Al aplicarle a PDVSA su legislación interna, específicamente la “ley de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión contra Irán”, el gobierno imperial de los EEUU pisotea una vez más el principio de soberanía y autodeterminación contenido en la Carta de las Naciones Unidas y da otro paso en su escalada de hostigamiento a la revolución bolivariana. Dicha ley fue concebida para bloquear el programa de desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos que adelanta la Nación Persa e impulsar el derrocamiento de su gobierno, con el propósito de acceder a sus grandes reservas petrolíferas y golpear a la OPEP. Prueba de ello es que ésta misma norma admite el apoyo injerencista de organizaciones y empresas con actividad en EEUU, que apoyen a las instituciones iraníes que eufemísticamente “trabajen para que el régimen de Teherán adopte formas democráticas de gobierno”.
Siguiendo el protocolo correspondiente, el Departamento de Estado y la red mediática global que le sirve, emprendieron una campaña previa de desinformación, para estigmatizar la antigua relación Irán-Venezuela, difundiendo la especie de la exportación de “uranio venezolano” a Irán y la construcción de “bases misilísticas iraníes” en Paraguaná, Zaraza y Valencia. Esta farsa podría inspirar una ópera bufa de la “nueva guerra fría de EEUU contra el terrorismo” o servir de argumento a un musical en Broadway.
Las medidas tomadas en contra de PDVSA pretenden vulnerar la soberanía del Estado venezolano y también, amedrentar a los pueblos y gobiernos que en América Latina y El Caribe, han tomado la determinación de avanzar hacia la consolidación de su independencia y soberanía, mediante el control de sus recursos naturales, el desarrollo de una política exterior independiente y, el fortalecimiento de los procesos de integración regional.
Desde esta perspectiva, adquiere mayor relevancia los esfuerzos realizados por el gobierno bolivariano en los últimos 12 años para impulsar la construcción del ALBA, UNASUR, PETROCARIBE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a instalarse el 5 de julio próximo, a 200 años de nuestra primera independencia.
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