Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, llovieron las controversias en torno a la forma como la empresa Twitter trató los reportes de presuntas violaciones de derechos de autor denunciadas por el Comité Olímpico Internacional. Como bien denunciamos en su momento, mi cuenta Twitter fue suspendida (la empresa me aseguró en tres ocasiones que era una suspensión permanente) por haber publicado vídeos cortos tomados de la inauguración de los Juegos, así como de dos competencias de nadadores venezolanos.
Luego de eso, el periodista estadounidense Jim Weber, especialista en deportes, informó que su cuenta de Twitter también fue suspendida el pasado 20 de agosto por publicar un GIF animado de la gimnasta estadounidense Aly Raisman, que él encontró en la página web Reddit y desde allí lo subió a Twitter. A Weber se le informó que la suspensión era permanente, y de no haber sido por la controversia que se formó, probablemente no se le hubiera retornado su cuenta.
También se han reportado otros casos de periodistas y comunicadores afectados por esta medida. Uno de ellos es el periodista argentino Damián M. Verdasco, quien denunció que su cuenta anterior @ranamatius también fue suspendida por una presunta violación de derechos de autor. Hasta los momentos, su suspensión es permanente.
Ahora bien, algo que me ha asombrado enormemente, es la gran velocidad con la que Twitter responde ante casos de presuntas violaciones de derechos de autor y la severidad de las sanciones, en comparación con amenazas de muerte y otro tipo de ataques en los que se pueda estar poniendo en peligro la vida de personas. Evidentemente hay un gran interés en las redes sociales en resolver rápidamente todo lo que huela a copyright, mientras que amenazas a la vida de personas o la estabilidad de un país es algo muy secundario.
En este artículo, he copiado capturas de numerosos tuits dirigidos a una mujer, funcionaria pública de mi país, Venezuela: Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución que realiza las elecciones y los procesos relacionados con las mismas. Los tuits han sido emitidos en los últimos meses y contienen amenazas de muerte contra dicha funcionaria.
(son muchos más tuits; podrá ver otros más abajo)
En Venezuela existe una creciente polarización por el conflicto político iniciado en 2013 tras la desaparición física del Presidente Hugo Chávez. Polarización que se expresa por redes sociales, muy populares en el país: de nuestros 30 millones de habitantes, al menos 13 millones tienen cuenta en Facebook, según el sitio web Owloo, estando Venezuela en el puesto 33 de países con más usuarios en esa red social.
En realidad, este conflicto no inició en 2013, sino mucho antes. Venezuela es un país con inmensos recursos de todo tipo. Según The CIA World Factbook, Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Es uno de los países con mayores reservas de oro de América Latina. También tiene inmensas reservas de hierro, aluminio y coltán, entre otros minerales. Cuenta con inmensos recursos naturales, agua potable en abundancia, una gran biodiversidad y tierras cultivables de excelente calidad.
Muchos estamos convencidos de que el conflicto que vive el país no es por violaciones a los derechos humanos ni por crisis humanitarias, sino por el interés de potencias extranjeras y empresas transnacionales para adueñarse de todos estos recursos.
Crisis de 2016
La muerte de Chávez, la caída de los precios petroleros y la falta de fiscalización del control de cambios por parte del gobierno, causó una crisis sin precedentes que empresarios locales y la oposición política han sabido aprovechar, creando, a través de acciones de acaparamiento, especulación y contrabando, una severa escasez de productos de todo tipo, con el fin de causar un gran malestar en toda la población.
Y por supuesto que hay malestar: Los venezolanos debemos dedicar horas de nuestro día a día a hacer enormes colas para conseguir productos alimenticios importantes, cuyo precio estaba regulado por la ley, como arroz, leche, pastas, pan, pañales y productos de higiene personal. Otros productos se siguen consiguiendo normalmente, pero a precios muy altos. Hemos tenido que cambiar nuestra dieta, modificar costumbres y recortar muchos gastos. Además, ocurren los casos típicos de aparición de revendedores y especuladores que se aprovechan de nuestros problemas para ganar grandes cantidades de dinero.
El gobierno ayuda a los sectores más desfavorecidos con bolsas de productos que se venden a precios subsidiados; Maduro, además, hace aumentos salariales cada pocos meses de acuerdo a la inflación, que es muy elevada, y mantiene los principales servicios públicos bajo la regulación del Estado, con el fin de evitar que se disparen los precios. Igualmente, plantea, a través de 15 ejes industriales y en alianza con países como China, Rusia o Irán, la creación de nuevos emprendimientos que, a mediano plazo, puedan producir en nuestro países diferentes productos y materias primas que antes se importaban con petróleo barato.
Sin embargo, no es un secreto que existe mucho desánimo, porque no se ve a corto plazo una solución a los problemas que vivimos.
Referendo revocatorio
Una de las acciones que intenta la oposición es la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial para sacar al Presidente Nicolás Maduro del poder, aprovechando justamente este malestar que hay en la población.
Los pasos para convocar este referendo son determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir de reglamentos realizados en el año 2007. En resumen, toda la controversia está en si el referendo se convoca antes o después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen los primeros cuatro años del período presidencial de seis años para el cual fue elegido Maduro:
- Si el referendo se realiza antes de esa fecha y Maduro lo pierde, la Constitución dicta que deben realizarse nuevas elecciones.
- Si se realiza después y Maduro es revocado, la Carta Magna dicta que el Vicepresidente debe culminar los dos años que quedan del período presidencial.
La oposición, obviamente, no quiere pasar dos años más con un presidente chavista: quiere nuevas elecciones y exige que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017. El CNE ya informó que, con las mismas leyes y reglamentos usados desde 2007, es imposible convocar el referendo antes de enero de 2017, pues el mismo requiere numerosos pasos: las elecciones de Venezuela están entre las más auditadas del mundo, y se requiere la presencia y validación por parte de expertos tanto del oficialismo como de la oposición, en cada uno de sus pasos, incluyendo la revisión de las máquinas electorales, su código fuente y la plataforma de transmisión y conteo.
Por estas razones, vemos que, a través de Twitter, llueven las amenazas y ataques contra la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Se llama a asesinarla, se invoca su muerte de todas las formas posibles, incluso recordando que ella padeció de cáncer.
Le instamos a que usted mismo vea los tuits y opine si es apropiado que, a través de una red social (que, al fin y al cabo, es un medio de comunicación) se emitan mensajes como estos, que han sido reportados en numerosas ocasiones y la empresa Twitter casi nunca procede.
Si bien es cierto que la mayoría de estos tuits son anónimos, las leyes en Venezuela dicen que, si en un medio de comunicación se emiten mensajes anónimos que violan las leyes, los responsables por dichos mensajes son los propietarios y responsables legales de dicho medio de comunicación.
Lamentablemente, la empresa Twitter no está constituida en Venezuela, por lo que no hay forma de hacerla responder ante nuestros tribunales. Dependerá de nuestras autoridades si se logra el nivel de diálogo necesario para que Twitter y demás empresas de redes sociales, que ofrecen sus servicios a millones de venezolanos, se comprometan a cumplir nuestras leyes.
El calendario para el referendo se dará a conocer el 16 o 17 de septiembre, pero, para ejercer presión, la oposición está convocando para este jueves 1 de septiembre una marcha conocida como "la gran Toma de Caracas". Según explican voceros gubernamentales, incluyendo al propio Presidente Nicolás Maduro, todo indica que esta marcha intentará reeditar la violencia de las marchas de febrero, marzo y abril de 2014, conocidas como "La Salida", que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos.
Y la polarización nuevamente vuelve a crecer. Estos son tuits de este sábado 26 de agosto en la noche. Para encontrarlos, sólo tuve que buscar la etiqueta #LeDoyPlomoSi (que estuvo de segundo lugar en las tendencias de Twitter aquel día, y ya por sí misma constituye un llamado a la violencia) y el apellido del presidente venezolano:
Hay que recordar lo ocurrido en 2014 en las redes sociales, cuando se volvió normal amenazar de muerte a los chavistas desde cuentas en Twitter tan reconocidas como la de Willie Colón o la del militar Angel Vivas, sin que hubiera ninguna sanción al respecto. En ese momento, escribimos el artículo "John Kerry, Internet y la Libertad de Expresión en Venezuela durante 2014" en el que documentamos cómo las amenazas, que incluían la publicación de las direcciones de habitación de personas chavistas y el llamado a agredirlos, se volvió algo común y sin castigo. Incluyó además ataques a periodistas y comunicadores venezolanos afines o relacionados con el chavismo.
De allí que nos preguntamos: ¿Cómo es que sitios web como Twitter o Youtube pueden detectar en tiempo real que se suban videos y canciones que violan derechos de autor y bloquearlos de inmediato, pero no pueden detectar palabras y frases que constituyen amenazas de muerte contra personas y ciudadanos venezolanos?
Durante las Olimpiadas de Río 2016, el canal en vivo de Venezolana en Televisión en Youtube fue bloqueado en numerosas ocasiones, de forma automática, cada vez que Youtube detectaba que VTV transmitía contenido de los Juegos Olímpicos.
Youtube también bloqueó un video del programa "En Contacto con Maduro" #63 que subí y duraba 4 horas y 15 minutos, debido a que contenía menos de 2 minutos de video de las Olimpiadas mostrando el desempeño de una atleta venezolana. Youtube bloqueó el video apenas terminó de subir; tuve que editarlo, colocar en negro el fragmento en cuestión y volver a subirlo, para que Youtube lo aceptara.
En Youtube se suben al menos 400 horas de video por minuto, según explicó su directora ejecutiva, Susan Wojcicki, en julio de 2015. Imaginemos la tecnología y el poder de procesamiento que debe tener Youtube para monitorear en tiempo real cada streaming que se realiza y cada archivo que se sube, buscando violaciones de derechos de autor que son castigadas de inmediato.
Si Youtube puede decodificar y detectar en tiempo real las huellas y códigos incrustados en un video para denotar su origen, ¿no puede Twitter detectar también determinadas palabras que constituyen amenazas de muerte o llamados a la violencia?
Hace pocos días, Twitter anunció que ha suspendido 235 mil cuentas desde febrero de 2016, por promover el terrorismo y apoyar al Estado Islámico (Daesh). En la nota de prensa de Twitter, se señala que "no existe un 'algoritmo mágico' para identificar contenido de terroristas en Internet". Y sí, es verdad que no existe un algoritmo absolutamente infalible para detectar amenazas de muerte y lenguaje violento.
Pero, por otro lado, para mí fue muy sencillo hallar tuits amenazando de muerte a Tibisay Lucena. Sólo tuve que usar el buscador de Twitter y escribir "matar tibisay", "moriras tibisay" y otras frases similares para encontrar decenas de tuits como los arriba mostrados.
En cambio, cuando intenté buscar tuits amenazando de muerte a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, no encontré ni uno solo. Busqué frases como "die Obama", "kill Obama" y similares, y no pude encontrar ni un sólo tuit llamando a asesinar a un personaje conocido en todo país del mundo, que cuenta con un alto nivel de rechazo y que dirige un país acusado con frecuencia de bombardear pueblos y países inocentes. Todo parece indicar que Twitter actúa con rapidez cuando un mensaje como ese aparece en su red social.
Entenderán entonces por qué a mí, como Licenciado en Computación egresado de la Universidad Central de Venezuela, me cuesta mucho creer los alegatos de Twitter de que no se puede crear un algoritmo para intentar detectar amenazas de muerte y otros tipos de llamados al terrorismo. Lo que sí creo, es que no ha habido interés alguno por parte de estas empresas de redes sociales en cumplir nuestras leyes, ni ha habido la presión suficiente de parte de nuestros gobiernos latinoamericanos en obligarles a cumplirlas.
Por último, nótese que en ningún momento estamos hablando de la libertad de expresión. Todos los venezolanos tiene derecho a expresar en redes sociales su posición en torno al Consejo Nacional Electoral y el trabajo de funcionarios públicos, como Tibisay Lucena. Pero una cosa es expresar nuestra aprobación o rechazo a su trabajo, y otro es amenazarla de muerte.
