Para la comunidad de software libre venezolana, el convenio que el gobierno venezolano firmó en 2007 con la nación uruguaya en materia de tecnologías fue vergonzoso. Tres años antes, años el Presidente Hugo Chávez había firmado el Decreto Presidencial 3.390 para la migración a software libre de toda la plataforma del Estado venezolano, pero el convenio que se firmó con Uruguay lo violaba flagrantemente, pautando la adquisición de licencias de un software propietario llamado “Genexus”, desarrollado por la empresa uruguaya Artech en un convenio por varios millones de dólares. Este software generaba, a partir de diagramas y modelados, el código fuente de las aplicaciones que debía usar nuestro Estado, pero al ser una aplicación propietaria violaba el decreto firmado por el Comandante en Jefe.

El dibujar diagramas en una caja negra y que ésta te genere el código fuente de tus programas definitivamente no es soberanía tecnológica. Peor aún: se desconocía el hecho de que en Venezuela existen suficientes técnicos e ingenieros calificados para el desarrollo de aplicaciones y que nuestro país tiene mucha más experiencia en materia de desarrollo de software libre. Para nada se requería pagar a Uruguay millones de dólares para la compra de un programa que generara código fuente.

Muchos camaradas escribieron decenas de artículos en Aporrea tratando de llamar la atención sobre la situación. Finalmente, el gobierno venezolano decidió reestructurar el acuerdo, pautándose con Uruguay la creación del proyecto Altagracia, una versión de Genexus en software libre. Sin embargo, después de varios años Altagracia se estancó y dejamos de recibir noticias sobre el mismo.

El pasado 7 de mayo, muchos nos preocupamos con un comentario del Presidente Nicolás Maduro, quien indicó que se firmaría un nuevo convenio en materia de software libre con Uruguay. Maduro no dio mayores detalles al respecto, lo cual repercutió en que muchos miembros de la comunidad venezolana de software libre prendieran las alertas.

Afortunadamente, varios camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología contactaron a las vocerías de varios colectivos de la Comunidad de Software Libre a través del Comité de Tecnologías de Información Libres, organizando una reunión la semana pasada para darles detalles al respecto, siempre indicándonos que la información era verídica pero extraoficial pues ellos no han sido autorizados por el Ministerio como voceros para este tema. Sin embargo, les interesa muchoque vayan conociéndose esta información entre las comunidades para evitar descontentos innecesarios.

Se nos explicó que el convenio con Uruguay es complejo e involucra muchos ministerios, no sólo Ciencia y Tecnología. Se nos insistió en que, en esta ocasión, es Uruguay la que está interesada en los desarrollos que Venezuela posee en software libre, y no al revés. Sin embargo, Venezuela reconoce la experiencia de Uruguay en procesos y metodologías, en áreas como gobierno electrónico e interoperabilidad, y está interesada en conocer su arquitectura y forma de solucionar los problemas, más no las herramientas en especial porque Uruguay utiliza herramientas privativas que no nos interesan.

También se nos informó que hace un año el CNTI ordenó el cierre administrativo de Altagracia. El proyecto se detuvo debido al poco interés de Venezuela en esa tecnología, y además había un problema filosófico de base: nadie estaba obligado a liberar el código fuente que se había trabajado. Para cerrar administrativamente el proyecto tiene que rendirse todo lo que se entregó como anticipo (533 mil dólares), dado que los objetivos del proyecto no se cubrieron. “El proyecto, sin embargo, básicamente se terminó, aunque las pruebas no nos permiten tener un sistema funcional, con lo cual ese sistema no nos sirve para lo que queremos hacer en el país”, se nos dijo. En estos momentos se negocia y discute con Uruguay cómo hacer la devolución, posiblemente a través de servicios o metodologías por parte de Uruguay hacia Venezuela, pero NO con herramientas de software.

Otro tema incluido en el convenio es la certificación de empresas para que puedan ofrecer servicios comerciales con países aliados. Hay interés en conocer esa experiencia para ver cómo podría hacerse, a través de estándares como BPM y BPMn, conociendo enfoques metodológicos, organizativos, asesorías y financiamiento para adecuación de las empresas.

Autores: Comité de Voceros de Tecnologías de Información Libres.

• Mariángela Petrizzo
• Nerissa Aguilera
• Stephenson Prieto
• Elías Cisneros
• Octavio Rossell
• Luis Ernesto Rivero
• Ernesto Cabrera
• Luigino Bracci
• José Leonel Subero
• Peter Blanco
• Joan Espinoza