A 1.088 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la mitad de la semana 155 de esta contingencia, y siendo el jueves 09 de marzo de 2023, en Venezuela se conmemora en este día el Día del Antiimperialismo Nacional, ya que un día como hoy, pero del año 2015, el entonces 44 Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama firmaba la Orden Ejecutiva 13.692 donde declara a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos".

Resulta realmente risible que una superpotencia como Estados Unidos considere a un pequeño país como la República Bolivariana de Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses. Pero esto, evidentemente no es nada inocente.

Y no es inocente, porque cuando los Estados Unidos decreta o dicta este tipo de argumentos, es como parte del argumento legitimador para agresiones en contra de cualquier país que no se pliegue a los intereses hegemónicos de EEUU. Y la política de sanciones que aplica Estados Unidos en el mundo, forma parte de las agresiones económicas para lograr fines políticos, es decir, cambios de regímenes.

Dos elementos dentro del contexto quiero señalar que motivaron y contribuyeron a legitimar este infame Decreto por parte de Obama, que no fue algo fortuito o algo halado por los cabellos como pudiéramos señalar coloquialmente. El primero, que a finales del año 2014, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, ley federal de ese país que aplicando la extraterritorialidad de jurisdicción (cosa esta totalmente ilegal de acuerdo al Derecho Internacional) es la ley que permite a este país "imponer sanciones a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables de violaciones de Derechos Humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014". Dicha ley también permite el "fortalecimiento de la sociedad civil" (léase financiamiento a ONG contrarias al Gobierno Bolivariano) entre otros fines.

También cabe destacar que el 6 de marzo de 2015, el entonces Secretario del Tesoro de la administración Obama- Biden, Jack Lew, dirigió una carta al Congreso estadounidense, donde solicitaba autorización al parlamento para aumentar el "techo de la deuda" en EEUU. Y tres días después, Obama promulga esta Orden Ejecutiva o Decreto como lo conocemos nosotros. Este decreto era para legitimar el intento de venir a saquear las riquezas que pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos.

Bueno es que a través de las siguientes líneas, y apoyados en una extraordinaria publicación del Observatorio Venezolano Antibloqueo, suministremos en este ejercicio y esfuerzo de conciencia colectiva, algunos números que a 8 años de la implementación de la Orden Ejecutiva o Decreto 13.692 Obama-Biden, ha dejado como saldo a la República Bolivariana de Venezuela. De mostrar, aunque no sea nada grato, las heridas infligidas a la República Bolivariana de Venezuela, producto de esta política criminal.

Una primera estadística que debo mencionar es que, incluyendo la renovación que realizo el hoy presidente Biden el pasado jueves 2 de marzo de esta Orden Ejecutiva, son 929 Medidas Coercitivas Unilaterales que afectan a la República Bolivariana de Venezuela. La última, que constituye una renovación del infame decreto, no debería ser considerada como nuevas "sanciones" contra el país, pero si prolonga los devastadores efectos de las mismas en el tiempo.

De igual manera, 40 aviones de la línea aérea Conviasa y 18 más tienen prohibido volar a distintos destinos a nivel mundial producto de estas Medidas Coercitivas Unilaterales, de las cuales 57 son públicas y 1 sola es privada . Uno de esos aviones, de la empresa EMTRASUR, está secuestrado en Argentina por una decisión ni siquiera de un tribunal de ese país sino de un tribunal de Miami.

Treinta y un toneladas (31) de oro pertenecientes a todas las venezolanas y a todos los venezolanos están secuestradas en el Banco de Inglaterra, debido a que ese país desconoce al Gobierno que encabeza Nicolás Maduro y a la autoridad del Banco Central de Venezuela, que fue el organismo que depositó en sus bóvedas ese oro perteneciente a todos nosotros para que fuese "protegido".

La empresa venezolana CITGO fue entregada por Estados Unidos a una denominada "junta ad hoc de PDVSA" y sus fondos son manejadas por usurpadores que se autoproclaman "gobierno interino de Venezuela". CITGO pagaba a través de la fundación Simón Bolívar operaciones de alto costo para venezolanos en el extranjero y fundamentalmente niños y niñas. De 2015 a 2022, de acuerdo a lo que se conoce, han fallecido un poco más de 40 infantes producto de las políticas de bloqueo, persecución y asedio criminal en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

El mes que más se aplicaron Medidas Coercitivas Unilaterales contra Venezuela fue en abril de 2019 con 88, mes en el que por cierto Juan Guaidó trató de dar un Golpe de Estado con algunos militares y policías traidores a su juramento. En ese período Venezuela recibió una "sanción" cada tres días. Indudablemente una de las etapas más duras de estas Medidas Coercitivas Unilaterales fue el comprendido entre los años 2017-2022, en la que prevaleció la política del ex presidente Trump denominada "máxima presión".

El 82.3% de las Medidas Coercitivas Unilaterales corresponde a "sanciones" directas de EEUU, la Unión Europea, Canadá, Suiza y el Reino Unido (763) contra personas, entidades públicas y privadas y activos de la República; eso sin contar cuentas bancarias cerradas o congeladas, transacciones financieras paralizadas y medidas políticas y diplomáticas dirigidas a debilitar el Estado venezolano. El 17.7% es decir, 164 son medidas restrictivas o punitivas.

En agosto de 2020 se generó un bloqueo operativo y financiero a la empresa Monómeros, propiedad de PDVSA situada en Colombia y que fue confiscada por el gobierno de Iván Duque en ese año.

El 51,5% de las medidas restrictivas o punitivas afectan al sector público venezolano; El 17,6% al sector privado; 11,1% al sector petrolero; 8,5% al sector transporte; 6,1% a las finanzas públicas2,2% al sector salud, 1,6% a otros sectores y 1,4% al sector alimentación. Este tipo de medidas son todas aquellas acciones u omisiones, conexa o no con una medida coercitiva unilateral, por parte de cualquier organización internacional u ente público o privado, sea este del Estado que dicta la medida o de otro Estado que la ejecuta, extiende sus efectos o se aprovecha de ella, para incumplir por acción u omisión las leyes, obligaciones y otros actos que le correspondan.

Estados Unidos de esas 763 Medidas Coercitivas Unilaterales directas, ha aplicado 438 al país (57,4%), seguido por Canadá con 108 (14,2); Panamá con 70 (9,2%); Suiza con 56 (7,3%); la Unión Europea con 55 (7,2%) y Reino Unido con 36 (4,7%).

De esas MCU, 467 directas, el 61,2% están dirigidas contra personas en diferentes roles institucionales y sociales como funcionarios públicos, empresarios, dirigentes políticos y sus familiares. El 22,1% de MCU dirigidas a empresas, es decir 169 dirigidas a organismos públicos y empresas privadas. El 9%, es decir, 69 buques (39 nacionales y 30 extranjeros) han sido objeto de este tipo de medidas, y 58 aeronaves, es decir, el 7,6%, en su mayoría pertenecientes al Estado venezolano han sido objeto de este tipo de medidas coercitivas unilaterales.

Dentro de esta estrategia extorsiva aplicada al país, es decir de las otras 164 medidas restrictivas o punitivas aplicadas para lograr un cambio de régimen en Venezuela, tenemos que 81 medidas (49%) han sido adoptadas por gobiernos o entes gubernamentales extranjeros; 54 (33%) por el sistema financiero internacional; 21 medidas (13%) por tribunales e instancias judiciales internacionales; 4 por otros Estados y 4 por entes privados.

También cabe destacar que en el marco de estas políticas criminales contra el país, se dio el asalto y acoso de sedes diplomáticas de Venezuela en el año 2019 en Estados Unidos, Colombia, Brasil, Honduras, Paraguay, Costa Rica, entre otras naciones, a raíz del reconocimiento que dieron sus gobiernos al denominado "gobierno interino" de Juan Guaidó.

Desde hace 8 años, la OFAC ha "sancionado" a 143 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y 14 del extranjero. Estos últimos se encuentran empresarios de varias compañías internacionales, representantes de empresas petroleras y comerciales y capitanes de buques que realizaron operaciones comerciales con Venezuela.

La política de sanciones de EEUU implementada contra Venezuela ha afectado a 154 entidades de Venezuela o relacionadas con Venezuela. Se concentran en el sector petrolero, energético, comercial, sectores de transporte y tecnología. De esas, 143 son empresas privadas, lo que equivale al 92% del total y 109 extranjeras, lo que equivale el 70% del total.

Esta política de sanciones la ha aplicado Estados Unidos a 33 países en todo el mundo. Y esto representa el 28% de la población mundial que vive en países "sancionados" por EEUU. En el ranking se ubica en el primer lugar Rusia con 585, Siria con 465, Irán con 414, Ucrania con 222, Venezuela con 157 e Irak con 150, esto de acuerdo a cifras de la OFAC hasta septiembre de 2022.

En menos de 8 años, la República Bolivariana de Venezuela se ha convertido en el sexto país con más organismos públicos y empresas privadas objeto de medidas coercitivas unilaterales por parte de EEUU solamente superado por Irán (988), Rusia (339), Ucrania (180), Siria (177), República Democrática Popular de Corea (171) y Venezuela con 154. Entre las entidades más emblemáticas objeto de estas medidas tenemos al Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Bandes, Conviasa, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Corporación Venezolana de Minería, entre otras.

Venezuela ocupa el cuarto lugar como país con más buques "sancionados" solamente superado por Irán (205), República Democrática Popular de Corea (106); Rusia (88) y Venezuela (69). Y segundo a nivel mundial con aeronaves penalizadas, solamente superado por Irán con 157 y Venezuela con 58.

Y eso sin hablar del secuestro que sufrimos el 6 de junio de 2022 con la aeronave de EMTRASUR, un avión de carga perteneciente a Conviasa, que intempestivamente ha sido retenido en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina. Esta aeronave prestaba servicio de transporte a empresas privadas de México y Argentina. Sus 19 tripulantes fueron detenidos durante meses, bajo acusaciones nunca demostradas en el proceso judicial. Las investigaciones de los tribunales y fiscalía argentina no han arrojado ningún resultado de irregularidad, y aun así este proceso judicial continúa. Pese a que los tripulantes fueron liberados después de meses arduos de gestiones diplomáticas, la aeronave aun no ha sido devuelta a Venezuela.

Esto pues arroja como resultado que 169 organismos públicos y empresas públicas y privadas están bloqueadas por EEUU.

Pasamos de tener un ingreso petrolero y en divisas que en 2013 se ubicaba en 56.609 millones de dólares a 1.768 millones de dólares en 2021. Creo que con esto se entiende el por qué el Gobierno no ha podido aumentar los salarios en el sector público venezolano.

Venezuela ha perdido en promedio 44 mil millones de dólares durante los primeros 7 años de este infame decreto.

Solo en activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país, a Venezuela pudiera haberle sido infligido un daño patrimonial sin precedentes, cuya cifra total puede ubicarse por encima de 30 mil millones de USD.

Un poco más de 7.000 millones de dólares líquidos lo tenemos congelados en el sistema financiero internacional.

Cerca de 5.000 millones de dólares pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela los tiene retenidos el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco de Inglaterra con las 31 toneladas de oro que nos tienen retenidas, posee cerca de 2.000 millones de dólares pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela.

El monto que ha dejado de percibir el país por la confiscación de CITGO por parte de EEUU asciende a un poco más de 10.000 millones de dólares.

Investigaciones económicas estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, a las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra Pdvsa. No obstante, llevará tiempo estimar los daños totales causados a nuestra industria petrolera, al país y a nuestro pueblo por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.

Cerca de 3.700 millones de barriles de petróleo se han dejado de producir durante estos 8 años del infame decreto de Obama-Biden, lo cual equivaldría a 214.000 millones de dólares en pérdidas para el Estado venezolano.

PDVSA hoy en día tiene bloqueada su deuda; tiene prohibido repartir sus dividendos producto de la confiscación de CITGO y Monómeros; prohibición con empresas petroleras internacionales; sancionados a directivos y empresas petroleras y a socios aliados como Rosneft de Rusia Trading, TNK Trading International y otras; Imposición de costos financieros, comerciales y logísticos; Demandas judiciales; Asalto a buques con carga propiedad de Venezuela; Paralización de pagos ; Congelación de recursos en bancos; Cierre de cuentas; Usurpación de funciones; Sabotajes a la infraestructura petrolera de Venezuela.

En enero de 2019 fue el mes de mayor inflación en la historia republicana de nuestro país. Hasta 196,6 % aumentaron los precios en esos treinta días, justo el mes cuando, desde una plaza, un dirigente político opositor se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela.

El crecimiento de los precios hasta la llamada hiperinflación ha sido consecuencia de la guerra invisible contra la economía. Las sanciones buscaron destruir los medios materiales de vida: impedir el acceso de la población a los alimentos y bienes básicos, y así generar un caos económico que produjera un estallido político.

Desde el acaparamiento y la escasez inducida, hasta los precios por las nubes, el pueblo venezolano sufrió en los más duros años del bloqueo, como lo ha dicho la ONU, un ataque sistemático contra sus derechos humanos. Negarle los alimentos, las medicinas y los bienes esenciales a un pueblo es negar el derecho a la vida. Y esto se lo debemos, en buena medida, al Decreto Obama- Biden.

En el año 2016 6, cayó la cobertura de vacunación de varias enfermedades debido a la paralización de transferencias financieras dirigidas a la adquisición de medicamentos y vacunas. Cabe destacar que Venezuela fue uno de los países que más avanzó en derechos sociales y cumplimiento de las Metas del Milenio en la primera década del siglo XXI. Muchos de esos avances sociales fueron afectados por las políticas extorsivas de Estados Unidos y otros gobiernos.

La afectación social es uno de los fenómenos más complejos, a la vez, de los más palpables puesto que sus efectos se evidencian en daños a la salud, incremento de enfermedades y muertes. El deterioro de indicadores claves como nutrición y salud son evidencia de que el pueblo venezolano sufrió en carne propia lo que dos economistas estadounidenses (Sachs y Weisbrot) llamaron un "castigo colectivo".

Negarle al pueblo venezolano el acceso a los alimentos fue una estrategia central del bloqueo bajo la presidencia de Donald Trump. La sanción al programa CLAP, la paralización en bancos internacionales de pagos dirigidos a la importación de semillas, alimentos e insumos para la producción agrícola, junto a la persecusión judicial a las empresas del sector alimentario, fue constante en estos años.

¿El objetivo? Golpear al pueblo venezolano en el bolsillo y en el estómago. Producir malestar social y —si todo salía bien— generar una hambruna, una crisis política y una salida política violenta. El fracaso de este plan debido a la resistencia del pueblo venezolano y a las políticas para aumentar la producción de alimentos y garantizar el derecho a la alimentación a todas y todos, no hace sino revelar la gravedad de lo ocurrido.

Ejemplos del bloqueo alimentario: En enero de 2017, varias entidades financieras internacionales, se negaron a procesar un conjunto de operaciones de pago ordenadas por el Gobierno de Venezuela. Estas transacciones iban dirigidas a la ejecución del Plan Nacional de Semillas, por un monto de 297 millones de USD, Afectando de este modo la producción de alimentos del país.

En septiembre de 2017, el traslado a Venezuela de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), es bloqueado por el sistema financiero estadounidense.

En octubre de 2018 el Gobierno de Colombia bloqueó el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos destinados al programa CLAP.

En octubre de 2018, un buque que contenía 90 mil toneladas de torta de soya destinadas a Venezuela, por un monto de 15,9 millones de euros, fue paralizado debido al cierre de la cuenta de la empresa proveedora, por parte del banco suizo Hyposwiss Private Bank.

En junio de 2020, Estados Unidos sancionó a un grupo de empresarios de compañías mexicanas que transportaban petróleo venezolano, como parte de un programa de intercambio de petróleo por alimentos. Luego de esta acción, las empresas se declararon en quiebra.

Necesariamente debo hacer mención en esta edición de esta columna al caso de Alex Saab. En julio de 2019 el Gobierno de EE.UU., sancionó al empresario venezolano Alex Saab, y sus empresas, por trabajar con el Gobierno de Venezuela en el programa de alimentación CLAP y en otros sectores estratégicos. Posteriormente, en junio de 2020, Saab, actuando como enviado diplomático de Venezuela, fue detenido ilegalmente en Cabo Verde y sometido a torturas, violación de sus derechos humanos y a un proceso judicial amañado. En octubre de 2021 Saab fue extraído de Cabo Verde y trasladado arbitrariamente a Estados Unidos, donde continúa sometido a un juicio ilegal.

Pero este tema de sanciones y de nuestro choque con EEUU no es nuevo. Y para ir cerrando este escrito, debo referirme a algunos acontecimientos históricos, que seguramente luego detallaré en próximas ediciones de esta columna, e incluso "sanciones" que nos aplicaron incluso en plena guerra de nuestra independencia.

Y no es fortuito que lo haga, justamente cuando en este año se conmemoran los 200 años de la Doctrina Monroe, cuyo ideólogo fundamental de la misma fue su Secretario de Estado, el señor John Quincy Adams.

En 1810, cuando sale la primera misión diplomática nuestra hacia Estados Unidos, pues este país no reconoció nuestra independencia. Gracias al profesor José Gregorio Linares, Doctor en historia, reproduzco lo escrito por Juan de Escalona, oficial del Gobierno de Venezuela, le reclama a Robert Smith, Secretario de Estado de los Estados Unidos: "Once meses han transcurrido en cuyo período aunque ha procurado este Gobierno dar pruebas muy positivas de la sinceridad de sus designios con respecto a los Estados Unidos, no ha logrado la satisfacción de ver correspondidos de modo alguno sus anticipados pasos hacia la unión y alianza que apetecía" (18 de marzo de 1811).

Luego, después del terremoto del 26 de marzo de 1812, Estados Unidos envió trigo a Venezuela, supuestamente una "ayuda humanitaria". Y he aquí este texto importante que me permito reproducir enseguida:

"Será su obligación familiarizarse con el estado de la opinión pública en las Provincias de Venezuela y en todas las Provincias adyacentes, pertenecientes a España; con su competencia para tener un Gobierno autónomo; con el estado de la situación política; con las relaciones de las Provincias entre sí; con el espíritu que prevalece generalmente entre ellas en cuanto se refiere a la independencia; con su disposición para con los Estados Unidos; y qué especie de Gobierno interno es posible que prevalezca". (Carta de Monroe a Scott del 14 de mayo de 1812)

Y este otro: "Los venezolanos son tímidos, indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de empresa o de esfuerzo. Temo que no hayan llegado a ese punto de dignidad humana que faculta al hombre para el goce de un gobierno libre y racional. Faltan ciertos principios de honor, de virtud y de moralidad. No existe ese espíritu que anima a un pueblo insultado a romper sus cadenas y a vengarse de sus opresores. Más bien parecen preparados para la esclavitud que para la libertad". (Alexander Scott a James Monroe, 16 de noviembre de 1812).

Cabe destacar que en el año 1815 Estados Unidos dicta las primeras medidas contra los patriotas suramericanos. Ley de neutralidad el 8 de septiembre de 1815 y nueva "Ley de neutralidad" el 3 de marzo de 1817. Establecía que toda persona que transportara armas hacia un Estado de América del Sur en favor de los patriotas, sería castigada con 10 años de cárcel y 10.000 dólares de multa. En la actualidad, el que comercie con Venezuela con la Orden Ejecutiva 13.692 Obama- Biden se le aplica un millón de dólares de multa y puede pasar hasta 20 años en prisión. La política de sanciones al calco, solamente ajustada al tiempo en que vivimos.

En 1817 Bolívar instruye al General Gregorio Mc Gregor y a otros patriotas suramericanos a tomar Florida, y se forma la República de La Florida. Entre los objetivos planteados por el Libertador con esta toma y constitución de esta República tenemos:

Cortar el contrabando entre Estados Unidos y España.

• Montar una plataforma desde donde promover la independencia.

Procedimiento avalado por Venezuela, Nueva Granada, México y Río de la Plata, a través de sus representantes en Estados Unidos.

Monroe, al ver esto, lanzó la siguiente expresión: "Los fundadores de la nueva República son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales piratas y esclavos fugados, que no habían establecido un nuevo gobierno, sino un centro de piratería que propicia el contrabando y la rebelión de los indios Seminolas contra los Estados Unidos".

El genocida de Semínolas, Andrew Jackson, "cuchillo afilado" tomó toda la isla expulsando a la fuerza expedicionaria patriota el 22 de Diciembre 1817.

Luego vino el incidente de Bolívar con el enviado de EEUU, Juan Bautista Irvine. No voy a explayarme tanto en el intercambio epistolar entre Bolívar e Irvine, pero sí en algunas de las peticiones de Irvine a Bolívar, al decomisar las embarcaciones "Tigris" y "Liberty" por transportar armas y suministros a España, y esto ocurrió en las desembocaduras del Orinoco.

La Ley de neutralidad" aprobada por el congreso de EEUU el 3 de marzo de 1817 establecía que toda persona que transportara armas hacia un Estado de América del Sur en favor de los patriotas, sería castigada con 10 años de cárcel y 10.000 dólares de multa.

El diplomático de EEUU exige: 1)Que los patriotas reconocieran que los contrabandistas eran ciudadanos neutrales, imparciales y pacíficos,

2)Que debían ser indemnizados para resarcirlos de las perdidas,

3)Que las naves confiscadas debían serles devueltas a sus propietarios.

4)Que el bloqueo del Orinoco no era materialmente posible porque los patriotas no disponían de suficientes fuerzas para hacerlo efectivo; y por tanto,

5)Que las penas impuestas por las autoridades navales venezolanas contra los estadounidenses eran ilegales.

"Un neutral puede vender toda clase de mercancías a beligerantes en su propio territorio, o conducirla al de partes en guerra, siempre que lo haga de manera imparcial". (17 de agosto de 1818).

Algunas opiniones de Irvine sobre los venezolanos:

Crítica a la tripulación de venezolanos que abordó las goletas norteamericanas con "avidez al abrir los barriles de provisiones" e hiciera inmediato uso de los víveres. Deplora que "gente con ansias de comer" se dedicara a abordar naves que transportaban alimentos y ejecutara un "rapaz apresamiento". 6 de setiembre de 1818.

Reclama que los patriotas que tomaron los buques se apropiaron de: "3 barriles de pan, 2 y 1/2 ídem de carne de res y un cuñete de mantequilla". 01 de octubre de 1818.

"Procedimientos «monstruosos», que yo no habría imaginado jamás pudieran ser contemplados, y mucho menos defendidos, por este Gobierno"

"Un cambio de gobierno restauraría la ley en este país". 01 de octubre de 1818.

"El régimen del Dictador Bolívar ha producido desórdenes que necesitarán mucho tiempo para reparar". 06 de octubre de 1818.

"Había muchos que preferirían que Venezuela permaneciera bajo el yugo de España durante los años venideros que verla liberada de la forma y bajo los ideales del General Bolívar. Notas sobre sobre Venezuela (25 de septiembre de 1819).

Pero ahora, para ir cerrando ya este extenso, pero necesario escrito, me referiré sobre el primer intento de invasión de EEUU a Venezuela, y que esto ha sido prácticamente invisibilizado por nuestra historiografía oficial.

Hazard Perry y sus oficiales navegaron en dos barcos de guerra: la Corbeta « John Adams » y la goleta « Nonsuch ».

El primero con 544 toneladas y 28 cañones era demasiado grande para navegar por el río y tuvo que atracar en Puerto España, en espera de las órdenes de Perry. El segundo, con 14 cañones, sí pudo navegar el Orinoco; al arribar a Angostura, para intimidar saludó disparando 21 cañonazos.

Observaron que allí: "la gente luce pobre, miserable e ignorante en extremo". Cuando pasaron al lado de las fortalezas de Guayana vieron "unos soldados, que aun cuando están bien armados, aparecen casi desnudos; pero es tanta la falta de disciplina de estos hombres y tal su ignorancia en el manejo de las armas, que estoy seguro que bastarían doscientos buenos soldados para tomar ambos fuertes".

No obstante el comodoro Oliver H. Perry nunca regresaría con sus noticias a Washington pues el 23 de agosto de 1819 falleció de malaria a bordo del USS Adams mientras navegaba en el golfo de Paria rumbo a Trinidad.

Por eso es que dicen que el que se mete con Venezuela, se seca.

Y por esto y muchas razones, es que a ocho años de este infame decreto, se lo pedimos a Obama, pero ahora se lo exigimos a Biden: Deroga el Decreto YA.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!