1. América Latina: teatro de operaciones del “Programa Phoenix” mundial

El significado de todo evento se deriva de su contexto. El contexto que explica la prohibición de la visita de Uribe a Caracas está dado por tres paradigmas: a) la preservación, a sangre y fuego, de la Doctrina Monroe, b) la destrucción del proceso de paz de Contadora en los años ochenta y, c) la Operación Phoenix de Vietnam.

2. Pros y contras de la pretendida solución diplomática

El encuentro entre los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe (3 de febrero) en Caracas fue cancelado por Bush, porque la Casa Blanca concluía correctamente que la visita de Uribe ---dentro de un contexto de enormes éxitos políticos de Hugo Chávez en Brasil y Argentina--- equivaldría a una derrota táctica de su peón andino y su propio Plan Colombia. Y Uribe se acostó obedientemente “enfermo”, seguramente un tanto agradecido, porque, al menos, no lo envenenaron por su herejía, como hicieron con el Presidente Yasser Arafat.

Las expectativas del encuentro habían sido altas: se llegaría al fin del conflicto diplomático bilateral en torno a los lineamientos que el Presidente Chávez había adelantado en Buenos Aires: "Una vez que Colombia emite un comunicado en el que, en lenguaje diplomático, aceptan que van a investigar y dicen que eso no se va a repetir, que hay que respetar la soberanía de los pueblos hemos dicho: ´bueno, el impasse está casi solucionado´".

Un arreglo diplomático de este tipo hubiera sido un compromiso que permitía a ambos gobiernos superar el conflicto, sin perder la cara. En términos futbolísticos se trataba de un empate. El perdedor táctico sería Washington.

Para los pueblos latinoamericanos esa solución no era óptima, porque no se aprovechaba al máximo el grave error de Uribe, para debilitarlo decisivamente en lo político y en el Plan Colombia. Para lograrlo, se hubiera insistido en una disculpa y las sanciones económicas. Sin embargo, la correlación de fuerzas entre los Estados involucrados, probablemente no permitió tal victoria, tan necesitada para la paz interna de Colombia y la seguridad del espacio andino, hecho por el cual se tenía que optar por la formula adelantada por el Presidente Chávez y consensuada con Cuba, Brasil, Argentina y Perú.

3. Washington quiere la destrucción, no la solución negociada

La idea de que Bush-Uribe aceptasen una solución racional y latinoamericana del conflicto, llevaba un doble pecado de origen. En primer lugar, es evidente que el trío delincuencial Bush-Rice-Rumsfeld practica la misma política en América Latina, que usó Ronald Reagan contra el gobierno sandinista en los años ochenta: destrucción subversiva y bloqueo de toda solución negociada, como, por ejemplo, la del Grupo de Contadora.

Es importante actualizarse en la lógica de esa derrota de la diplomacia latinoamericana que trató de resolver de manera negociada el conflicto centroamericano a través del Grupo de Contadora y que en 1986 había encontrado en los llamados “Principios del Mensaje de Caraballeda” (Venezuela), la formula para la paz en el istmo centroamericano. A tal grado, que el 14 de enero de 1986, los cinco gobiernos centroamericanos se adhirieron públicamente a esos principios mediante la “Declaración de Guatemala”; pero, tan solo, para cancelar a los pocos días su compromiso, bajo las ordenes de Washington que insistía en la destrucción militar-económica del sandinismo.

En segundo lugar, llegar a un arreglo negociado con Uribe solo sería posible bajo el supuesto de que se tratara de un Presidente autónomo. Este supuesto es doblemente ficticio. Uribe está vinculado estructuralmente al imperialismo y a la oligarquía colombiana, en, al menos, cuatro aspectos: a) por la documentación de su narcopasado con Pablo Escobar, que obra en manos de los servicios de Washington; b) por el apoyo militar-económico de Washington y sus coincidentes intereses transnacionales; c) por su perfil psicológico que lo ubica al lado de Tomás de Torquemada, como el clásico tecnócrata del terror de Estado y, d) por su escala de valores que coincide plenamente con la de la camarilla dominante de la Casa Blanca.

4. La derrota táctica no altera el plan estratégico

Al recular Uribe, por órdenes de Bush, ha demostrado que él no manda nada en su país; que no es más que un procónsul que exporta el terrorismo de Estado. Y aunque fuese a parar dentro de unos ocho días a Caracas, lo que es poco probable, y sea cual fuese el resultado del encuentro entre ambos presidentes, y firme lo que firme, seguirá siendo el enemigo estratégico número uno de los pueblos, democracias y Estados progresistas latinoamericanos y seguirá siendo el operador número uno del Monroeismo militar y terrorista de Bush en América Latina.

5. Vietnam a escala mundial – la Operación Phoenix

El “Programa Phoenix” fue creado por la CIA en 1967, para destruir mediante asesinatos, secuestros y torturas sistemáticos la infraestructura civil del Movimiento de Liberación Nacional de Vietnam (Vietcong). Alrededor de ochenta mil personas fueron asesinadas en Vietnam bajo ese programa que no solo ha sido reactivado como modelo para varios aspectos del orwelliano Department of Homeland Security de Bush, sino también como plan de terrorismo de Estado a nivel global.

Preguntado sobre si era necesario que el gobierno de Bush reestableciera un “programa de identificación y asesinato” de adversarios específicos, como el Program Phoenix, el General William G. Boykin, sustituto del subsecretario del Pentagono para asuntos de inteligencia (Deputy Under Secretary of Defense for Intelligence) contestó que: “Matar o capturar a esa gente es una misión legítima para el Pentágono y el proceso inter-ministerial”, que coordina la política de seguridad nacional. “Creo que estamos haciendo lo que el Program Phoenix quería hacer. Sólo que le quitamos todos esos aires de secretividad”. (“I think we´re doing what the Phoenix program was designed to do, without all of the secrecy.”)

A tal propósito el Pentágono ha creado, con el apoyo del Congreso, un segundo Leviatán al lado de la CIA. Dentro de la Agencia de Inteligencia Militar (Defense Intelligence Agency), el Ministro de Guerra, Donald Rumsfeld, ha organizado una nueva unidad clandestina de inteligencia y el Congreso ha autorizado por primera vez en la historia de postguerra, un fondo anual de 25 millones de dólares para las fuerzas especiales del Pentágono, que estas pueden usar directamente para “apoyar a fuerzas extranjeras, fuerzas irregulares, grupos o individuos” que ayudan a las misiones contra “el terrorismo”.

Es decir, desde la corrupción de funcionarios internacionales hasta la contratación de escuadrones de la muerte, las Fuerzas Especiales estadounidenses pueden hacer lo que quieran en el mundo, sin supervisión jurídica de ninguna índole, simplemente invocando la “guerra contra el terrorismo”.

Junto con los centros clandestinos de tortura, desapariciones y asesinatos, que Washington mantiene de forma directa o indirecta en Jordania, Egipto, Afganistán, Irak y múltiples otros lugares, el mantenimiento de líneas aéreas clandestinas para transferir los secuestrados de un lugar del globo a otro, el desconocimiento total de la Convención de Ginebra y la Operación Phoenix a nivel mundial, el trio Bush-Rumsfeld-Rice han creado la Primera Internacional del Terror eficiente, que ha conocido la historia humana.

6. Parte de Guerra del teatro andino de operaciones

6.1 Alerta roja

A medianoche del miércoles, 19 de enero, sonó el teléfono del canciller venezolano. Era una llamada internacional muy urgente. Advertía la voz, que las Fuerzas Armadas de Colombia, bajo el mando del Presidente Álvaro Uribe, habían sido puestas en estado de “alerta roja”: el máximo estado de alerta que conocen.

Poco después sonó el teléfono en otra instancia del Estado venezolano. Desde otro rincón de la aldea global, se le advertía sobre la maniobra de Uribe y sus generales. El plan general de Bush-Uribe, de provocar un incidente militar, era conocido en esa instancia, inclusive con detalles que no son públicos. La pregunta para los analistas era, si la puesta en “alerta roja” de las Fuerzas Armadas colombianas señalizaba el inicio de la agresión o si respondía a otros objetivos.

La información original había emanado de fuentes militares estadounidenses y parecía segura. Sin embargo, Uribe y Bush no habían logrado crear el apoyo político internacional en torno al secuestro de Rodrigo Granda, que era imprescindible para pasar a la segunda fase de su plan de agresión: un incidente militar capaz de legitimar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En consecuencia, los analistas llegaron a la conclusión que el hecho servía para funciones de inteligencia, en particular, medir el nivel de información y la capacidad de reacción del Presidente Hugo Chávez y de las Fuerzas Armadas venezolanas, ante un futuro escenario real. De todas formas, ante el despliegue de alrededor de 50 mil tropas en los departamentos del centro-norte colombiano, y otras decenas de miles en el sur, muchas de ellas de elite, entrenadas por Washington, no dejaba de ser preocupante la medida del máximo exponente del terrorismo de Estado en América Latina.

6.2 Expulsión de la ONU

Es inminente la expulsión de facto del comisionado especial del Secretario General de la ONU en el proceso de paz de Colombia, James Le Moyne, solicitado en noviembre del 2004 por Uribe a Kofi Annan. La independencia de Le Moyne, su conocimiento del problema colombiano, y su seriedad constructiva, al igual que su oposición a la estrecha colaboración de Uribe con los paramilitares, lo habían convertido en persona non grata para el Presidente. Su expulsión callará una voz crítica frente a la política de terror de Uribe y hace recordar el retiro de los observadores de la ONU en Irak como medida necesaria para facilitar la agresión militar estadounidense.

Le Moyne, ex reportero del The New York Times e hijo de una familia de militares estadounidenses había participado durante tres años en las negociaciones de paz en San Vicente de Caguán y disfrutaba de la confianza de las FARC. Cuando el comandante de las FARC, Simón Trinidad, fue secuestrado por la CIA y las policías colombianas y ecuatorianas en Quito, su misión había sido mantener negociaciones confidenciales con Le Moyne y un representante del gobierno francés sobre el intercambio de prisioneros.

6.3 Acuerdos de intercambio de inteligencia

Los acuerdos sobre intercambio de personal militar y de inteligencia entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, consensuados por los respectivos Ministros de Defensa, General Jorge García Carneiro y el empresario colombiano Jorge Alberto Uribe, en el Ministerio de Defensa de Venezuela, los días 14 y 15 de diciembre, fueron un avance importante en la estrategia de Bush-Uribe, de alinear los Estados colindantes en la nueva Operación Condor que en parte se realiza sobre convenios entre los servicios, y en parte, mediante acciones unilaterales de Bush-Uribe.

Estos acuerdos complementan convenios realizados el año pasado con el Perú en las cuales el general Murazzo Carrillo, comandante de la policia peruana, se reunió con la cúpula de la policía colombiana con el fin de “fortalecer la red de inteligencia entre los dos países, crear mejores medios para intercambiar información en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de armas y de explosivos” y para fortalecer “el pie de fuerza en la frontera colombiana con el fin de cerrar el paso a miembros de los grupos armados ilegales y evitar acciones ilícitas”.

Dentro de estos acuerdos, en agosto de 2004, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe y su homólogo del Perú, General (r) Roberto Chiabra León, instalaron en Bogotá el seminario “Las Campañas Contra el Terrorismo en Colombia y Perú: Un Análisis En Perspectiva Comparada”. El evento, donde se compartieron las experiencias de ambos países en la lucha contra el terrorismo, contaba con la presencia de un “destacado grupo de panelistas y moderadores, entre los que se destacan el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Carlos Alberto Ospina, el general del Aire, Aurelio Crovetto Yañez, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el doctor Jorge Noguera Cote, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el doctor Thomas A. Marks, consultor en riesgo político, experto en insurgencia maoísta.”

Uribe destacó la importancia del intercambio de las experiencias que ambos países han tenido en la lucha contra el terrorismo mientras que Roberto Chiabra, afirmó que “con adversarios como es el narcoterrorismo no podemos hablar mucho de tiempo, sino de metas. Una de esas metas es este intercambio de experiencias, tenemos cosas muy similares que intercambiando experiencias y cómo han sido las estrategias que hemos aplicado nosotros en cada uno de nuestros países, de repente nos pueden servir adaptándolas a nuestra realidad”.

Los militares colombianos y peruanos juntos por el “sendero luminoso” del antiterrorismo: esta es la integración militar latinoamericana desde la derecha y del Pentágono que solo se podrá parar con la integración militar bolivariana y democrática.

La colaboración con el Ecuador es igualmente avanzada como la del Perú, tal como se evidenció en el secuestro de Simón Trinidad en Quito, por las fuerzas combinadas de la CIA, de los servicios colombianos y los servicios ecuatorianos de Lucio Gutiérrez. Hacia el norte la penetración de los paramilitares y servicios de inteligencia colombianos es avanzada en Panamá y, como reveló el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, también en este país, donde la policía política de Uribe, el DAS, opera impunemente y en estrecha colaboración con los servicios costarricenses contra los ciudadanos colombianos residentes en la “Suiza de América Latina”.

Como es evidente, los acuerdos firmados con Venezuela el 15 de diciembre, extienden la penetración de la Operación Phoenix de Bush-Uribe hacia un país importante, y adicional, de la zona andina.

6.4. Armamentismo

La guerra suele ser un buen negocio para diferentes sectores de las elites y esta es una de las razones, por las cuales la militarización del conflicto y el armamentismo del gobierno Uribe sigue sin césar. Con más de tres mil millones de dólares entregados por Washington en los últimos años la bonanza económica seguirá mientras él estará en el poder.

Recientemente fueron asignados más de 230 millones de dólares para la compra de modernos aviones de combate para la Fuerza Aérea y la industria bélica del país ya está en condiciones de construir sus propios barcos de guerra, como las Patrulleras de Apoyo Fluvial ARC, que son operadas por a infantería de marina en los ríos del sur de Colombia. Construidas en Cartagena por la empresa COTECMAR con tecnología naval cien por ciento colombiana, tiene capacidad para transportar a cien efectivos militares y una tripulación permanente de 18 personas. Así mismo posee un control de tiro de armamento diseñado por los ingenieros navales de la Base Naval ARC “Bolívar”.

6.5 La trampa de San Vicente del Caguán

La ofensiva general del Plan Colombia que ha sido desatada dentro de Colombia y en su componente de Plan Condor en los países de la región, no hubiera sido posible sin las negociaciones de San Vicente del Caguán. Toda ofensiva estratégica requiere de inteligencia previa y esa inteligencia fue obtenida por los servicios de inteligencia estadounidenses y colombianos en la zona despejada para la negociación.

San Vicente del Caguán fue, de hecho, una trampa de inteligencia preparatoria para la ofensiva estratégica; nunca había intención real de la oligarquía para llegar a una paz negociada. Fue en esos monitoreos constantes que Washington obtuvo lo que se llama “el órden de batalla electrónico” de las FARC, los datos de la logística de las tropas, de los cuadros milicianos en la zona así como las fotos y las huellas digitales de cientos de cuadros de las FARC. Hoy día, la guerrilla paga el precio que puede llegar a ser tan alto como el de la legalización de la Unión Patriótica en su momento, que le costó la vida a miles de cuadros de conducción.

La nueva generalidad, nombrada por Uribe, es parte de ese panorama, cuya mentalidad es expresada prototípicamente por el General Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de las Fuerzas Militares: “Las fuerzas militares no están hechas para procesos de paz. Por eso nos dan fusiles, helicópteros, municiones. Las fuerzas militares están hechas para respaldar las políticas del Gobierno y la defensa de la población civil." (El Espectador, 18-01-04).

Fue uno de esos máximos exponentes del militarismo colombiano, con rango de general, quien reconoció recientemente en una entrevista con un diario ecuatoriano que las negociaciones de “paz” nunca habían sido otra cosa que una fuente de oro informativa sobre las FARC.

Otra parte de esta política permanente de engaños y mentiras del duo Bush-Uribe es la constante violación del convenio sobre la base de Manta en el Ecuador, limitada al combate contra el narcotráfico, pero que Washington utiliza para dirigir la guerra en el sur de Colombia en estrecha cooperación con la base de Tres Esquinas, en el Caquetá, Colombia.

7. El convenio de inteligencia entre Venezuela y Colomba

Es dentro de este contexto regional e internacional y a dos días del secuestro de Rodrigo Granda que se firman los acuerdos sobre intercambio de personal militar y de inteligencia entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, el 15 de diciembre, en Caracas.

Al dar a conocer el acuerdo, el ministro colombiano, Jorge Alberto Uribe, declaró en rueda de prensa con su homólogo venezolano que acordaron "reanudar e intensificar el intercambio de oficiales diestros de las distintas fuerzas militares y policiales" de los dos países. "Hemos acordado ahondar la parte estratégica, es decir, la parte de información de inteligencia", agregó el General García Carneiro, quien señaló además que ambos ministerios de Defensa se han propuesto celebrar "semestralmente" este tipo de reuniones de trabajo. También se comprometieron a realizar, al menos cada seis meses, reuniones para analizar temas de seguridad fronteriza y diseñar planes de acción.

En una posterior reunión entre el embajador colombiano y el Ministro García Carneiro, ambos coincidieron en “la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades de ambos países, tal y como fue acordado durante la visita que realizó a Caracas… el ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe".

A la luz de este contexto regional e internacional, sería sorprendente que Venezuela mantuviera el convenio con un gobierno, que es el principal violador de los derechos humanos en el hemisferio; que alberga los criminales políticos que se fugaron del país; que es la principal base de operaciones contra la Revolución venezolana y que carece del atributo esencial que caracteriza a un Estado: la soberanía.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia no es más que una extensión del Comando Sur de Estados Unidos. Encarna, por lo tanto, la Doctrina Monroe, la destrucción de Contadora y la Operación Phoenix.

La negación de esos paradigmas debe ser la guía bolivariana, para tratarlo.