Ahora resulta que Venezuela es "narcolandia", Tal Cual dixit, y Colombia un modelo ideal de combate al narcotráfico.
Washington y Bogotá tienen razones de sobra para esforzarse en que esa matriz de opinión tome cuerpo, por todo lo que ello implica: además de servir para el combate, no al narcotráfico, sino a Hugo Chávez, ayuda también a desviar la atención sobre el negocio de las drogas en los países que presiden míster Bush y míster Uribe.
La élite colombiana y, por qué no decirlo, también muchos colombianos de a pie, andarán de lo más contentos porque luego de muchas décadas de cargar solitos con esa raya internacional, ahora somos sus hermanos venezolanos quienes supuestamente habremos de padecerla.
Que aquí dentro haya factores políticos y mediáticos enloquecidos por demostrar que es Venezuela, y no Colombia, la tierra de los narcos puede que cause repugnancia, pero no sorpresa. No es la primera vez que el "antichavismo psiquiátrico" (variante así llamada por Julio Borges en entrevista con quien suscribe en El Universal, año 2000) termina portándose con antivenezolanismo.
Lejos de dañar a Chávez, que así confirma que entre sus enemigos internos hay unos cuantos y muy poderosos ciudadanos de "apatrilandia" (*), la etiqueta usada para describir al país como un todo daña, precisamente, a la nación venezolana toda.
Puede criticarse lo que sea al gobierno, y de hecho se hace a diario como en ninguna otra parte del mundo, pero, por Dios, que una etiqueta como esa la pongan otros. Por ese camino, pronto veremos a cierta prensa "nacional" tratándonos de venecos, como despectivamente se nos llama del otro lado del Arauca vibrador.
Pablo Escobar gobierna Colombia
Una coalición integrada por la DEA, la policía colombiana y sus competidores del Cartel de Cali logró matarlo el 2 de diciembre de 1993, pero el fantasma de Pablo Escobar Gaviria, el capo del Cartel de Medellín, está gobernando Colombia a través de Álvaro Uribe Vélez.
Así se desprende de la lectura del libro Los confidentes de Pablo Escobar, del periodista colombiano Gonzalo Guillén.
"Nada detuvo ni ha detenido al narcotráfico en su avance arrollador sobre Colombia. Con Ernesto Samper (1994-1988), el Cartel de Cali consiguió la Presidencia de la República y sus archienemigos del Cartel de Medellín en 2002 le quitaron esa posición con Uribe Vélez", escribe.
Descártese cualquier acusación de simpatizante de las FARC contra el autor. El hombre trabaja para El Nuevo Herald, el diario del anticastrismo de Miami, ha sido jefe en El Tiempo y El País de Cali, y ganó dos veces el Premio Rey de España al lado de otro renombrado periodista colombiano, el ex presidente Andrés Pastrana.
Uribe no sólo está rodeado de familiares y antiguos socios de Pablo Escobar –dos primos de éste trabajan en el Palacio de Nariño, incluido José Obdulio Gaviria, el más cercano asesor del Presidente-, sino que en la práctica está aplicando el programa que en vida promovía el capo del Cartel de Medellín: no a la extradición de narcotraficantes hacia EEUU.
Ahora que se reclama a Venezuela porque un capo de nacionalidad venezolana (Hermágoras Gonzalo) no puede ser extraditado porque así lo impide nuestra Constitución (artículo 69), es pertinente descubrir en el libro de Guillén que el llamado "proceso de paz" que lleva adelante Uribe con los paramilitares que él mismo ha impulsado no es más que la concreción de la máxima aspiración de Pablo Escobar.
Según Guillén, lo que ha hecho Uribe es más o menos lo mismo que en su momento funcionó en Colombia bajo la figura del "sometimiento a la justicia" por parte de los capos de la droga.
Esta fue una "estratagema jurídica ideada entre el gobierno y la mafia para que Escobar, sus socios y secuaces, se alojaran en cárceles improvisadas a su antojo a cambio de que pasaran allí unos pocos años y pudieran volver a sus andadas, libres de cualquier reclamación judicial, a gozar de sus fortunas malhabidas".
"Este es el mismo esquema que el gobierno de Álvaro Uribe sigue, bajo la careta de un "proceso de paz", con los narcotraficantes que se presentan como líderes paramilitares alojados en una cárcel llena de lujos y de comodidades, a pesar de que no existen órdenes legales contra ellos, puesto que todos los pedidos de arresto previamente fuero congelados por el gobierno", señala.
Al final del día, los narcotraficantes de Uribe pagarán menos de un año por cada mil de sus asesinados y, como dicen el autor, regresarán a la calle libres de polvo y paja y, sobre todo, sin el riesgo de ser extraditados a EEUU.
Ese destino, en realidad, está reservado sólo a los comandantes de las FARC, lo cual demuestra, una vez más, que la política es lo que domina la llamada "política antidrogas".
(*) Apátrida: que no tiene patria.
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