Tesis 1: La crisis catalana ha sido provocada por los aparatos de Estado de la monarquía liberal española, con la intención de controlar las consecuencias políticas sobrevenidas por la crisis económica del neoliberalismo.
Lo que sucede en Cataluña estos días no es una causalidad; va mucho más allá del choque de trenes, pronosticado por Anguita, entre dos sectores de la burguesía, española y catalana. La confrontación con el pueblo catalán –no solo con su burguesía-, ha sido directamente buscada por los poderes fácticos del Estado. No se trata de un error de cálculo; aunque el grado de movilización popular de la sociedad catalana es imprevisible, la actuación del gobierno popular parece haber sido planificada en detalle. Esa provocación constituye la suprema dificultad que los catalanes tienen que superar para poder acceder a un futuro digno, en ruptura con el reino de España –subrayo lo de ‘reino’, pues no hablo de una ruptura con una hipotética república española, que pudiera resolver pacíficamente la cuestión-.
Los hechos que corroboran esta versión de los acontecimientos políticos en Cataluña son conocidos:
a) el inicio: tras considerar una serie de recursos impulsados por el partido conservador, en el 2010 el Estado español anula una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Como se sabe ese Estatuto había sido: 1) aprobado por el Parlamento de Cataluña, 2) aprobado por las Cortes españolas, 3) aprobado por referéndum de los ciudadanos catalanes, 4) perfectamente asimilable dentro del orden político de la monarquía liberal.
b) el proceso: la reacción de la ciudadanía catalana fue espectacular con una enorme movilización que culminó con una manifestación de un millón y medio de personas en julio de 2010 bajo el lema somos una nación, nosotros decidimos. Esa movilización no ha dejado de crecer y desarrollarse desde entonces, en las diadas –Día Nacional de Cataluña, 11 de septiembre- y otros acontecimientos políticos, como por ejemplo los referéndums simbólicos promovidos por la CUP. Frente a lo cual el Estado español solo tiene una respuesta: la aplicación de medidas represivas, condenando a los dirigentes políticos de la Comunidad Autónoma de Cataluña con diversas penas como multas desorbitas, inhabilitación para ejercer cargos políticos, detenciones arbitrarias y juicios penales con fuertes amenazas de prisión.
c) la culminación: la negación del diálogo y la ilegalización del referéndum frente a una ciudadanía catalana cada día más críticamente movilizada contra las imposiciones del Estado español; éste, dirigido por su ala más reaccionaria, actúa de modo cada vez más represivo negándose a cualquier solución conciliatoria del problema, que supondría la reforma de la Constitución española de 1978. Al gobierno del PP no le ha importado tensionar el problema catalán, hasta desembocar en la actual crisis de legitimidad de la monarquía liberal entre la ciudadanía catalana, para reforzar así su legitimidad ante el resto de los españoles.
Con estos antecedentes la cuestión más decisiva es ¿por qué ha actuado así el gobierno conservador, incluso poniendo en riesgo la estabilidad política del Estado liberal? La respuesta más obvia es que la estabilidad política del Estado ya estaba en riesgo por la crisis económica y la confrontación con Cataluña es una estratagema para sostener las estructuras monárquicas del poder político.
Tesis 2: Los planes de la oligarquía financiera para España, en sintonía con la deriva autoritaria de las sociedades europeas, tienen como objetivo recortar las libertades y reforzar los poderes represivos del Estado.
Partiendo del principio de que el PP no actúa en nombre propio, sino al servicio de los intereses de la oligarquía financiera internacional, intereses representados en el Estado español por las instituciones de la monarquía liberal, resulta imprescindible entender los planes estratégicos de la oligarquía para poder contrarrestarlos: la actuación del gobierno conservador no es improvisada y caprichosa, sino un plan de actuación política conscientemente diseñado.
Hay una primera intuición obvia: muy profunda tiene que ser la crisis social para que se haya decidido actuar así. Y en efecto, el 15-M mostró que las instituciones del sistema liberal estaban extensamente deslegitimadas, especialmente entre los jóvenes, y se corría el riesgo de hundir el sistema de dominación en el Estado español –máxime cuando procesos similares se extendían por toda el área mediterránea, en el norte de África, en Oriente Medio y el sur de Europa-. El movimiento del 15-M trajo a la arena política una cuestión fundamental en el desarrollo económico del neoliberalismo español: su carencia de futuro, el hecho de haber construido una economía crematística y desequilibrada que se hundía aceleradamente en la miseria, junto con las instituciones políticas y la ideología que la habían sustentado.
Esa clara conciencia se hizo evidente al estallar la crisis económica. Tenemos que señalar las raíces del problema:
- El modelo económico basado en la desindustrialización del país, promovida por los gobiernos del PSOE a raíz de la entrada en Europa, causa del enorme paro estructural de la economía española –los contratos basura no pueden considerarse una verdadera solución a este problema-;
- El modelo político funciona mediante la corrupción estructural de la clase política asociada con los empresarios, especialmente en el sector de la construcción urbana, que condujo a la crisis de superproducción en el sector.
El bipartidismo liberal fue denunciado como un sistema político incapaz de afrontar los problemas del país y los ciudadanos entendieron que la corrupción era un obstáculo insalvable para superar la crisis económica.
Una segunda observación evidente: la reacción autoritaria y represiva es típica de la clase dominante capitalista –la oligarquía financiera- en momentos de ruptura del orden social, ha vuelto a ponerse en práctica en el último lustro en todos los países imperialistas agrupados en la OTAN. La fracción española de esa oligarquía está representada políticamente por la monarquía, que se ha distinguido históricamente por manejar con eficacia el resorte de la represión a través de los aparatos coercitivos del Estado amparados por los aparatos ideológicos, la Iglesia católica especialmente –hoy sustituida eficazmente por los medios de comunicación social-.
Dentro del contexto de involución autoritaria del imperialismo, se puede entender la creación del problema catalán como una añagaza táctica con profundas implicaciones estratégicas, que tiene por objetivo hacer aceptable la violencia estatal y fascista de la minoría ultraderechista para la mayoría de los ciudadanos españoles. Amplios sectores del Estado, como el ejército y la judicatura, amén de importantes instituciones privadas como la Iglesia católica, están controlados por las minorías fascistas, y el propio PP tiene dentro una fracción dominante de carácter filo- o para-fascista. La intención evidente de humillar a las instituciones catalanas de autogobierno es una provocación para ampliar y hacer plausible el uso de la represión política, que ya se viene utilizando ampliamente para contener la movilización popular en todo el Estado español.
Una vez resuelto provisionalmente el problema vasco, el Estado español se había quedado sin instrumentos para justificar su política antidemocrática y el recorte de las libertades. La represión contra el movimiento ciudadano –mediante una legislación que limita extensamente las libertades políticas- no ha sido contestada suficientemente por la movilización ciudadana; pero hay que entenderla como una política defensiva de la monarquía liberal, que en la actual coyuntura corre el peligro de quedar enterrada para siempre en el pasado de los pueblos en el Estado español. Las denuncias contra la corrupción han puesto contra las cuerdas a la derecha conservadora –véase el discurso de Irene Montero en la moción de censura contra el gobierno de Rajoy-. El golpe contra Cataluña –el estado de excepción no declarado, pero real en la práctica-, es un intento de pasar a la ofensiva cuando todavía no están completamente deteriorados los instrumentos liberales del poder político al servicio de la oligarquía financiera.
La represión del referéndum catalán quiere dar credibilidad al gobierno conservador completamente desprestigiado, como garantía de la unidad de España amenazada por el separatismo catalán. Busca endosar su incompetencia a las instituciones catalanas, diluyendo su imagen criminosa en la ofensiva contra los enemigos de la patria. Y recuérdese que la condena del separatismo fue una de las consignas de la agitación de extrema derecha en los años de la II República, y una de las razones alegadas por el ejército fascista para el golpe de Estado que condujo a la guerra civil. Esa ‘unidad española’ significa la dominación de la oligarquía financiera internacional sobre las estructuras del Estado español y a través de éste sobre sus poblaciones agrupadas en diferentes tradiciones nacionales. Una dominación ejercida bajo delegación en instituciones que han demostrado suficientemente un enorme grado de corrupción y su gran ineficacia en la dirección política de nuestros asuntos comunes.
Tesis 3: La correlación de fuerzas alcanzada en la lucha política de Cataluña y la resolución de esta crisis determinará la calidad democrática del conjunto de las estructuras políticas en el Estado español.
La crisis catalana no es todavía una crisis revolucionaria, y es probable que no lo llegue a ser dado su carácter regional y sus dificultades para involucrar a los pueblos del resto del Estado español, incluso teniendo en cuenta la debilidad actual de éste. Pero puede transformarse en un conflicto político permanente dentro del Estado surgido de la Segunda Transición, que sustituya al conflicto vasco momentáneamente pacificado.
La contradicción principal a resolver por los políticos liberales, debe quedar clara: legitimar la dominación fraudulenta de la oligarquía financiera en tiempos de crisis generalizada del capitalismo tardío. Y en esa contradicción necesitan jugar con los sentimientos nacionales, enfrentando unos pueblos contra otros. Pero el internacionalismo propio de la clase proletaria no puede olvidar, bajo riesgo de perder la batalla por el futuro de la humanidad, que realidades sociales tan profundas como el sentimiento nacional no son sólo máscaras de la dominación. En el tema nacional se dirime la hegemonía política de la clase obrera, que consiste en la alianza necesaria con otras clases sociales como la pequeña burguesía y el campesinado rural para construir el bloque histórico republicano.
La configuración futura de las instituciones políticas a medio plazo –tal vez otros 40 años- vendrá determinada por el resultado de la confrontación política en la crisis social presente (llamémosla Segunda Transición en paralelo al proceso político de los años 70) y de la correlación de fuerzas que se consiga alcanzar en la lucha política catalana. En estas circunstancias traicionar la lucha democrática de la ciudadanía catalana, equivale a traicionar la lucha por la democracia en el Estado español.
Pues lo que debe quedar claro es que la lucha por la democracia no se lleva contra o a favor de un Estado abstracto o un identidad ilusoria, sino contra instituciones concretas de gobierno, que son las que determinan las orientaciones generales del desarrollo social. Las leyes del desarrollo histórico están determinadas y son insoslayables, la cuestión es si podemos darles una orientación definida de forma alternativa a la dirección capitalista, autoritaria y corrupta, que se ha transformado en una monstruosidad por su destructividad social y ecológica. La lucha de los movimientos sociales puede modificar esa dirección en un grado muy limitado, que al día de hoy parece insuficiente por la deriva fascista de las sociedades del bloque imperialista comandado por la OTAN. Luchar contra esa deriva es la línea política más decisiva en la actual coyuntura histórica.
La monarquía liberal representa la dominación de la oligarquía financiera internacional sobre la población española, pero esa dominación se establece en un grado determinado por la cohesión social y la capacidad de auto-organización de los pueblos. El principio de autodeterminación es un instrumento para la difusión del poder político hacia la ciudadanía y las instituciones populares, que debe ser ejercido del modo más amplio posible en cada momento histórico. Solo un poder político autoritario puede temer la libre determinación de los pueblos; en esa perspectiva la ‘ingobernabilidad de la democracia’ es la consigna neoliberal para limitar los derechos ciudadanos.
Tesis 4: La solidaridad con Cataluña define la lucha política en la actual coyuntura histórica.
El hecho de que la dinámica política lleve a la opción rupturista más radical en el bando popular republicano, ha sido denunciado por sectores de la izquierda reformista como resultado de maniobras burguesas. La ausencia de la clase obrera en la lucha independentista es un argumento utilizado por los reformistas contra la movilización catalana, sin querer reconocer que la pasividad de la clase obrera europea y las concesiones al liberalismo de sus dirigentes políticos son una causa directa del ascenso del fascismo en los países imperialistas. Sin embargo, la clase obrera ha comenzado a movilizarse contra la represión desatada por el gobierno conservador en Cataluña. El instinto de clase puede despertar ante los acontecimientos políticos que se están desarrollando, revertiendo la tendencia hacia la subordinación de los movimientos fascistas rampantes.
De otro modo, es de temer que la clase obrera española se deslice hacia un proceso político como el que está desarrollándose en Europa. El reformismo político de la izquierda liberal ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de lucha a importantes sectores de la clase obrera que se hunden en la miseria, y sus defensores parecen contemplar el incremento de la explotación capitalista como un mal necesario, o incluso como un curioso fenómeno social. La clase obrera europea prefiere echarse en brazos del fascismo, antes que soportar la hipocresía de esos políticos que aparecen como la muleta reformista del régimen capitalista en tiempos donde no hay nada que reformar.
En estos momentos no se trata de encerrarse en el debate entre las opciones de independencia (Sí/Sí, en términos de eslogan) frente españolismo autoritario (No/No), pues existe una tercera posibilidad que es aceptar el referéndum votando en contra de la independencia (Sí/No). Esta tercera posibilidad fue defendida por la izquierda parlamentaria, representada tradicionalmente por IU con su propuesta de República federal y hoy en día por al menos un sector de Podemos. Sin embargo, la dinámica de la confrontación en Cataluña hace aparecer difuminada esta tercera vía intermedia. Es claro que el poder estatal ha maniobrado para que sea así, pero también es cierto que la propia IU ha mostrado su incapacidad para dirigir la lucha social nacida al calor de la crisis. Y si bien su reconversión a través de Podemos puede resolver los problemas organizativos más graves de la izquierda en el pasado, debe también reconocer sus errores y tomarse en serio su propio programa político, cuya culminación estriba en la proclamación de la República. Y es de esperar que tras los acontecimientos de Zaragoza el 22/09 comprendan más claramente la gravedad de la situación. Los defensores de una República federal deben hacer causa común con el pueblo catalán contra la represión del Estado.
La solidaridad con el proceso catalán debe hacerse sin condiciones, aunque cada cual debe defender las propias posiciones políticas con plena consciencia de sus implicaciones y buscando la máxima coherencia posible. La opción que deba aplicarse dependerá de la correlación de fuerzas que se produzca a lo largo de la crisis, pero en todo caso las fuerzas republicanas no tienen más opción que aceptar el reto lanzado por la oligarquía española, sabiendo que la lucha se ha entablado en inferioridad de condiciones para los demócratas y afrontando la represión desatada contra los pueblos peninsulares e insulares bajo el Estado español.
