Mark Toner, vocero del Departamento de Estado aclaró: "no estamos impulsando la expulsión de Venezuela de la OEA en este momento. Sin embargo, sí pensamos que la OEA es el lugar adecuado para lidiar con la situación actual en Venezuela". Dicho de otra manera, para los EEUU es esencial sacar del ámbito de la UNASUR y la CELAC el tratamiento de la crisis venezolana y cualquier otra que afecte a los pueblos latinoamericanos y caribeños, para rehabilitar a la OEA como el escenario político-institucional natural y exclusivo de la región.
En teoría, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) no tendría por qué derivar de inmediato en una intervención militar promovida por EEUU. Sin embargo, la historia de esa organización inspirada en el panamericanismo monroísta nos enseña, que su vocación es impedir la unidad de ALC y garantizar el alineamiento de los países nuestroamericanos con los intereses geopolíticos y económicos imperiales, mediante la administración al detal de las políticas del "gran garrote" y "la diplomacia del dólar".
La aprobación de la CDI combinada con la activación de la orden ejecutiva Obama, podría ser utilizado por la Casa Blanca para legitimar una intervención militar, abierta o encubierta, con el fin de imponer sus condiciones. Esta no es una hipostasis descabellada en el actual escenario nacional e internacional. De ahí el carácter antinacional de la deplorable iniciativa tomada por la cúpula de la MUD y aprobada por la AN, que podría dar lugar una intervención extranjera de consecuencias impredecibles para la Patria.
Solo a los venezolanos nos corresponde decidir nuestro destino y resolver la crisis a través de los mecanismos constitucionales. Sin embargo, la defensa de la soberanía y la autodeterminación no es solo contra la injerencia externa y sus aliados internos, sino también, contra los que desde el poder constituido, mediante artilugios jurídicos pretenden impedir que el pueblo la ejerza plenamente limitando sus derechos fundamentales. Si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, con el diferimiento injustificado de elecciones, la extensión de plazos constitucionales y la limitación del ejercicio de la democracia referendaria, también se viola la soberanía de la Nación.
