El patrimonio público históricamente ha sido asumido por el Estado-nación en
forma de empresas y entidades estatales: manufactureras, mineras,
energéticas, de agua potable, de servicios de salud y educación,
agro-industrias, bancos y entidades financieras, terrenos rurales y urbanos,
bosques, reservas de biodiversidad, áreas marítimas, seguridad social,
obras de infraestructura (puertos, aeropuertos, caminos, carreteras,
autopistas, presas, canales de riesgo, acueductos, calles, alcantarillados,
sistema de saneamiento de aguas), playas, plantaciones agrícolas, edificios
público, órganos de decisiones políticas y económicas de Estado.
Los procesos de privatización dentro de las estrategias y modelos
neoliberales le han arrebatado el Estado ese patrimonio, esas riquezas,
traspasándoselas a las oligarquías capitalistas y en mayor medida al gran
capital transnacional.
Parte de ese patrimonio, por demás, tiene una relación directa con al
seguridad nacional y la soberanía de las naciones, por lo que su conversión
en propiedad extranjera implica concesión de soberanía y seguridad, mayor
dependencia y recolonizació n.
La desprivatizació n, especialmente de las áreas estratégicas, de las
vertientes claves para el desarrollo integral, de las áreas sociales
fundamentales, del poder de decisión en políticas de Estado, implica
creación de mejores condiciones para la recuperación de la soberanía, la
autodeterminació n, las políticas sociales y la seguridad, usurpadas por las
oligarquías y los centros imperialistas.
Sin embargo, desprivatizar ahora lo privatizado y nacionalizar y/o estatizar
otros sectores claves, sería solo una premisa, no una meta superadora de las
experiencias vividas y fallidas, tanto de los regímenes capitalistas
predominantemente privados como de los que han combinado éste con el
estatismo. Igual respecto al mal llamado y colapsado socialismo real.
Desprivatizar para volver al estatismo sin control y sin participación
social y ciudadana, sin gestión democrática, sin propiedad social, equivale
a reeditar lo también fracasado en todos esos contextos.
Desprivatizar para hacer al patrimonio nacional (empresarial y natural)
presa de la corrupción burocrática, del clientelismo, de la depredación y la
ineficiencia, es otra forma de atentar contra él y facilitar su dilapidación.
Precisamente eso fue lo que le dio pie y auge al discurso privatizador.
Porque si bien esa modalidad de propiedad y gestión pública puede permitir
que un porcentaje del excedente se distribuya desde los gobiernos hacia la
sociedad y nutra los planes sociales del Estado, ella le da el poder de
decisión a la burocracia y partidocracia asociada siempre al gran
empresariado, quienes se chupan, vía corrupción, gran parte de esos
recursos. Y esto, además, provoca a la larga la quiebra y la desvalorizació n
de ese patrimonio.
Esta demostrado que la propiedad estatal no es de por sí propiedad social,
mucho menos sinónimo de socialismo.
El patrimonio público si no se convierte en propiedad social, vía formas
asociativas o modalidades de propiedad colectivas, vía participación de los
(as) trabajadores en su gestión y administració n (autogestión y cogestión
con el Estado), vía el control de la sociedad y de los conglomerado sociales
sobre el uso de sus excedentes, sobre sus estados de cuenta y su
administració n, termina siendo una modalidad de usurpación de los intereses
colectivos, de apropiación minoritaria- burocrática de sus beneficios, de
enajenación y alineación.
Esto se demostró en tanto el llamado socialismo real, como en los países
capitalistas con un fuerte componente de propiedad de Estado. Y sigue
demostrándose.
La autogestión de los productores, de los trabajadores y trabajadoras, la
cogestión con participación y poder de decisión de ellos(as); la designación
de administradores por concurso, los sistemas de contabilidad abierta, la
participación de las comunidades laborales en las decisiones, la presencia
de representantes de la sociedad en los órganos de gestión y administració n,
no solo implica democratizació n en el alto grado, sino socialización real;
la cual debe verse como un proceso dentro de la transición del capitalismo
al socialismo pleno, con ritmos y prioridades distintas por países, con
dimensiones variadas y pasos escalonados, según las características de las
economías, las circunstancias políticas y la composición social.
Ojala los gobiernos latinoamericanos- caribeños que anuncian desprivatizar,
que se proponen el tránsito al socialismo o que dicen construirlo, no se
queden a medias ni se desvíen, no se limiten al estatismo infecundo y
enajenante.
Ojala la propia Cuba, que cuenta con un gran sector de economía de Estado,
se decida a socializar de verdad el patrimonio público.
Entonces si estaríamos hablando del camino al nuevo socialismo, del
socialismo que exige el siglo XXI, después de todas las experiencias
acumuladas.
Porque esa línea de acción estratégica es uno de los componentes
fundamentales del socialismo verdadero, del nuevo socialismo, para
diferenciarlo del seudo-socialismo que fracasó en el siglo XX.