Una gran roncha mundial ha levantado la determinación de Venezuela de transformar nuestra ley de propiedad industrial, para permitir el acceso de la gente a los medicamentos y otros elementos industriales que son objeto de patentamiento.

Busca nuestro gobierno abrir el camino a nuestra independencia tecnológica, con el declarado fin de que la inventiva de nuestros genios sea útil para todo el pueblo, y cerrarle el paso a las triquiñuelas por medio de las cuales las grandes corporaciones extranjeras le añaden un simple colorante a un producto y lo patentan como innovación, o para un nuevo uso, con el objeto de prolongar el monopolio, logrando así impedir que otras empresas públicas o privadas lo produzcan, para mantener los precios usureros en beneficio de la codicia de los dueños de esas empresas. En su afán de acumulación, no les importan ni las empresas nacionales ni muchísimo menos el pueblo.

En el seno de todos los órganos multilaterales involucrados en la protección de los intereses de esas corporaciones transnacionales surgen “expertos” que nos mandan consejitos de parte de sus patronos.
Un tal David Vivas Eugui, miembro del ICTSD, algo así como Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible, ha publicado un documento (en inglés), en el cual dice, con las palabras más “light” del proimperialismo profesional, que el gobierno venezolano debe “proteger” las innovaciones en el marco de las normas de la OMPI y la OMC, en respeto del reglamento económico colonial que los países del Norte nos impusieron.

Dice Vivas Eugui que “La declaración de Doha permite a los países tomar medidas para proteger la salud pública, y anima a los países a utilizar las flexibilidades de los ADPIC”.
Son mentiras, que han sido introducidos en los tratados dominantes para que algo que es malo para nosotros parezca no tan malo y para mostrarnos falsas salidas que al final están cerradas, o conducen a un abismo.
Las “flexibilidades” para los países en desarrollo sólo pueden implementarse dentro del propio país, y para producir ciertos medicamentos se necesita poseer cierta tecnología que muchos no tenemos, por lo cual debería contratarse a otro país que sí la tenga, pero como el tratado no lo permite, volvemos al círculo vicioso. No podemos.

Tampoco podríamos realizar ningún convenio con los países del ALBA, porque está fuera de los permisos que nos otorgan “graciosamente” los imperios.

El “experto” dice más adelante que “La orientación del sistema de propiedad intelectual en Venezuela parece tomar dos tendencias. El primero es un soporte positivo hacia la innovación, la difusión de tecnología y el acceso a las medicinas. El segundo sentido es más ideológicamente conducido y apunta hacia la “nacionalización” de empresas, tanto extranjeras como locales, (subrayado mío) siendo el caso muy claramente demostrable con las recientes expropiaciones. Este proceso podría ser extendido más tarde a los “activos intangibles”.

Quedando al descubierto la verdadera preocupación de los que le pagan a este empleado de alto sueldo: Que nuestro país pueda ejercer su soberanía en todos los aspectos y que nuestras invenciones, llamados “activos intangibles”, queden libres de la apropiación por parte del puñado de multimillonarios que son dueños de las empresas.

Este sujeto nos recuerda que estamos amarrados con el convenio que firmaron los gobiernos de la cuarta república: “En el campo de las Patentes, la ley aplicable debería ser compatible con los acuerdos ADPIC, entonces esto necesitaría ser revisado si Venezuela todavía quiere cumplir con las obligaciones internacionales bajo la OMC y la OMPI. Ejemplos de esta situación son la exclusión de la patentabilidad en el caso de alimentos y bebidas, y las medicinas de cualquier clase”. Y remata con la afirmación de la mentira mayor: Que otros países “Protegen las invenciones”, cuando la verdad es que el sistema de patentes lo que protege son los intereses de los titulares del derecho al monopolio de los bienes patentados: Las corporaciones que le pagan a Vivas Eugui y a otros no-patriotas.

Pasa el empleado este a sugerir que debemos examinar bien antes de entregar patentes: “Por ejemplo en los Estados Unidos, de acuerdo a un estudio de la Comisión Federal de Comercio, en un litigio sobre patentes farmacéuticas, en el 73% de los casos dá la razón a los productores genéricos, anulando en muchos casos varias patentes y reclamaciones debido a la carencia de cumplimiento de los criterios básicos de patentabilidad”.
Nuestro país está actuando soberanamente en relación a los productos que no tienen altura inventiva suficiente, y desmontando las triquiñuelas con que quieren lograr la prolongación del monopolio de producción y eso ha hecho descender la cantidad de patentes otorgadas, lo cual ha sido protestado por los cancerberos de los magnates farmacéuticos.

Reconoce Vivas Eugui la existencia de críticas “sobre el efecto de la fuerte protección de las patentes sobre las medicinas, especialmente en países en desarrollo. Hay numerosas razones para esto, incluso la alta concentración del suministro en la mano de pocas multinacionales, el agresivo uso de carteras de patentes que afectan la producción local y el comercio internacional, y el uso de prácticas abusivas. También provisiones en el campo de las patentes y la protección de datos de prueba incluidos en las obligaciones de los ADPIC” (...) “debido al efecto potencialmente negativo sobre los precios de las medicinas”.

Sin embargo, su recomendación es que Venezuela busque “acuerdos” con las empresas privadas (con sus patronos) “para el suministro de medicinas genéricas” (que) “podrían ser un modo de aumentar el suministro y facilitar el acceso a medicinas, de ser manejadas en una manera competitiva (subrayado mío). Esto es posible en áreas donde el conocimiento está en el dominio público, no hay ninguna patente, una patente ha sido revocada, o hay una licencia obligatoria”. Es decir, sin salirse del sistema, y sin posibilidades de una política soberana en relación a la tecnología.

Al final del documento, Vivas Eugui tiene que decir lo que realmente preocupa a sus jefes: “Una área adicional de tensión entre el productor de genéricos y el gobierno podría ser posibles controles de precios o potenciales expropiaciones en el sector”. Luego recomienda que, para obtener “un más amplio apoyo”, desacoplemos las políticas acerca de las innovaciones de “otros objetivos políticos”
¿De cuáles otros objetivos? ¿de la soberanía? ¿de la protección del derecho fundamental del pueblo a la salud?


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