El Derecho, en general, como expresion de los intereses de una clase social dominante en un Estado y Sociedad, siempre ha sido el instrumento mediante el cual se legitiman las decisiones políticas fundamentales de esa clase en el ejercicio del Poder frente a las demás clases y grupos sociales subalternos e, incluso, en sus relaciones con los otros Estados - y, cuando por esos medios jurídico formales e institucionales no le es posible alcanzar tales objetivos, entonces “tuercen” su propia legalidad y, en última instancia, suspende o deroga el orden jurídico construido y hace uso de sus medios de control, coercion y violencia para imponerse sobre Constitución y las leyes.

Tal ha sido la geografia juridica de la historia política de la República de Colombia bajo el mandato de las dos fracciones oligarquico-burguesas que la han tiranizado, bajo el manto de la Democracia de las élites y la fuerza de las armas de sus generals genocidas y que explica, más allá del “aggiornamento” de su judicature servicial al Poder Constituido, la interminable Guerra social que hoy hasta hoy la desangrando y que no haya seguridad que, aún con las dolorosas concesiones ofrecidas por la insurgencia revolucionaria en las negociaciones de la Habana, Cuba, pueda segurarse que se dará por terminada esta Guerra Bicentenaria.

Pero lo actuales goberantes neogranadinos, herederos por descendencia parental, social y política de los barbaros conquistadores y esclavistas españoles parecieran que han comenzado a asumir un nuevo papel como gerdermen subalterno al servicio del gobierno imperialista delos Estados Unidos de América en el Mar de los Caribeños y Suramérica, que no solo les dé un protagonismo político importante en la nueva arquitectura global que esta diseñandose en los salones de la Whasington y la OTAN, sino que la facilite convertirse en una potencia económica media, a partir de su control y explotación de los recursos energéticos, minerales estratégicos y vías de comunicación para lo cual, la sentencia de 2012, del Tribunal Internacional de Justicia, de la ONU, con sede en la Haya, que reconociٗo la titularidad de más de noventa mil kilómetros cuadrados (90.000 km2) de territorio marino en el Mar de los Caribeños a la República de Nicaragua, es contrario a sus planes hegemonistas en la region.

De allí que la reciente decision de la Corte Constitucional de la República de Colombia que declara “inaplicable” el fallo de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, con el insustentable argumento de que el texto constitucional vigente exige un tratado para modificar los actuales límites reconocidos del territorio de ese país, sin darle fuerza, rango y efectos de tratado internacional a una sentencia dictada por un organo judicial con reconocida e incestionada competencia, no puede explicarse sino como una vergonzosa y vergonzante decision política, barnizada apenas de argumentos jurídicos, con el objeto de crear las condiciones de crispación y confrontación con un gobierno de manifiesto signo político contrario al imperialismo y a las gobiernos oligárquicos de la region como el es gobierno del Comandante Daniel Ortega Saavedra y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, firme aliado de la Revolución Bolivariana y miembro destascado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.

Aunque los “sesudos” jurisconsultos y jurisperitos constitucionales colombianos no se atreven a declarer “írrita” e “inválida”, la decision de la Corte Internacional de Justicia por las consecuencias políticos que tamaño despropósito tendría para la República de Colombia en la comunidad internacional y, particularmente, en la region de América Latina y el Caribe, es evidente que al declararla “inaplicable”, pretenden darle legitimidad a la ya anunciada política del presidente Juan Manuel Santos de imponerle a la República de Nicaragua un proceso de negociación de un tratado en el cual consiga lo que no le fue posible alcanzar con la tropa de abogados y expertos que mantuvo por 12 años en las Haya, entre cuyos objetivos se en cuentran el de abrir el rico mar circundante de las isla de San Andres y los cayos de Catalina, Roncador y Quitasueños - que el Tribunal Internacional concedió a Colombia - a la explotación pesquera de las transnacionales concesionadas por ese país, garantizar la explotación de los posibles yacimientos petrolíferos y, conseguir un corredor de navegación de la reforzada Armada Militar colombiana que, de esa manera, podra seguir patrullando las costas de los países de Centroamerica hasta la península mexicana de Yucatan, incluyendo, la vigilancia del acceso marítimo al proyectado Gran Canal de Nicaragua, vía alternativa al Canal de Panama, lo cual quiebra el control inter-oceánico del transporte de mercancías que ha mantenido los Estados Unidos durante casi 100 años.

La decision formalmente jurídica pero profundamente política adoptada por la Corte Constitucional colombiana con el voto de solo cinco (5) de los nueve (9) magistrados de ese máximo tribunal – lo cual confima la debilidad jurídica del dictamen – tiene que ser motivo de fundada preocupación de los Estados limítrofes con Colombia (tengan o no controversias sobre límites), y los ubicados al norte de la América del Sur y en América Central porque, con ello no solo se estan violando el Pacto de Bogota (1.948), el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que se pretende reforzar el proyecto implementado por el Departamento de Defensa y el Comando Sur de los Estados Unidos y sus socios subalternos de los Estados coloniales europeos miembros de la OTAN, de relocalización e implantación de megabases aéreas y marítimas, corredores navales y destamento de tropas de respuesta rápida de la Cuarta Flota de los Estados Unidos de América, capaces de cubrir, con los modernos medios aéreos de mando y control de operaciones de vigilancia, defensa y ataque – con apoyo de inteligencia satelital - , que cubrirían tanto el terriotrio de América Central, Suramérica y el Caribe insular, sino también, parte importante de la fachada occidental subsaharina del continente africano; planes que fueron denunciados por el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías en el año 2008, cuando el narcoparamilitar presidente Alvaro Uribe Vélez y su Ministro de Defensa , el hoy presidente Juan Manuel Santos, pretendieron aprobar un acuerdo de sumisión militar para abrir siete (7) bases militares bajo la soberanía de los Estados Unidos en territorio colombiano, algunas de ellas muy cerca de la frontera con Venezuela.

No es tiempo de especulación política ni mucho menos de futurologia. Existe un plan estratégico militar y politico para lols próximos 50 años - expresado en el El Golpe de Estado Guarimbero en desarrollo - que tiene en la República Bolivariana de Venezuela y su actual Revolución Bolivariana su objetivo fundamental, por lo que estudiar tales planes, establecer contra-planes estratégicos y desarrollar y profundizar las alianzas estratégicas regionales y mundiales que se viene construyendo, es de capital importancia para preserver la paz y la seguridad regional y proteger la continuación de la Revolución Bolivariana; faro de Justicia y Libertad en Nuestra América.