06-09-13.-Los campesinos del Catatumbo colombiano, hastiados de tantas humillaciones y promesas incumplidas, hace dos meses iniciaron un paro con bloqueo de carreteras, para exigirle al Presidente Santos la restitución de sus tierras, birladas a sangre y fuego por paramilitares y terratenientes. Recordemos que en 1998, el Catatumbo fue víctima de los paramilitares comandados por Salvatore Mancuso, respaldados por la policía y el ejército, con un saldo de 11.500 personas asesinadas en 60 masacres y 14.237 desplazados. Ante la erradicación de la coca emprendida por el gobierno, los campesinos exigen la ejecución de un plan de desarrollo rural que les permita sustituir gradualmente ese cultivo por café, cacao, cebolla y otros. Estos dejaron de ser económicamente viables debido a la carencia de infraestructura y vías de acceso adecuadas. Frente a la amenaza del otorgamiento de concesiones mineras para la explotación de carbón a cielo abierto y la construcción de un complejo hidroeléctrico, ambos con alto impacto ambiental, exigen la creación de una Zona de Reserva Campesina.
La represión brutal del paro por el ejército y la policía con de 4 campesinos muertos, provocó una inusitada reacción en cadena de solidaridad y movilizaciones de los trabajadores de la educación, la salud, la minería artesanal, los agricultores del eje cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, estudiantes, organizaciones sindicales, movimientos sociales y de transportistas, quienes juntos convocaron el exitoso Paro Nacional Agrario y Popular del 29A, que solo en Bogotá movilizó a 200.000 personas.
Las demandas de cada sector expresan la agudización de la crisis social y política derivada de la aplicación de políticas neoliberales y del TLC con EEUU. Este último, ha impulsado la desindustrialización y la caída de la producción agrícola ocasionando el incremento de las importaciones, en una economía en la que el sector financiero es el que más crece.
Pareciera que en Colombia se está configurando un nuevo escenario político en el cual los actores y organizaciones sociales, han asumido el protagonismo, rebasando el liderazgo político tradicional, para pelear por sus derechos y por una paz duradera sustentada en la justicia social y en una democracia real.
