The New York Times publicó recientemente: «Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son una constante en Venezuela, país que vive una de las peores crisis de derechos humanos de la región». Al respecto, una persona medianamente inteligente y con criterio propio se preguntaría: ¿Detenciones arbitrarias? ¿No son castigables los delitos de violencia terrorista, la destrucción de bienes públicos, las agresiones a funcionarios militares y policiales, la instigación pública a un golpe de Estado, la invocación de una intervención armada de una potencia extranjera y el asesinato deliberado de personas con propósitos políticos? ¿Son delitos lícitos y permitidos en el territorio de Estados Unidos y Europa sin actuación alguna de sus respectivos gobiernos?
Como se detecta en diferentes medios informativos, la situación interna venezolana es tratada con una evidente parcialidad. Esto salta a la vista en el uso del lenguaje al referirse a las acciones violentas del antichavismo como protestas pacíficas, lo cual es reforzado con la selección de imágenes que exponen a policías y militares como represores que violan sistemáticamente los derechos humanos de todo el pueblo venezolano; sin identificar la fuente del efecto efusivamente reseñado. Se esquiva así, repetidamente, la violencia convocada y legitimada por la dirigencia derechista, dándole un carácter cotidiano, a fin de influir en la percepción que se tenga de todo lo generado en el territorio, de modo que no existan más salidas que las exigidas por los sectores opositores.
En todo este panorama se puede determinar la deficiencia comunicacional del gobierno y del chavismo en general, muchas veces centrados en apagar fuegos, pero sin manejar una estrategia comunicacional que no sólo esté dirigida a informar a la colectividad respecto a la gestión gubernamental cumplida, o a mantener viva la imagen del Comandante Hugo Chávez, transformado en ícono, incluso por encima del Libertador Simón Bolívar; lo cual no ha evitado que la oposición continúe en su empeño por minar la confianza en Nicolás Maduro como presidente y en su capacidad para contribuir realmente al logro de los objetivos primordiales de la Revolución Bolivariana, Socialista y Popular que se busca impulsar y arraigar en Venezuela desde hace más de una década.
No obstante reconocerse este talón de Aquiles, los factores y funcionarios chavistas se empeñan en depender (casi de manera exclusiva) del centimetraje que puedan obtener en diarios y demás medios de información, así dispongan de aquellos que dependen del Estado o sean partidarios de su programa político. De este modo, terminan por aceptar las reglas de juego impuestas por la ideología antagónica de las élites dominantes en vez de producir y consolidar unos medios propios que sean capaces de contrarrestar las matrices de opinión opositoras, evitando que éstos se conviertan en meros instrumentos propagandísticos que, en lugar de aclarar y orientar, oscurezca más la verdad de las cosas. Igual ocurre con el manejo de las diferentes redes virtuales a las que tiene acceso una gran cantidad de personas (mayormente jóvenes) en donde se difunden noticias falsas, en muchas ocasiones recicladas, sin comprobación previa, lacerando la credibilidad del gobierno, así como contribuyendo (quizás inconscientemente) con las metas trazadas por la derecha local y extranjera para acabar con el orden constitucional vigente, configurándose de tal forma en Venezuela el último campo de la confrontación.
