Esta es una verdad que debemos denunciarla tantas veces como podamos, pues no es posible que sigamos viendo su actividad en perjuicio del país, cruzados de brazos y sin la voluntad necesaria para enfrentarla con el rigor y la necesaria y firme decisión política de contrarrestarla y desplazarla, sin contemplación alguna. Lo que ha venido sucediendo con los apagones en el sector eléctrico, para mencionar el acontecimiento más grave de los últimos tiempos, o los hechos que están ocurriendo en estos momentos en las empresas de Guayana, con las paralizaciones obreras, debido a las medidas arbitrarias tomadas por buena parte de sus respectivas gerencias que se oponen, con mil triquiñuelas, a que avance el proceso irreversible del control de los trabajadores sobre la esa vital industria nacional.
Hemos dicho y lo sostenemos de manera terca, que para ocupar un cargo público no necesariamente hay que ser simpatizante del gobierno, ni militante o aspirante a serlo del PSUV y en paralelo a esa afirmación, hemos dicho igualmente que así como estamos convencidos de que ese tema burocrático no debe ser manejado de otro modo, también lo estamos en cuanto a que una cosa es eso y otra es que se admita y se tolere que ocupen cargos de gerencia media y alta en los estamentos del gobierno revolucionario, quienes de manera abierta se les identifica hasta por sus propios discursos y conductas indebidas, como enemigos implacables del gobierno, con la falsa excusa de que en el “chavismo” no es posible encontrar gente competente y experimentada.
Estamos absolutamente convencidos de que esas posiciones gerenciales tenidas como de “confianza”, sobre las cuales descansa la inmensa responsabilidad de la ejecución de las políticas gubernamentales, solamente pueden ser desempeñadas por gente comprometida idiológicamente con el proceso, como única garantía para impedir que se promuevan en el seno del gobierno sabotajes, actos de corrupción, enredos y complicaciones en los procedimientos a los solos fines de que se pospongan y, como cuestión vital, que se impida que acciones acordadas en los más altos niveles de los estamentos del Estado, sean ejecutadas, así como para que queden sin sanciones quienes han asumido conductas reprochables en el manejo de fondos y bienes públicos.
Los funcionarios de bajo rango que no tengan responsabilidad alguna en la toma de decisiones pueden pensar políticamente como quieran, pues ese derecho se los garantiza la Constitución Bolivariana, aun cuando es necesario decir en términos muy contundentes, que por ello jamás podrán dejar a un lado sus obligaciones como trabajadores responsables y convertirse en cómplices de oficio de esa lacra saboteadora, pues de hacerlo, las normas también contemplan sanciones severas que incluyen hasta la destitución si se les comprueba la desidia, la irresponsabilidad reiterada o el desempeño descarado en favor de un proselitismo que atente contra las instituciones de la democracia y la paz del país.
Es inadmisible que los saboteadores al servicio del golpismo continúen haciendo de las suyas en el Estado, disfrazados de rojos, rojitos. En muchos casos esos farsantes han llegado al gobierno por una gran amistad, lo cual es perfectamente válido y entendible, pero lo que bajo ningún respecto se puede aceptar y tolerar es que a esos “amigos” se les abran las puertas más anchas sin exigirles compromiso alguno con el proyecto revolucionario y terminan, algunos, como burócratas indolentes que sólo están pendientes de los sueldos y de los bonos y otros tantos, involucrados en movidas dirigidas exclusivamente a encontrar las mejoras fórmulas para robarse los dineros públicos por la vía del cobro de peajes o comisiones jugosas con la compra de bienes o contrataciones de obras y servicios.
Se impone que estemos alertas para denunciar a todos esos sujetos que lo que están haciendo, sin ninguna duda, es consolidando, cada día más, una importante fuerza contrarrevolucionaria y corrupta en el propio seno del gobierno.
Dejemos de ser tontos y abramos los ojos, pues de lo contrario, serán muchas las sorpresas desagradables que nos deparará el futuro bien cercano si se sigue permitiendo que esas sabandijas continúen enchufadas en los distintos entes gubernamentales. No olvidemos lo que ocurrió en meses pasados en el Instituto de Ferrocarriles: una corrupción galopante fue descubierta en sus áreas de compras y contrataciones gracias a la denuncia pública de José Vicente Rangel, en su programa “José Vicente Hoy” por Televen, el día 1 de agosto de 2010, lo cual trajo consigo la destitución de todos los funcionarios de esas dependencias y tenemos entendido que a la fecha se le sigue juicio a varios de ellos. J.V. Rangel pudiera investigar lo que realmente está sucediendo con ese caso en la actualidad e informárselo al país…
oliverr@cantv.net
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