Sociedad del Conocimiento”. Revista Comercio Exterior, 52 (6), 472-490.
3Nye, J. (10-04-2012). “Cyber War and Peace”. Disponible en http://www.project-syndicate.org/commentary/cyber-war-and-peace
4Brzezinsky, Z. (1970). Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era. New York, EEUU: The Viking Press.
5Roca, S. (11-11-2011). “Del conocimiento libre a la comprensión cognitiva”. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139133
roca.santiago@gmail.com
