Los procesos de cambio y transformación impulsados por los gobiernos más progresistas de Latinoamérica y El Caribe han sido amenazados una vez más con el golpe de estado perpetrado al presidente Zelaya por las elites hondureñas y las cúpulas de las fuerzas armadas.
Este quiebre constitucional con apariencia de legalidad no puede analizarse de forma aislada sino en el marco de los movimientos golpistas llevados a cabo con similares características en Venezuela en el 2002, o con las desestabilizaciones más recientes de Bolivia y Argentina.
El repetido guión de conspirar contra el gobierno de un presidente democráticamente electo y reemplazarlo por otro, subordinado a intereses transnacionales, no es nuevo en la historia reciente de nuestra América.
El nombramiento por parte del Parlamento hondureño con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia del empresario y dueño de medios de comunicación Roberto Micheletti, argumentando la vacante dejada por Manuel Zelaya, es una burla a todas las democracias y pueblos del Mundo.
Los sectores más concentrados de la economía global y sus socios locales no les perdonan a los mandatarios de estos países que nuevos espacios de cooperación y complementación con desarrollo económico y social avancen en la Región, afectando sus poderosos intereses.
El brutal y desfasado golpe al gobierno del Presidente Manuel Zelaya es un intento más de frenar la construcción del ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR, o el Grupo RIO y cualquier intento colectivo de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que surjan como respuesta al perverso sistema neoliberal que en las últimas décadas solo ha generado miseria y exclusión para millones de compatriotas latinoamericanos.
Una respuesta contundente de los gobiernos y pueblos de Centro y Sudamérica deberá ser planteada para detener cualquier otra intentona golpista que se presente en la construcción de nuevos procesos democráticos de unión e integración regional.
Los países miembros y aliados de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) han decidido ya retirar a sus embajadores y dejar las representaciones diplomáticas mínimas en Honduras como muestra de desconocimiento de las autoridades inconstitucionales que actualmente se encuentran en el poder.
De igual manera advirtieron que no reconocerán ni acreditarán a ningún funcionario designado como representante de Honduras que no provenga del equipo de Gobierno del Presidente Manuel Zelaya a quien reconocen como legítimo y único Presidente.
Entre tanto, ONU, la OEA, la Unión Europea y los demás pueblos libres del continente manifestaron su completa solidaridad con el depuesto mandatario, exigiendo su pronta restitución al poder, pues en caso contrario estaríamos frente a un brutal desacato a los principios fundamentales que consagra la Carta Democrática del sistema interamericano.
Solamente con la participación y protagonismo de los pueblos, y la unión de los gobiernos comprometidos con la profundización de los procesos democráticos podrá detenerse la nueva arremetida de sectores de la derecha que permanecen activas en los países de nuestra Patria Grande.
* Representante Especial para la Integración y la Participación Social (Cancillería Argentina).
