Golfo de Morrosquillo

Colombia ha sido el Israel de América Latina desde hace un siglo. Cuando pierde Panamá el imperio le asigna este papel: el punto de apoyo para incursiones en todo el continente y apoyo político y moral a todas sus acciones. Es Colombia la que pide la expulsión de Cuba de la OEA, y se presta a toda clase de acciones terroristas contra la isla. Es Colombia la que apoya las acciones de Inglaterra y Estados Unidos contra Argentina en la guerra de las Malvinas. Colombia fue también base de monitereo para el imperio en la guerra entre Perú y Ecuador y en todas las rebeliones populares que se han dado en la región. En 1963, Colombia ofreció convertirse en base norteamericana para una eventual invasión a Venezuela. El gobierno de Rómulo Betancourt se iba a pique y Estados Unidos pidió una intervención en nuestro país.

Pero ese plan de invasión de 1963 desde el Golfo de Morrosquillo, todavía existe. Con fecha de 6 de octubre de 1963, aparece, desplegado a tres columnas, un despacho de Bernard L. Collier, corresponsal de The New Herald Tribune que dice: “A Venezuela podrían ir los marines de Estados Unidos”. La nota añade que el gobierno de EE UU, a petición del presidente Rómulo Betancourt enviaría marines. Es decir, “cooperar si el gobierno lo solicita.” Ese mismo día, un cable de la United Press, desde Tokio, señalaba que el comandante de la Infantería de Marina de los EE UU, David Shoup, dijo que si llegaban a ser llamados “para luchar en unidades regulares de combate, probablemente sea en América Latina”. El 15 de octubre, el coronel Churchville, del Comando Sur (en Panamá), informa sobre la “Operación América” que se realizará entre el 27 y 30 de noviembre, y que sería uno de los ejercicios militares de mayor envergadura que se haría hasta entonces. Participarían unos 8 mil soldados por tierra, aire y mar, en la bahía de Tolú, Golfo de Morrosquillo, en la costa Caribe, Colombia (a unos 250 kilómetros en línea recta de la frontera venezolana). Participarían los países llamados bolivarianos. La maniobra consistiría básicamente en una simulación de solicitud a la OEA de ayuda a un país en apuros (para defender, como siempre, su “democracia” de un posible movimiento subversivo). Que todas estas maniobras se venían preparando desde el mes de agosto, y la responsabilidad de que Venezuela participara recaía directamente en Betancourt, quien ordenó estuvieran en ellas los destructores “Zulia” y “Nueva Esparta”, los mismos que habían estado en el bloqueo a Cuba en 1962.

De manera clara y concisa, EE UU expresó a través de unos de sus altos oficiales que la Operación América “es parte del programa de ayuda militar a la América Latina por parte de los EE UU en virtud del cual los gobiernos latinoamericanos reciben asistencia técnica para sus tropas[1]”.

Llamó la atención todo el inmenso dispositivo que se estaba armando para defender la democracia venezolana, cuando nada se había hecho en los casos de Juan Bosch en Santo Domingo ni de Villeda Morales en Honduras (tan “legítimamente elegidos y tan democráticos” como el de Rómulo Betancourt). Lo que pasaba era, observa Sáez Mérida, que ningún gobierno militar lo iba a hacer mejor para los intereses norteamericanos (como hoy lo hace Uribe) que el de Betancourt, con todas las argucias de carácter legítimamente electorales: un estilo de democracia comprometida incondicionalmente al andamiaje estratégico en aquel momento de EE UU contra Cuba (hoy contra Venezuela).

El plan de la invasión se encontraba arreglado para octubre, incluso con participación de la OEA para legitimarlo. Casi nadie lo sabía en Venezuela (ni parlamentarios ni ministros), y el hombre que llevaba todo el movimiento para ejecutarlo en el momento debido era Rómulo Betancourt.

El 18 de octubre, los periodistas del Miami Herald, Robert Allen y Paul Scout, envían una nota para una red de periódicos en la que señalan que un golpe militar en Venezuela, rica en petróleo y amenazada por los comunistas, sería inmediatamente contrarrestado por la intervención armada de los Estados Unidos. Agrega que el presidente John F. Kennedy lo ha decidido y que Betancourt está informado y que los congresistas Wayne Morse y Jacobs Javits autorizan al presidente para que intervenga. Igualmente que Hubert Humphrey y Muñoz Marín abogan por acciones de fuerza[2].

El 19 de octubre, el Miami Herald ampliaba las informaciones de Collier, y específicamente: “un golpe militar en Venezuela sería inmediatamente contrarrestado por una intervención armada de los Estados Unidos”. Se añadía que este plan estaba aprobado por los Departamentos de Estado y Defensa, y por líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Que Betancourt ya “estaba informado y listo para solicitar la intervención en el caso de la emergencia golpista. Wayne Morse, demócrata de Oregon y Jacob Javits, republicano de Nueva York están de acuerdo sobre el particular, se ha informado sobre las medidas a tomar sobre el gobierno militar que pudiese emerger en Venezuela y que dicha situación abre camino para la intervención armada de los Estados Unidos… tanto el demócrata Hubert Humprey como el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, preconizan enérgicamente este camino”. Concluye con una severa sentencia de Kennedy: “cualquier cosa que se deba hacer por el gobierno de Betancourt, estoy dispuesto a hacerla. Me siento muy alentado por Muñoz Marín quien es partidario de la intervención[3]”.

En The Nation, de Nueva York, el 18 de octubre de 1963, aparece un trabajo de Norman Gall[4], quien plantea que:

EE UU debe establecer bases jurídicas para las intervenciones que ha realizado y debe continuar realizando en América Latina. EE UU debe intervenir unilateralmente si fuera necesario para poner freno al militarismo y defender su propio interés con legitimidad política. O intervenir a través de la creación de una fuerza internacional de naciones democráticas… EE UU debe usar su poderío para proteger el gobierno constitucional en estas naciones[5].

Betancourt que siempre había trabajado en la sombra trató de desmentir aquellos movimientos. El 26 de octubre declaró a El Nacional, tratando de exculpar a EE UU que él era contrario a la intervención unilateral, pues siempre había considerado la acción multilateral, a través de la OEA, en estas cuestiones. Pero las informaciones seguían emanando. El 2 de noviembre, The Daily News vuelve a mencionar las maniobras en el golfo de Morrosquillo “para impedir el derrocamiento de Betancourt, ejecutando una verdadera operación de rescate”. The Denver Post trae el 6 de noviembre: “Infantes de marina en estado de alerta para ser enviados a Venezuela”.

A las maniobras, pues, en el golfo de Morrosquillo y bajo el Comando Sur, se le llamó “Operación América”. Consistían en maniobras militares conjuntas en un área aproximada de cien kilómetros cuadrados, comprendida en los poblados de Tolú, Tolú viejo, Palmito y Coveñas, en el arco del golfo de Morrosquillo (punto estratégico por encontrarse allí el terminal de un largo oleoducto, cerca de la frontera con Venezuela, que pasa por los Andes y los ríos Magdalena y Cauca, recorriendo 200 kilómetros hacia el Oeste). Las fechas que se pusieron para ser ejecutadas fueron los días 27 y 28 de noviembre de 1963, aunque podían ser prolongadas. En efecto, fueron prolongadas hasta después de las elecciones presidenciales en Venezuela.

El 19 de noviembre, una nota de United Press (UP) emanada desde Bogotá, informa que las “maniobras se desarrollarán en el puerto de Tolú, sobre el Atlántico, a unos 250 kilómetros en línea recta de la frontera venezolana, el 27 y 28 del corriente mes con participación de fuerzas de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y los Estados Unidos.” En este mismo despacho de United Press (UP) aparece que el mayor general “César Cabrera Lozano, de Colombia, jefe del Estado Mayor Conjunto, que dirigirá las operaciones (…) afirma que el ejercicio tiene por fin defender a Venezuela en caso de que se intentare llevar a cabo un golpe de estado en esa nación”. Refiere Sáez Mérida que esta Operación “Unitas” tenía antecedente en el bloqueo de Cuba, en octubre de 1962, en el cual participaron naves argentinas, venezolanas y dominicanas, y que fue denominada “Task Force 137”. Todo esto ponía a las claras que entonces el verdadero Ministerio de la Defensa de América Latina era el Comando Sur, con sede en Panamá.

Hay tres personajes que para esa época trabajan muy coordinadamente con las actividades que desarrolla la CIA en Venezuela, y son el general Antonio Briceño Linares (Ministro de la Defensa), Marcos Falcón Briceño (ministro de Relaciones Exteriores) y Enrique Tejera París (representante de Venezuela en la OEA).

Nos explica Sáez Mérida que las Operaciones “Unitas” nacieron al calor de los incendios políticos de la década de los sesenta, sobre todo los que tenían que ver con el bloqueo a Cuba. Que constituyen un mecanismo de subordinación militar de América Latina al Pentágono. Estas operaciones implican a las fuerzas navales, y por lo general ni siquiera la alta oficialidad de los países que participan está en conocimiento de lo que se persigue. Acaso sólo lo saben el presidente de la república y su ministro de la defensa. Arthur Schlesinger llegó a llamar estas acciones de tipo incestuosas, pues están al margen de gobiernos y pueblos y es un asunto exclusivo de militares yanquis y latinos.

De estas Operaciones emergían las posteriores acciones intervencionistas en el continente, como la que se daría en Santo Domingo en 1965 (con 42 mil marines), comandada por el Contralmirante Frederick Halfinger, y que el ministro de Defensa de Betancourt, general Antonio Briceño Linares llegara a calificar como una fórmula para restaurar la democracia. Lo peor fue, que por este tipo de acciones criminales a un país totalmente indefenso, Frederick Halfinger fue condecorado por el Pentágono y elevado a comandar la Flota del Sur y las Operaciones Unitas VIII.

A final de cuentas, con estas Operaciones, además se buscaba que nuestros pobres paisitos mejoraran su nivel de adquisiciones de guerra naval; renovar, pues, su parque armamentístico, consolidando así EE UU su mercado, vendiéndonos submarinos viejos, chatarra en forma de lanchas cazatorpederas, destructores anacrónicos, fragatas misilísticas (como las del affaire que se destapó durante el primer mandato de CAP, y que se hicieron para enriquecer a la mafia de los Di Mase) y radares. En definitiva, estas operaciones resultaban una vitrina para que los llamados “indios” latinos adquiriesen baratijas para matarnos entre sí. Y con este tipo de operaciones fue como se armó también el derrocamiento de Salvador Allende.

John F. Kennedy se encontraba realmente preocupado por un posible golpe de Estado en Venezuela y había aprobado todo un plan para evitarlo. Llegó a decir que estaba dispuesto a exigir la intervención porque el gobierno de Betancourt “merece un mejor destino y cualquier cosa que deba hacer estoy dispuesto a hacerla. En ese sentido he sido vigorosamente alentado por el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, quien está enérgicamente a favor de una intervención armada de los Estados Unidos.[6]” Todo esto parecía muy raro si se tomaba en cuenta que la ardiente línea anti-comunista de Betancourt había dejado sin banderas a las fuerzas reaccionarias. Todo esto no disfrazaba sino un plan de ataque frontal a Cuba en combinación con la CIA y con el gobierno colombiano, y a cualquier otro país en el continente, que intentase seguir el camino escogido por Fidel Castro.