El presidente Chávez prometió examinar los negocios regentados por españoles en Venezuela. Ojalá la advertencia no corra la misma suerte que otras amenazas de Chávez, quien suele desarrecharse a la misma velocidad con que se sulfura. Dicha costumbre no es tan mala cuando pelea con viejos amigos, pero resulta fatal cuando se trata de enemigos solapados de esta república bolivariana.
Lejos de mí pretender que el Presidente incaute o expropie a ningún empresario español empeñado en prosperar en nuestros predios y hacer prosperar con él a sus aliados criollos.
Lo que pasa es que ciertos inversionistas españoles han tenido una mala leche que ni que cargaran una maldición gitana a cuestas. Hace algunos años, en pleno delirio privatizador de CAP, se posesionaron de la Venezolana Internacional de Aviación (Viasa), línea insignia de nuestra patria. Poco después le echaron mano a la empresa telefónica, Cantv, y seguidamente compraron el Banco de Venezuela. Parecía que preferían todo lo que incluyera el término Venezuela en la denominación y los entreguistas se ufanaban de venderles hasta el nombre, para que los desinformados creyeran que seguían siendo empresas criollas.
Demás está recordar lo que hicieron con Viasa, cuya quiebra dejó en la calle a un gentío.
En Cantv los desempleados fueron legiones y, para colmo, se quedaron sin prestaciones sociales. Al final la empresa telefónica fue a parar a manos gringas, pues los gerentes hispanos no son tan eficientes como se pintan. Lo que sí les resultó rentable fue el Banco de Venezuela, el cual, junto con el Provincial y el Canarias, por lo menos que yo sepa, pertenecen a empresarios españoles.
Por uno de esos fenómenos inexplicables, la revolución socialista bolivariana se ha empeñado en hacer más ricos que nunca a los banqueros que medran en esta patria. Éstos, como contraprestación, cada día tratan peor a sus clientes, ante la mirada complaciente de Sudeban, organismo que compite en zanganería e ineficiencia con Conatel.
No espero que Chávez nacionalice la banca, pero sí que, al menos, los obligue a prestar un servicio medianamente decente a sus víctimas o usuarios.
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